Tras casi ocho horas de debate y menos de un día después de que el proyecto fuera aprobado por la Cámara de Diputados, la norma fue sancionada sin modificaciones por 41 votos a favor y 23 en contra y una abstención.
El grueso de los votos los aportó el oficialista Frente de Todos. Pero también colaboraron algunos legisladores de fuerzas provinciales, como Lucila Crexell (Neuquén) y Alberto Weretilnek (Río Negro). Carlos Reutemann (Santa Fe), aliado de Juntos por el Cambio, también apoyó el texto.
El total de los votos en contra fue del interbloque de Juntos por el Cambio que, no obstante, tuvo un rol clave para que el proyecto pudiera empezar a discutirse en el Senado apenas unas horas después de que lo aprobara la Cámara Baja.
En el cierre del debate, desde el radicalismo se plantaron algunas dudas sobre diferencias entre el texto sancionado por la Cámara de Diputados y el que efectivamente se comunicó al Senado, reclamo que generó una evidente incomodidad en la vicepresidenta Cristina Kirchner, que presidía la sesión, quien de todas maneras decidió avanzar con la votación.
Al momento de habilitar el debate sobre tablas de la iniciativa, necesario para tratarlo sin dictamen de comisión, el principal conglomerado opositor se ausentó del recinto. Así, el Frente de Todos pudo avanzar con la discusión del proyecto.
La ley, denominada de solidaridad social y reactivación productiva, declara once emergencias en diferentes materias y áreas, que van desde la social hasta la sanitaria, las que regirán hasta el 31 de diciembre del año próximo.
La norma habilita al Poder Ejecutivo a subir las retenciones hasta tres puntos más para la soja y el trigo y traslada sobre la clase media la principal carga del ajuste fiscal que impulsa la administración de Alberto Fernández para poder cumplir con la deuda con los acreedores externos contraída por la administración macrista.
Así lo denunció el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR-Formosa). "Este es un proyecto que esconde un brutal ajuste que tiene dos componentes: los impuestos y, fundamentalmente, la liquidación del poder adquisitivo de los jubilados", sentenció.
"En este proyecto faltan palabras para que se entienda de qué están hablando, faltan las palabras devaluación, impuestazo y ajuste", afirmó, sin medias tintas, la mendocina Pamela Verasay (UCR).
El oficialismo hizo hincapié en la situación económica y social que dejó el país el gobierno de Mauricio Macri.
"Sí, hay emergencia; sí, hay necesidad de delegar poderes", afirmó Jorge Taiana (Buenos Aires), quien acusó a la oposición de llevar a cabo "una negación política de la gravedad de la situación que atraviesa la República para no ser responsables ante la sociedad".
En el cierre del debate, cerca de las 3.30 de la madrugada, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), puso énfasis en la deuda que dejó la administración anterior, que mensuró en US$ 57.000. "Lo que hicieron con la deuda es traición a la Patria", acusó.
"Dejaron un desastre económico, por eso la emergencia", agregó el formoseño apuntando en dirección al bloque de Juntos por el Cambio.
Al aumento de las alícuotas de Bienes Personales, manteniendo el mínimo no imponible, se suma la creación del denominado impuesto PAIS, que carga con una alícuota del 30% a la compra de divisas extranjeras, tanto para su atesoramiento como para las compras realizadas en el exterior con tarjetas de débito o crédito.
Los artículos más criticados por la oposición fueron los relacionados con la suspensión de la actualización de las jubilaciones por 180 días, plazo en el cual los aumentos de los haberes del sector pasivo serán otorgados por decreto del Poder Ejecutivo.
Producto de la irritación social y política que generó la decisión de la Cámara de Diputados de exceptuar de los alcances de la norma a las jubilaciones de privilegio, Fernández se vio forzado a salir al cruce y anunció el próximo envío al Congreso de un proyecto de ley para derogar los regímenes de jueces y diplomáticos.
La norma también congela las tarifas de los servicios públicos por 180 días, plazo en el que deberá diseñarse un nuevo esquema tarifario, y le da facultad al Gobierno para intervenir los entes de reguladores.
Otra facultad legislativa delegada en el Poder Ejecutivo lo habilita a realizar las gestiones que considere necesarias para garantizar la sustentabilidad de la deuda pública.
La discusión comenzó ayer pasadas las 19.30 como consecuencia de la demora de la Cámara de Diputados en componer las modificaciones introducidas al proyecto y luego de que el oficialismo concediera un cuarto intermedio de casi dos horas para que el principal bloque opositor pudiera estudiar el proyecto. Como consecuencia de que se le concedieron hasta 20 minutos a cada uno de los 33 oradores que se anotaron, el debate se extendió hasta bien avanzada la madrugada. Recién a las 3.53 se votó la ley.
