La asamblea, que contó con la presencia del Secretario General de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, y la Secretaria de Género y Diversidad del Sindicato, Gisela Torres, se centró en “tres puntos cruciales: la crítica situación salarial y el rechazo al bono de $50.000 propuesto por el gobierno; el impacto de los adicionales y el ajuste en el sector; y la denuncia de violencia laboral y de género en el ámbito del instituto”, informaron luego.
Respecto al eje salarial, Muntes dio un panorama de las negociaciones paritarias, y fue enfático en la postura del gremio. “Hay situaciones que si no la disputamos no van a venir de parte de la patronal. El tema salarial se va a profundizar. El ajuste lo van a seguir haciendo. No hay intención del gobierno de recuperar el salario desde noviembre del 2023. Ellos quieren avanzar en el ajuste, nosotros en la dignificación de nuestro salario”, comentó el dirigente.
Los trabajadores expresaron su rechazo a la propuesta del bono, considerándola insuficiente para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Además, exigieron una audiencia con el presidente del organismo, el arquitecto Manuel Schönhals, quien se comprometió a recibirlos el próximo lunes 27 a las 9, tras las elecciones legislativas.
Denuncias
Otro de los puntos álgidos de la jornada fue la denuncia por las situaciones de “violencia laboral y de género, sumada a las amenazas y presiones que fueron ejercidas por directivos, cuestiones que, según se planteó, afectaron el libre accionar de los trabajadores amparado por los derechos laborales”, indicaron.El delegado Diego Alberto ratificó los derechos sindicales de los empleados: “Tenemos derecho al paro, aunque nos descuenten. También podemos realizar asambleas y movilización. No nos pueden prohibir manifestarnos. Es un derecho y a los derechos hay que ejercerlos, no hay que tener miedo y tenemos que ser muchos”, enfatizó.
Por su parte, la Secretaria de Género y Diversidad, Gisela Torres, hizo hincapié en el acompañamiento del sindicato. Explicó que desde ATE "no hacemos lugar a la violencia, no permitimos un ambiente rodeado de violencia. Tenemos la política de erradicarla". Además, recordó que el gremio contó con protocolos y un equipo dispuesto a "ayudarlos en estos casos" y a fomentar la denuncia.
En un tema que surgió de las distintas intervenciones, se planteó la necesidad de organizar una jornada provincial en defensa del IAPV. La iniciativa buscó convocar a todas las regionales del organismo e involucrar a la población, que es la destinataria final de las políticas del instituto.
