El protocolo se constituye como una guía con pasos concretos de cómo deben actuar las autoridades de los establecimientos educativos a los efectos de resguardar las pruebas y documentar el caso debidamente con el objetivo de visibilizar una problemática que debe ser tratada atendiendo los derechos de salubridad y seguridad de la comunidad educativa. Establece, además, estrategias para el seguimiento, del efecto en la salud, de las personas expuestas a algún caso de aplicaciones.
En ese sentido, desde el Consejo General de Educación se informó que en la quinta reunión se terminó de consensuar el Protocolo de actuación y denuncia ante un caso de aplicación con agroquímicos en las adyacencias de las escuelas rurales.
Luego que se realicen las correcciones de la última reunión y se confeccione la redacción final, el documento será aprobado mediante resolución del Consejo General de Educación y compartido en la página oficial del organismo.