El 31 de octubre del año último concluyó el contrato de alquiler y, por lo tanto, el área que depende de Salud Mental del Ministerio de Salud debió abandonar la sede que ocupaba, en Uruguay 235. Allí funcionó durante los últimos diez años. Las gestiones por conseguir otro lugar donde mudarse, que se iniciaron en marzo de 2022, tropezaron con imponderables de la Administración.
¿Qué pasa actualmente?
El resultado es que hoy el Programa de Violencia Social del Ministerio de Salud funciona malamente, en condiciones deficitarias, en una propiedad que comparte con el Programa de Adulto Mayores y el Programa de VIH, en Uruguay 270.Otra parte del personal se mudó al edificio central de Salud, en 25 de Mayo al 100. En la propiedad de calle Uruguay 270 los muebles y los documentos del Programa de Violencia Social están amontonados, y el personal no puede receptar toda la demanda que tiene. “Es muy seria la situación porque no se logra trasmitir la gravedad”, dice Nadia Burgos, delegada de Salud.
En el primer bimestre de 2022 se atendieron 529 casos; en el primer bimestre de 2023, 160. “Se estima una caída del 71% con respecto al primer bimestre de 2022”, señala un informe de los trabajadores del área.
¿Por qué está sin sede?
Luego de la finalización del contrato de alquiler de la sede de calle Uruguay, se inicia el trámite administrativa para lograr rentar otra dependencia. “De esta manera, se comienza con la búsqueda de propiedades, con las características acorde a las necesidades que demanda el servicio. En este sentido, se relevaron más de 60 inmobiliarias y un poco más de una docena de ofertas de particulares”, dice un informe elaborado por los trabajadores del sector.El resultado fue el hallazgo de un poco más de 8 inmuebles, con característica conforme a los requerimientos insertos en el pliego De estos, dos retiraron los pliegos, presentándose una sola propuesta que cumplimentaba con todas las características funcionales, como así también, las condiciones exigidas, agrega ese informe.
Pero cuando el trámite fue derivado al Consejo de Tasaciones de la Provincia (que depende de Fiscalía de Estado) le pusieron pegas, desestimaron la única oferta presentada y todo quedó en veremos.
El alquiler que no fue
El 17 de noviembre de 2022, la responsable del Programa de Violencia Social, la psicóloga Andrea Landra, mantuvo una reunión con el asesor legal del Ministerio de Salud, Germán Coronel, y el jefe del Departamento Contrataciones, Agustín Carosini. El resultado: autorizaron la contratación directa por vía de excepción.Se inicia la búsqueda de un inmueble para alquilar. Pero en enero pasado, dice el informe de los trabajadores, el director de Salud Mental, Carlos Berbara, “nos informa verbalmente que en reunión convocada por la secretaria de Salud, Carina Reh, y la subsecretaria de Administración, Gabriela Diez, se desprende la decisión del no alquiler, sin dar fundamento alguno”.
“En conclusión, actualmente no contamos con algún espacio físico tanto para los equipos técnicos, como administrativos. Por ende, la capacidad resolutiva de atención de este Programa se ve gravemente comprometida”, subrayan.
Hay más de 1.000 casos en espera de ser abordados por los profesionales y equipos técnicos.
