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Pierini (izq) junto a Urribarri
Pierini (izq) junto a Urribarri
Pierini (izq) junto a Urribarri
El manejo de fondos públicos y la difusión de actos administrativos nada tienen que ver con la protección de datos sensibles. Sin embargo, a juzgar por su silencio de meses, la Cámara de Diputados de la provincia tiene una interpretación restrictiva en materia de acceso a la información pública.

Así se desprende de la falta de respuesta a tres solicitudes formuladas durante el verano pasado. Las peticiones ingresaron por la Mesa de Entradas el 30 de enero último y ese mismo día fueron derivadas a la Secretaria, tan solo para cumplir con la formalidad de darle continuidad a un trámite.

El primero de los pedidos de acceso a la información pública generó el Expediente 3.012/17 y fue formulado para conocer detalles sobre las propiedades que alquila la Cámara de Diputados. Se trata de oficinas que, en su gran mayoría, se destinan para que funcionen los despachos de legisladores de diferentes bancadas. Siguiendo el procedimiento previsto por el Anexo I del decreto 58/06, que en 2006 puso en vigencia el Reglamento General de Acceso a la Información Pública en ese cuerpo legislativo, este portal quiso conocer la ubicación de los inmuebles, los montos abonados en forma mensual y anual, el destino asignado a cada propiedad, y las fechas de inicio y finalización de cada contrato.

Transcurridos los 20 días hábiles para la respuesta previstos por el decreto 58/06, la única manifestación que se conoció desde la Cámara de Diputados fue el silencio. Ni siquiera se recibió una solicitud de prórroga fundada y por escrito, una prerrogativa prevista en el Reglamento.

La indiferencia no fue novedosa, puesto que la Presidencia de la Cámara, a cargo de Sergio Urribarri, había tenido una actitud semejante el año anterior. El 11 de abril de 2016 Elentreríos formuló idéntica petición y el Expediente 483/16 pasó de Mesa de Entradas a la Secretaría, pero nunca más se movió. En tanto, el Expediente 3.015/17 sirvió para formalizar el ingreso a la Cámara de otro de los pedidos de información pública presentados en enero último. En ese caso la consulta fue hecha con la intención de obtener acceso y copia de todas las resoluciones y decretos emitidos por la Presidencia desde el 11 de diciembre de 2015.

Vencido el plazo de 20 días hábiles no hubo respuesta y las actuaciones quedaron en la Secretaría. En el pedido de información este portal sugirió que a fin de evitar el dispendio por la reproducción de la documentación requerida, se brindara la información pública en formato digital. La última de las requisitorias realizadas en enero fue registrada por la Cámara de Diputados como Expediente 3.016/17. Fue realizada con la intención de conocer "los montos asignados en concepto de viáticos y/o gastos de representación a los legisladores y empleados que realizaron gestiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte de la obtención de pruebas en el marco de las denuncias por mal desempeño de sus funciones de los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak". También se requirió que, en caso de haberse efectuado traslados aéreos, se informara sobre "las fechas de los viajes, compañía utilizada, montos de los pasajes y nombres de los pasajeros". Y que si se utilizaron vehículos oficiales se indicaran "marcas, modelos, dominios y cantidad de kilómetros recorridos, precisando en cada caso las erogaciones efectuadas y en qué fechas fueron realizadas".

El recorrido de ese expediente fue similar al de los otros pedidos de información pública: desde la Mesa de Entradas hacia la Secretaría, sin que su responsable, Nicolás Pierini, se preocupara por hacerlo circular. En una muestra más de la opacidad con la que se maneja la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
Fuente: El Entre Ríos

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