La fiscal Nadia Benedetti le leyó los cargos y escuchó lo único que el cura tenía para decir en la Justicia: que no iba a decir una palabra, amparándose en su derecho a no declarar en contra.
Ahora, señaló la fiscal, lo que resta es acumular un par de pruebas más, y cerrar la instrucción. En febrero, o principios de marzo, el caso se elevaría con pedido para que la causa vaya a juicio oral.
La causa
Dos jóvenes, un estudiante de Derecho y un médico, lo denunciaron en la Justicia al sacerdote por esos abusos.
Moya fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, entre 1992 y 1997, y además docente en el Instituto La Inmaculada, y durante ese tiempo habrían ocurrido los abusos que ahora se le imputan. Las víctimas, dos jóvenes que eran parte de los grupos parroquiales.
Moya fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1992 por el exarzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlic, y tuvo entre uno de sus primeros destinos la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay. Allí, precisamente, habría sido el lugar donde ocurrieron los abusos.
Desde que se abrió la causa, Moya no puede oficiar misas en público. La medida forma parte del protocolo de actuación dentro del clero.
Cuando el caso llegó a la Justicia, Puiggari abrió una investigación preliminar, siguiendo lo que establece el Código de Derecho Canónico en el canon Nº 1717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis".
La expresión en latín "Gravioribus Delictis" alude a los "delitos graves", como la pederastia, la acusación que recae sobre Moya, y conforma parte de las reformas introducidas en 2010 por el papa emérito Benedicto XVI para abordar los delitos de abuso de menores.
En el marco de la causa judicial, designó como su defensor al abogado Gustavo Amílcar Vales.
El abogado Vales es hijo del exmiembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Hipólito Vales, a quien el Estado estuvo a punto de iniciarle una demanda por una presunta jubilación lesiva para los intereses del erario público.
