Esos fondos permanecen inmovilizados desde hace 3 años y no han sido sometidos a ningún tratamiento financiero que permita la generación de interés en orden a resguardar o mantener su valor frente al proceso inflacionario, entre otras consecuencias negativas, a lo que se suma que la falta de reclamo por parte de los justiciables genera la inmovilización de la cuenta y la imposibilidad de proceder al archivo de la causa.
El objetivo final es que los recursos puedan ser utilizados y destinados a cubrir inversiones en infraestructura y tecnología. Entre las nuevas obras están las destinadas a los Juzgados de Paz de Bovril, de Viale, de Santa Elena; y los edificios proyectados en Federación, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.
El anteproyecto de ley fue entregado por el presidente del STJ, Dr. Emilio Castrillón a la Ministra de Gobierno y Justicia Dra. Rosario Romero. Lo que quieren es lograr la disponibilidad de los fondos inmovilizados y poder destinarlos a obras de infraestructura y otros bienes; preservando al menos a partir del tercer año su valor en inversiones. Por un lado, se contempla asegurar la respuesta financiera a cualquier solicitud de fondos pertenecientes a tales cuentas y, por otro, el archivo de los expedientes cuya existencia sólo provoca problemas de funcionamiento edilicio en cuanto a espacio y peso, y de desarrollo funcional propias del organismo.
En uno de sus artículos, el anteproyecto presentado a Romero contempla la autorización al STJ a disponer de los fondos existentes en cuentas judiciales de los expedientes concluidos o paralizados, con excepción de los correspondientes a menores e incapaces, y que estando en condiciones de ser requeridos por quien tiene el derecho a los mismos no fueron solicitados para su percepción por el plazo de tres años los que pasarán a una Cuenta Especial a la orden del Superior Tribunal de Justicia.
Por otra parte, se establece que los fondos de la Cuenta Especial serán destinados a financiar la ejecución del plan de obras públicas, la adquisición de bienes de uso y la aplicación de nuevas tecnologías u otros destinos que la Justicia determine.
También se contempla que el STJ deberá mantener inmovilizado un 20% de los fondos del artículo 3º para dar cumplimiento a los beneficiarios cuando sean requeridos. En caso de que ese porcentaje resultare ocasionalmente insuficiente se lo autoriza a realizar los refuerzos o readecuaciones presupuestarias para asegurar el cumplimiento.
