La razón por la que será indagado
El ex policía, contó Juan Cruz Varela, deberá comparecer el 4 de abril ante el juez federal Leandro Ríos, que le imputó el delito de privación ilegal de libertad agravada por su condición de funcionario público, a instancias de los fiscales Mario Silva y Carlos García Escalada, que creen que existen motivos suficientes para sospechar que Céparo ha participado en el secuestro y la aplicación de torturas contra tres mujeres.María Cristina Lucca, Marta Brasseur y Graciela López fueron ilegalmente detenidas el 11 de noviembre de 1976, en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, en operativos realizados a plena luz del día por grupos de civiles armados.
Las tres fueron trasladadas, vendadas e inmovilizadas, al centro clandestino de detención “La Escuelita”, en el batallón militar de Neuquén, donde fueron interrogadas bajo tortura, y luego trasladadas a Paraná, primero a la denominada “casa del director”, en la cárcel de varones. Recién el 3 de diciembre su detención quedó asentada en los registros, cuando ingresaron a la Unidad Penal Número 6.
Las mujeres fueron sometidas, junto a otros detenidos políticos, a un consejo de guerra en el que las acusaban por su participación en la muerte del general Jorge Esteban Cáceres Monié y a mediados de enero de 1977 un tribunal militar les impuso largas penas de cárcel en una parodia de juicio.
Reconocido en un juicio
En el juicio en el que Céparo terminó condenado, Lucca y Brasseur lo reconocieron como uno de los policías que les hizo firmar una declaración autoincriminatoria que sirvió de base para esa condena.
El dato, además, consta en documentos del Servicio Penitenciario que revelan que en esos días Céparo y Carlos Horacio Zapata (fallecido), ambos policías provinciales, pretendieron sacarlas de la unidad penal. “Nos hicieron firmar algo que no pudimos leer; y tampoco podíamos rehusarnos”, dijo Lucca. “Supongo que el contenido de esa declaración fue el basamento de la condena del consejo de guerra”, acotó Brasseur. Unos meses después ratificaron esas declaraciones ante el juez Leandro Ríos.
El suegro de…
Céparo, de 69 años, es suegro del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón; en 1976 era oficial ayudante de la Policía de Entre Ríos y cumplía funciones en la División Despacho de la Jefatura Departamental de Paraná.Actualmente cumple una condena de 11 años de prisión por la privación ilegítima de la libertad de una mujer, cometida con abuso de sus funciones, sin las formalidades previstas por la ley y agravado por la utilización de violencia; y por la aplicación de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de la víctima.
Sin embargo, se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 12 de julio de 2017. Estando en prisión se descubrió “la presencia de un nódulo de tiroides con características evolutivas y ecográficas altamente sospechosas de malignidad”, por lo que se recomendó una cirugía y tratamiento con radioiodo. Por ese motivo fue operado el 18 de julio en un sanatorio privado de Paraná. Desde una semana antes el represor está en su casa y ahí permanecerá, al menos, hasta el 2 de mayo, cuando será sometido a una reevaluación.
