El Procurador General Jorge Amilcar García reprochó la decisión del Tribunal de Cuentas en un dictamen emitido en septiembre de 2017 y que se conoce ahora. Aseguró, según divulgó este martes el periodista Gonzalo Núñez, que el organismo que dirige Federico Tomas rompió un convenio de colaboración de forma arbitraria.
La causa contra Allende y su grupo familiar está caratulada “Allende José Ángel- Sattler A. Guadalupe-Traverso Diana y otros/enriquecimiento ilícito”. Se tramita en el Juzgado de Transición de Paraná a cargo del juez Gustavo Maldonado.
Se rompió un convenio, dice García
El 19 de septiembre de 2017, el Procurador General emitió un dictamen en la que asegura sentirse “consternado” ante la negativa del Tribunal de Cuentas “a cumplir con el convenio de cooperación institucional”. Esto es: designar un contador para que realice una pericia sobre la compatibilidad o incompatibilidad de los ingresos y bienes declarados por el diputado Allende. Al perito lo había solicitado la Fiscalía, invocando el convenio existente entre las partes.
El jefe de fiscales concluyó que el Tribunal de Cuentas “ha procedido de una manera institucionalmente desdeñosa al rescindir unilateralmente, -de manera implícita-, el convenio”.
La idea del Ministerio Público Fiscal era que un contador del Tribunal de Cuentas elabore la pericia en conjunto con el perito del Poder Judicial y la defensa de los acusados. Según el dictamen de García, el organismo de contralor externo declinó “su colaboración de experticia económico-contable” a pesar de la existencia de un convenio de colaboración y lo hizo con “pseudos argumentos que en su puerilidad significan una implícita rescisión unilateral de lo acordado”.
La defensa de Tomas
Federico Tomas, presidente interino del Tribunal de Cuentas, envió el documento por el cual se respondió al oficio N° 235, remitido por el Juzgado de Transición, en el cual se dan los argumentos para no designar un contador para desempeñarse como perito contable del Ministerio Público Fiscal, en la causa contra el diputado y gremialista Allende.En el escrito se menciona que el juzgado fundamenta la petición en el convenio entre el Tribunal de Cuentas y el Superior Tribunal de Justicia, suscripto el 15 de julio de 1996. Sin embargo, se advirtió que el convenio citado, en su artículo 2°, establece que “la colaboración de los profesionales del organismo debe ser requerida por el Superior Tribunal de Justicia, a pedido de los jueces interesados en la intervención contable”.
Establece, además, que “la intervención a solicitarse es para aquellos asuntos que exijan una idoneidad especial del profesional, adquirida por su desempeño en el Tribunal de Cuentas, y con una de las especialidades enunciadas en el artículo 1°”.
Se resaltó, también, que “la actuación de los contadores lo será principalmente para el fuero penal, y por designaciones de oficio, agregando que podrán ser solicitados por jueces de otros fueros, aunque no lo harán en calidad de peritos de parte en ninguno de ellos”.
De modo que el Tribunal de Cuentas consideró que lo solicitado “no encuadra” dentro del convenio “ya que estos actuados han provenido directamente del Juzgado de Transición oficiante, sin pasar previamente por el STJ”.
Señaló, a renglón seguido, que “tampoco cuadra en lo pactado en el artículo 2°, primera parte, ya que para determinar un presunto enriquecimiento ilícito, conforme se desprende de la carátula, no se requiere de una idoneidad especial adquirida por su desempeño en el organismo, ya que para peritar un ilícito como el referenciado, basta basarse en ingresos, consumos y situación patrimonial, y menos aún, de las especialidades enunciadas en el artículo 1”.
Concluyó, entonces, que la designación de un contador “no lo es como perito de oficio, sino como perito contable del Ministerio Público Fiscal” hecho que se encontraría vedado por el artículo 3° del convenio firmado con el STJ.
Allende, una investigación que cumple 6 años
La causa contra el diputado Allende se abrió en 2012, poco después que la revista Análisis revelara su crecimiento patrimonial. La investigación periodística mencionaba que el legislador poseía (y posee) caballos de competición pura sangre; departamentos en Paraná; una quinta en Sauce Montrull, camionetas, casa cerca del Parque “Urquiza” en Paraná; y un yate, entre otras propiedades que no podría justificar con su sueldo de legislador.Siendo diputado, además, benefició de modo irregular a la Fundación “Esperanza” que presidía Adriana Satler, su esposa, hoy funcionaria del Ministerio de Salud.
Además de la causa por enriquecimiento, en la justicia está a punto de ir a juicio por haber amenazado al periodista Martín Carboni; y otra contra el director técnico del Hospital “San Blas”, de Nogoyá, Juan Orlandi, que tramita el fiscal Federico Uriburu.
En noviembre de 2017, durante la audiencia de Casación en la que el ex legislador y embajador en Cuba del kirchnerismo, Raúl Taleb, pidió revocar su condena, el jefe de fiscales hizo un fuerte alegato contra la corrupción.
En su discurso, en el que repasó los políticos entrerrianos condenados por corrupción, dijo que “Allende va a ser condenado en algún momento, porque él la plata la saca de la caja negra de UPCN y no puede justificar con el sueldo de diputado. Eso es lo que le pasa generalmente a la financiación ilegal de la política”. De momento, la causa por enriquecimiento ilícito tuvo un traspié que abrió diferencias entre la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas.
