Aplazamiento
Ese trámite debió cumplirse el viernes 1° de junio, pero fue postergado porque en medio se debió resolver un planteo de recusación contra el juez que debe resolver la remisión a juicio de la causa que tiene como imputados a Urribarri y Báez, el titular del Juzgado de Garantías N° 2, José Eduardo Ruhl. La recusación fue rechazada, pero la decisión se conoció dos días antes de la audiencia del viernes 1, que entonces fue pospuesta para el 22.
La audiencia, ahora reprogramada para el 22, será presidida por el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, el mismo que Urribarri pretendió recusar, planteo que fue rechazado el miércoles 30 de mayo por un tribunal integrado por los camaristas Daniel Julián Antonio Malatesta, Gustavo Román Pimentel y Rafael Martín Cotorruelo. Ruhl, además, está denunciado por Urribarri por mal desempeño ante el Tribunal de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que de momento no se ha expedido.
Causa de la vaca
Se trata de una causa que involucra la distribución discrecional de pauta publicitaria del Estado entre 2010 y 2015 por $24 millones, de lo cual la mitad, $12 millones, fue a parar a las empresas Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.
La Fiscalía sostiene que había una organización empresarial dedicada a captar esos contratos publicitarios y después adjudicarlos a otras dos firmas, Jesús Bustamante, de Paraná, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. Uno de los implicados en la causa, Jesús Bustamante, acordó en juicio abreviado, una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, al aceptar que cometió un delito y que consiguió contratos de publicidad a cambio del pago de coimas a las firmas que señalan como propiedad de Aguilera.
Otro de los salpicados por ese negocio es el exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial Pedro Ángel Báez.
En la causa por los contratos de publicidad otorgados entre 2010 y 2015 por la administración Urribarri, el juez Ruhl dispuso, el 2 de febrero último, un embargo de $26 millones en los bienes de Urribarri, medida que alcanzó también a Báez, Aguilera, entre otros, más la inhibitoria general de bienes. El empresario Jesús Bustamante, que había quedado en la misma situación, se desligó de la causa mediante un juicio abreviado.
Allende, acusado de amenazar a un periodista
Otro con compromisos judiciales este mes es el diputado provincial del PJ, José Ángel Allende, a la vez refrendado a fines de mayo como titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)
Más tarde, el 29 de junio, a las 9, el mandamás de UPCN deberá presentarse en los Tribunales de Paraná para sentarse en el banquillo de los acusados por el supuesto delito de coacción agravada –amenazas-, por sus dichos contra el periodista Martín Carboni, de NoticiaUno.com. El fiscal Álvaro Piérola ya adelantó que solicitará al juez José María Chemez una pena de 2 años y 6 meses de prisión condicional.
El juicio se iba a desarrollar el pasado 13 de abril, pero fue suspendido a raíz de problemas de salud del defensor del diputado, su sobrino Marcos Rodríguez Allende.
La acusación de Piérola contra Allende dice que el 30 de mayo de 2017, entre las 8 y las 10 de la mañana, el diputado Allende hizo declaraciones intimidatorias hacia el periodista Carboni en el programa radial que se emite por Radio La Voz, del polémico exdiputado peronista Rubén Almará.
En esa oportunidad, Allende aludió al asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas (1997), cuya autoría se le atribuyó al empresario Alfredo Yabrán, quien se suicidó en mayo de 1998, dando a entender que alguien podría atentar contra la vida del comunicador.
“‘Vos viste que a Yabrán no lo matan, porque Yabrán no se suicida porque él lo mató a Cabezas. Yabrán se suicida porque los alcahuetes de Yabrán, queriendo quedar bien, lo apretaron a Cabezas y se les fue la mano y lo mataron. Acá no sea que le pase al gobernador que algunos alcahuetes que tiene alrededor tomen ese tipo de actitud y lo terminen perjudicando”, dijo Allende, intimidando así públicamente a Carboni para que cese con sus investigaciones periodísticas vinculadas a contrataciones en el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos.
Según anticipó el fiscal, para el debate oral y público serán citados como testigos el periodista que denunció las amenazas y Héctor Peruchena, apoderado legal de Radio La Voz.
