En una audiencia prevista para hoy, en Concepción del Uruguay, la fiscal Melisa Ríos pedirá la elevación a juicio de las actuaciones por la fumigación en esa escuela rural del departamento Uruguay, sucedida el 4 de diciembre de 2014. Por ese hecho, los estudiantes y la docente Mariela Leiva, debieron recibir atención médica en el hospital Reverendo Padre Betcher, por vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y mucosas.
Este expediente judicial se convertirá en el primero que se eleva a juicio por fumigación en la provincia. Fue iniciado por una docente y por la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, que es encabezada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer).
"Sigue habiendo fumigaciones, sin control", planteó la directora de la escuela rural 44 e integrante del proyecto Paren de Fumigar, Mariela Leiva. Aclaró que "la situación mejoró en el departamento Concepción, pero siguen ocurriendo estos hechos en otros lugares de la provincia". Repasó las investigaciones y los estudios de aire, suelo y agua encarados a instancias y pedidos del colectivo social, a cargo de las universidades nacionales de La Plata y de Rosario, y la estrategia de nuevas investigaciones, que apuntan a desnudar un modelo de producción contaminante, que pone en riesgo la salud de la población.
"No estamos en contra de nadie, sino que buscamos lo más importante, que es cuidar la salud de todos los trabajadores docentes de las escuelas rurales, de la gente que vive en el campo y de toda la ciudadanía, porque recordemos que la casa nuestra es esta tierra, y que es un préstamo de las generaciones futuras, hacia nosotros", reflexionó la integrante de Agmer filial Basavilbaso.
Otro caso
Desde septiembre de 2012 la directora de la Escuela Nº 66 Bartolito Mitre, de Costa Uruguay Sur, convive con veneno en su cuerpo, producto de una fumigación ilegal. Con problemas neurológicos, insecticida y glifosato en su organismo, la docente sufre consecuencias que nunca imaginó que afectan también su estructura muscular.
La ART se niega a cubrirle los costos de un tratamiento intensivo que requiere con urgencia. Por otra parte, el Iopser sólo lo hace en un 70 % pero no incluye costos de traslado y estadía en Buenos Aires, donde podría atenderse.
Su caso también está judicializado, tanto en la Justicia Laboral, contra la ART, como también con una demanda civil contra los dueños del campo.
Tras hacerse los estudios, los médicos le informaron que tenía 1.8 de glifosato en el cuerpo, la ART continúa sin darle respuestas –pese a que el padecimiento por el que pasa fue causado por la fumigación ilegal de un campo lindero a la escuela en horas laborales- y, ahora, es probable que tenga que internarse.
"Tuvimos una audiencia con la gente del Consejo y la ART, pero como no hubo ninguna propuesta, la causa (contra la ART) se eleva a juicio. Ahora se hará una presentación de ampliación de pruebas", contó.
Según dijo, "en los campos linderos a la escuela, en estos momentos no se siembra y por eso no se ha fumigado. Pero en los alrededores, sí. Hace muy poco, en un campo cercano a la escuela, aunque no lindero, el dueño del campo iba detrás de la fumigadora. No tenía idea lo que estaba haciendo, porque se estaba perjudicando él mismo, primero, y luego al resto de los vecinos", continuó describiendo.
Indicó que "el campo grande que está enfrente es de los herederos de quien fumigó y contra ellos tengo una demanda civil. Desde el momento en que yo difundí el caso en los medios, no arrendaron más el campo para siembra".
Cuando se le preguntó cuál es su estado de salud actualmente, respondió: "Igual o peor, no sé qué decir. Se me están aplastando de apoco los músculos. Si me golpeo, por ejemplo, el músculo tarda en volver a su lugar, tengo que masajearlo. Me estoy dando cuenta que es progresivo. Estoy tomando una mediación de por vida. Pensábamos que si bien no estaba sanado, estaba detenido, pero ahora vemos que avanza".
