Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
Bordet: pidió "no criminalizar" la protesta social
Bordet: pidió "no criminalizar" la protesta social
Bordet: pidió "no criminalizar" la protesta social
"Nunca hay que criminalizar la protesta social. Soy una persona muy abierta, siempre dispuesta a escuchar, por eso es muy importante que todo el mundo pueda manifestarse, que pueda expresar sus opiniones y que pueda hacerlo libremente", consideró Gustavo Bordet.

Recordó, al mismo tiempo, que a los argentinos "nos costó mucho recuperar esta democracia y hay que respetar las opiniones, pero también a veces hay que tener límites para que no perjudiquen el derecho de terceros. Como siempre se establece, el derecho de una persona termina donde empieza el de los demás".

"Hay normas de convivencia que hay que encontrarlas por la vía de la negociación y no por medio de la fuerza para desalojar", finalizó al referirse a lo hecho público desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuya máxima responsable es Patricia Bullrich.

Protocolo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aprobó en el Consejo de Seguridad Interior el protocolo para regular piquetes o cortes de ruta como forma de manifestaciones públicas. Se establece allí que las fuerzas de seguridad darán aviso al Ministerio del área, luego a la Justicia e instarán a los manifestantes a deponer los bloqueos, luego de lo cual intervendrán para desalojarlos y disolver la protesta.

Según informó su cartera, la reunión se realizó en Bariloche y Bullrich estuvo acompañada por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el subsecretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman.

"Este ministerio no va a permitir que la calle sea un caos. Queremos cambiar la cultura del corte", dijo Bullrich al terminar la reunión. "No vamos a tolerar la extorsión. Si quieren que los escuchemos, los vamos a escuchar", agregó.

El "Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas" se aplicará mediante una simple resolución del Ministerio de Seguridad, cuyo texto fue difundido ayer. Esa norma estableció que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires adecuarán el protocolo a sus características, a sus códigos contravencionales y de procedimientos y establecerán el momento para dar intervención a la justicia.

La ministra fue recibida por el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, y el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso. Según el texto que se aprobó en el Hotel Inacayal, con ministros de Seguridad de todas las provincias, excepto la de San Luis, legisladores, diputados y senadores nacionales, el protocolo ordenará que, ante una protesta "espontánea" o "programada" con cortes de ruta, las fuerzas de seguridad (Gendarmería, Policía Federal o Prefectura) comunicarán la situación al ministerio de Seguridad nacional o a los ministerios provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, según la jurisdicción.

Luego de ello "se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la justicia". Ante un resultado positivo o negativo, el jefe del operativo "impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz", de que "los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación".

Como elemento punitivo, se les advertirá que ante un incumplimiento se les aplicará las penas del artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en cada jurisdicción. El artículo 194 establece que "será reprimido con prisión de tres meses a dos años" el que "impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".

En caso de que los manifestantes no acaten la orden, "se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, poniendo en conocimiento del Magistrado competente, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación".

Tambien el Protocolo ordena que las fuerzas de seguridad federales y provinciales "deben garantizar la libre circulación de personas y bienes, sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales".

Dispone también que las fuerzas definen "con criterio objetivo la táctica a utilizar, con atención preferencial de personas que requieran una protección especial de sus derechos, tales como niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad".

Patricia Bullrich afirmó que el protocolo fue aprobado por el 80% de las provincias y que "se busca establecer un nuevo paradigma, que genere cierto orden en la sociedad".

El texto indica que "las instrucciones de la autoridad policial se harán por medio de frases cortas y claras" y que los uniformados "no deberán reaccionar ante provocaciones verbales o gestuales de algunos manifestantes".

Una vez liberadas las rutas, el Ministerio de Seguridad o las autoridades provinciales instruirán a los funcionarios pertinentes de las demandas de los manifestantes para establecer una negociación para canalizar los reclamos. Luego de ello se deberá labrar un acta de todos los participantes.

Si hubiere detenidos, se les informará el motivo de su detención, se dará lectura de sus derechos y se procederá a su inmediato traslado para ser puestos a disposición de la justicia.

El protocolo aclara que "el uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible". El uso de la fuerza debe respetar los principios de "legalidad, oportunidad, último recurso frente a una resistencia o amenaza, y gradualidad".
Fuente: APF Digital - La Nación

Enviá tu comentario