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El Superior Tribunal de Justicia declararía inconstitucional un artículo de la Ley Orgánica del Ministerio Público por el cual se realizaron concursos internos para cubrir los cargos de fiscales auxiliares, indicaron fuentes tribunalicias. El mismo destino puede llegar a tener un planteo contra quienes concursaron por defensorías auxiliares.

En los próximos días se explicitaría en un fallo: el Superior Tribunal de Justicia (STJ) declararía inconstitucional un artículo de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal por el cual se realizaron concursos internos para cubrir vacantes. En rigor, fiscalías auxiliares.

La presentación, efectuada en su momento por Juan Carlos Arralde, dio la impresión de que no tenía demasiado asidero, no solo por el planteo, sino también por la temporalidad. Se trató de un caso que se había llevado a cabo hace años. Lo cierto es que el peticionante y su representada tendrán un resultado positivo, según adelantaron extraoficialmente fuentes de tribunales.

El ex senador y ex convencional constituyente atacó el artículo 50 de la Ley Número 10.407, reglamentaria del Ministerio Público, que autoriza al procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, a realizar concursos internos y cerrados entre funcionarios judiciales para nombrar fiscales auxiliares, una figura que aparece en el nuevo sistema acusatorio. Arralde sostuvo que en los procesos evaluadores hubo una clara discriminación, lo que impidió que su representada, Delfina Valeria Geist, pueda participar. En resumen: la demandante no pudo enterarse de que se concursaban esas fiscalías auxiliares. Además de no haber pasado por el Consejo de la Magistratura.

La petición exceptuó del previo paso por el organismo evaluador a quienes eran secretarios titulares de juzgados de instrucción que se convirtieron en fiscales auxiliares.

Según indicó Arralde, el proceso llevado a cabo violenta con claridad la Constitución Provincial. “El precedente que puede crear esta situación es de una gravedad institucional pocas veces vista porque se pretende que una ley del Ministerio Público, que es de jerarquía inferior, se imponga nada menos que a las disposiciones de la Constitución de Entre Ríos, que es la norma primaria y fundante de todo el ordenamiento jurídico provincial”, escribió el radical. Párrafos más abajo impugnó 15 pliegos para cubrir cargos de fiscales auxiliares en diferentes jurisdicciones y solicitó al Senado que se abstenga de dar tratamiento a las propuestas de designación hasta que se defina la cuestión de fondo. Esto está a punto de salir.

Fue el vocal Emilio Castrillón, actual presidente del STJ, quien propuso que los fiscales auxiliares tengan acuerdo senatorial para cumplir con el procedimiento constitucional.

Los concursos para fiscales auxiliares son cargos que se incorporaron hace muy poco al Consejo de la Magistratura, salvo para aquellos que tenían cargos de secretarios de juzgado. Fue uno de los errores de la Convención Constituyente no haber previsto la implementación del nuevo Código Procesal Penal que se llevaría adelante al año siguiente (2009) de la reforma constitucional.

Ante esa omisión, desde la Procuración General se decidió, a modo de enmienda, hacer concursos internos y los postulantes fueron evaluados de la siguiente manera: camaristas de la costa del Paraná tomaron examen a los candidatos de la costa del Uruguay y viceversa. Luego la nueva figura se incorporó a la ley del Consejo de la Magistratura y a partir de este año se empezarán a concursar en el organismo pertinente.

El mismo destino puede llegar a tener una presentación similar efectuada contra las designaciones de defensores auxiliares, ya que Arralde se percató luego de que en el Ministerio Público de la Defensa había sucedido lo mismo. Reescribió el planteo y lo presentó.
Fuente: Página Judicial

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