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La casona que alquiló el STJ y nunca utilizó
La casona que alquiló el STJ y nunca utilizó
La casona que alquiló el STJ y nunca utilizó
En el año 2011, la legislatura entrerriana aprobó la ley 10.049. En su artículo segundo, se lee: "Créase la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Entre Ríos que contará con dos salas, una con asiento en la ciudad de Paraná (. . .) y otra con asiento en la ciudad de Concordia (. . .)".

Desde entonces hasta el presente, han transcurrido casi 6 años y la sala concordiense brilla por su ausencia.

Si ya de por sí no puede considerarse habitual que el Superior Tribunal de Justicia incumpla con una ley, tratándose del máximo responsable de velar por la obediencia a las normas, el asunto se vuelve aún más sorprendente cuando se indaga en las razones que invocaron los magistrados para suspender la creación de la sala y -sobre todo- en las consecuencias que de ello se han derivado.

Aunque el asunto pase desapercibido para el común de los ciudadanos, lo concreto es que hay varios condenados a prisión que siguen en libertad porque las apelaciones de sus defensores ante Casación llevan cerca de un año sin resolverse.

"Si estuviera funcionando la sala de Concordia, no habría semejante demora", explicó a ElEntreRíos.com un abogado penalista, convencido de que el incumplimiento de la Ley 10.049 ha obstaculizado visiblemente el servicio de justicia.

La ley asignaba a la sala de Casación de Paraná atender las causas que se originaran en los departamentos Feliciano, La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay y Nogoyá. La sala concordiense debía ocuparse de las demás jurisdicciones: Federación, Concordia, Colón, Uruguay, Gualeguaychú, Tala, Villaguay, San Salvador, Federal e Islas del Ibicuy.

La decisión del Superior Tribunal de Justicia de concentrar todo en Paraná provocó un efecto "embudo", ya que todas las causas de la provincia recaen en la capital entrerriana.

En la audiencia pública en el Senado, fue ni más ni menos que el nuevo Juez del Superior Tribunal de Justicia, el Doctor Miguel Giorgio, quien reforzó este diagnóstico. "Va a haber un nuevo cuello de botella en la Cámara de Casación de Paraná, ya que para una causa que ingresa hoy, la posibilidad de una audiencia se da recién el año que viene, ya que allí se toma lo de todas las jurisdicciones de la provincia. Va a llegar al colapso", advirtió.

Todo hace suponer que la llegada de Giorgio al STJ reflotaría la necesidad de -ahora sí- cumplir con la ley 10.049. Desde el área de comunicación del Superior Tribunal explicaron a ElEntreRíos que "en la actualidad se ha comenzado a estudiar nuevamente la factibilidad de la puesta en funcionamiento de la Sala de Casación Penal con asiento en Concordia. Con este fin se están realizando los correspondientes análisis de viabilidad tanto desde el punto de vista jurídico como de locación física de la misma".

Las razones del STJ para frenar la aplicación de la ley


El 7 de Marzo de 2014, mediante la Acordada 04/14, el Superior Tribunal de Justicia formalizó la suspensión de la creación de la Sala Concordia de Casación Penal.

A la hora de justificar el incumplimiento de lo dispuesto por la ley 10049, el STJ apeló a una recomendación de la "Comisión de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal" y en un relevamiento efectuado por el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales).

Según puede leerse en la Acordada, fue la Doctora Claudia Mizawak quien puso sobre la mesa el informe de la Comisión planteando "la inconveniencia de poner en funcionamiento la Sala de la Cámara de Casación Penal en Concordia, teniendo en cuenta que la existencia de una Cámara de Casación Penal, con dos Salas que trabajen en forma separada, aparece como altamente inconveniente desde el punto de vista jurídico, sobre todo a su función nomofiláctica".

Llevado a un lenguaje menos técnico, el STJ suspendió la creación de la sala de Concordia por temor a que su mera existencia pudiera romper con la uniformidad de criterios a la hora de "definir el derecho objetivo", al dar respuesta a los recursos de casación, que procuran lograr que sean anuladas sentencias judiciales invocando una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o de los procedimientos.

Además del Juez Giorgio, en el foro concordiense no son pocos los abogados que disienten con esta excusa. Entienden que la unicidad jurídica está garantizada por la existencia de una instancia última y superior a la Cámara de Casación que es el propio STJ, que, llegado el caso en que hubiera criterios disímiles, deberá resolver.

El gasto inútil en el alquiler de una casa señorial

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La casona que alquiló el STJ ahora es un geriátrico Agrandar imagen
La casona que alquiló el STJ ahora es un geriátrico
Los cuestionamientos al Superior Tribunal de Justicia por haber suspendido la aplicación de una ley de la legislatura no sólo apuntan a las causas y a las consecuencias. También hay severas críticas al modo en que actuó.

Salta a la vista, sin margen para dudas, que se alquiló inútilmente durante varios meses una enorme y señorial casona céntrica de Concordia, dando lugar a un evidente despilfarro de recursos.

En la Acordada de marzo de 2014, una vez resuelto que no se iba a avanzar con la creación de la Sala de Casación Penal de Concordia, el STJ dispuso la intervención del Área de Planeamiento e Infraestructura Edilicio Judicial, "para que evalúe y proponga destinos posibles alternativos para el inmueble sito en calle San Luis Nº 808 de la ciudad de Concordia, en base a las necesidades de la jurisdicción, si correspondiera".

El Área de Infraestructura concluyó tiempo después que "no se reconocen destinos alternativos al inmueble en cuestión y que no existían en ese momento en la jurisdicción Concordia organismos que necesiten espacio físico para desempeñar su labor". Conclusión: el Tribunal de Superintendencia del STJ resolvió, el 11 de julio de 2014, rescindir el contrato suscripto en fecha 27 de noviembre de 2013 a partir del 1 de agosto de 2014.

Dicho en criollo, se alquiló PARA NADA un enorme y sin dudas costosísimo inmueble durante exactamente 8 meses.

Para el caso de que resuelvan, ahora sí, cumplir con la orden legal de crear la Sala, deberán buscar otro sitio. La casona que en su momento alquilaron inútilmente ya tiene nuevo inquilino: Casa Grande, Residencia Asistida para Mayores.
Fuente: El Entre Ríos

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