En 10 años, la población en las cárceles de Entre Ríos aumentó un 300 por ciento, según indicó Sánchez.
Para Sánchez, este incremento «se ha dado por diversos factores, como ser la modificación en las leyes o códigos procesales, la forma de delinquir que se ve a diario y por las crisis que trazan algunos períodos históricos».
En tal sentido, indicó que la aplicación de la denominada Ley de Narcomenudeo en la provincia, «no ha significado un incremento importante en la cantidad de detenidos. Actualmente tendremos unas 70 personas alojadas bajo este régimen».
Respecto a los videos que se hacen públicos y se viralizan a través de las redes y que son filmados dentro de los pabellones, Sánchez recordó que «por normativas que rigen en la provincia, los internos no pueden tener celulares en los pabellones», y agregó que «tras los hechos de público conocimiento, se tomaron las medidas correspondientes al detectar las agresiones y filtraciones».
Consultado sobre cómo ingresan los aparatos de telefonía celular a las unidades penales, Sánchez indicó que «es algo en lo que estamos trabajando. Tanto celulares como sustancias tóxicas, son los elementos que hoy a nosotros nos tienen tratando de buscar una solución de la mejor manera. Hemos detectado, que el 90% de los elementos que ingresan son a través de las visitas familiares. También se ha detectado algún tipo de ayuda externa o situaciones dentro de la misma rutina del servicio penitenciario».
Todos los internos tienen garantizadas dos días de visitas a la semana. A las personas que asisten se las requisa a través de un cacheo, pero en este punto, el director del Servicio Penitenciario afirmó que «tenemos limitaciones por observaciones o disposiciones judiciales que han determinado que podemos llegar hasta cierta parte de esa requisa corporal». Oportunidad que es sabida y aprovechada por familiares o amigos de los reos para ingresar elementos prohibidos.
Finalmente, Sánchez mencionó que el 80 por ciento de la población que está alojada en las cárceles de la provincia «tiene una condena firme y las que están bajo una prisión preventiva o un proceso, son un 20 por ciento, dentro del cual un gran número está dado por causas federales».
