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Representantes de distintas áreas del Estado provincial, gremios docentes y otras instituciones, trabajan en la redacción de un protocolo de actuación ante las aplicaciones de agroquímicos en los alrededores de escuelas rurales

El documento fue elaborado en diversos encuentros que se dieron en el marco de la Comisión paritaria de infraestructura escolar, donde hicieron aportes los distintos sectores.

De las reuniones participaron referentes del Consejo General de Educación (CGE); el vocal del organismo educativo, Gastón Etchepare, quien presidió los encuentros; la vocal gremial del CGE, Perla Florentín; la referente del de programa provincial de educación ambiental, Cristina Martínez; miembros de la Secretaría de Producción; de la Secretaría de Ambiente; del Ministerio de Salud; de la Policía y Policía Rural de Entre Ríos; de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Copaer); de Bolsa de Cereales y del Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos.

En ese sentido, el Consejo General de Educación informó que en la quinta reunión se terminó de consensuar el Protocolo de actuación y denuncia ante un caso de aplicación con agroquímicos en las adyacencias de las escuelas rurales.

Para la elaboración del documento se escucharon todas las voces de las instituciones y sectores involucrados, y se constituyó como una guía con pasos concretos de cómo deben actuar las autoridades de los establecimientos educativos a los efectos de resguardar las pruebas y documentar el caso debidamente con el objetivo de visibilizar una problemática que debe ser tratada atendiendo los derechos de salubridad y seguridad de la comunidad educativa. Estableciéndose además, estrategias para el seguimiento, del efecto en la salud, de las personas expuestas a algún caso de aplicaciones.

El trabajo fue realizado con el propósito de construir una herramienta para los docentes que permita establecer cuando hay o no violación de la ley; y pensando en la protección de la comunidad educativa desde la prevención y la actuación en ese momento específico.

Luego que se realicen las correcciones de la última reunión y se confeccione la redacción final, el documento será aprobado mediante resolución del Consejo General de Educación y compartido en la página oficial del organismo.
Fuente: APF Digital

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