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Durante la jornada 28 del megajuicio, también declaró un testigo de allanamiento, convocado por el defensor Miguel Cullen. Se trata del encargado de edificios Andrés Benjamín Brito, que presenció una requisa y secuestro en Avenida Córdoba de Capital Federal, el 28 de junio de 2018, en el marco del legajo “Urribarri Sergio Daniel s/ enriquecimiento ilícito”. Mediante videoconferencia, recordó a un fiscal y cuatro policías en el lugar: “Fuimos hasta calle Córdoba, nos acercamos a un edificio. Los policías se acercaron al encargado de edificio, le muestran la orden. El encargado nos llevó al piso directo por un ascensor. Cuando llegamos se volvió a mostrar orden y se pidió que se busque al responsable y se trajo a una secretaria porque el dueño no estaba. Se comenzó a revisar recepción. Se juntó a todo el personal, se juntó a todos en sala de reuniones. Se nos pidió que apaguemos los teléfonos a los testigos. A los empleados se les pidió los teléfonos y se pusieron en una caja”.

Una vez puesta en contexto la escena, pasó a detallar que “la Policía encontró cinco cajas fuertes que la secretaria abrió voluntariamente: había dos con contadores, abrieron, retiraron el dinero, se juntó en una mesa, que no se iba a contar y se iba a devolver. Se revisaron carpetas”.

“Había una oficina del dueño o secretario general que no se podía abrir, se abrió, se encontró disco extraíble, dinero, papeles, computadoras”, prosiguió Brito. “Después se comenzó a registrar carpetas con título ‘Entre Ríos’ en folio o tapa. Se revisó carpeta por carpeta. Había muchísima información, así que se extendió hasta la mañana siguiente. El fiscal comentaba que se buscaban carpetas que dijeran ‘Entre Ríos’, las otras no importaban”.

Asimismo, afirmó que de noche llegaron más fiscales porque había mucha información. “Se nos presentaron, dijeron que llegaban a ayudar en la búsqueda de información. Eran una mujer y un hombre. Se secuestró una cantidad demasiado grande de información porque tuvieron que buscar una camioneta para llevarla. A las 6 de la mañana llegó el vehículo, no era documentación que se podía llevar a mano, eran biblioratos. Se ataron, se hicieron en forma de paquetes”, describió y recordó una carpeta que vio con “un mapa o plano y una cifra de 8.000 millones de dólares, una cifra inmensa”.

“Cuando ingresaron al quinto piso se abrió ascensor y entramos a oficina y se leyó el acta de allanamiento. Al finalizar también se leyó material retirado, motivos de allanamiento”, respondió al fiscal Gonzalo Badano. Agregó que estuvo presente en todo el allanamiento. “Donde estaba parado me mostraban. La empresa era muy grande y en la otra sección estaba el otro testigo. No vi el proceso completo porque la empresa era muy grande, iban parte por parte y no estaba en todo momento, en todo lugar”.
Sobre un expediente de contratación
La contadora Valeria Romina Stepanic Pouey también pasó este martes por tribunales. Fue citada por el defensor Marcos Rodríguez Allende, dado que en 2017 trabajaba en la Contaduría General de la provincia y debió responder al requerimiento de los fiscales, a pedido del contador General Aurelio Miraglio. Actualmente, Stepanic se desempeña en el Gabinete Pericial Contable del Ministerio Público Fiscal (MPF), junto al contador Héctor Enrique. En el organismo de control provincial entró a trabajar en 2004 y en 2019 pasó a la órbita del MPF.

“El contador General para dar respuesta a la solicitud fiscal nos requirió a dos contadoras colegas y a mí la elaboración de la respuesta. Nos constituimos en distintas oportunidades en sede de Fiscalía para tener acceso a los expedientes sobre los que debíamos responder, más de 70 que se mencionaban en el pedido”, recordó. “Todos los expedientes estaban vinculados a la contratación de publicidad. En algunos casos a la contratación, en otros casos a los pagos. En casi todos los expedientes había intervención de Contaduría General. Pero hubo dos expedientes que no identificamos, pensamos que pudo haber un error en los números. Y en un expediente no pudimos observar la intervención de Contaduría”, contó.

Cuando le preguntaron qué pudo haber pasado con ese expediente, respondió: “Si no tuvo intervención de Contaduría, pudo ser que no haya sido remitido para intervención de Contaduría”. Agregó que en ninguno de los expedientes estudiados en Fiscalía había observaciones de Contaduría. “No pudimos constatar observaciones”, descartó.

Después la consultaron los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano. La contadora explicó el rol de Contaduría General en actos administrativos, especialmente en contrataciones. “En toda contratación debe existir disponibilidad presupuestaria. Se verifica no sólo la disponibilidad de partida presupuestaria, disponibilidad que tiene vínculo con la dimensión del gasto. Además se verifica la competencia de quienes llevan adelante el proceso de contratación. La competencia no sólo tiene que ver con nivel jerárquico del funcionario que solicita la contratación, sino con el objeto y los recursos. Después hay un segundo momento que es previo a la materialización de la contratación, previo a la adjudicación. Lo que hace contaduría es verificar lo que aconteció entre la intención de contratación y finalmente cómo se adjudicará, particularizando en bien o servicio y determinado monto que se erogará”, describió.

Más adelante hubo una controversia entre Fiscalía y defensa por una consulta puntual, debido a que la testigo reconoció la existencia de un expediente que no pasó por Contaduría General por lo tanto el pago se habría efectuado sin ese control. El defensor Cullen quiso preguntarle puntualmente sobre ese aspecto, porque la pericia contable de Enrique -actual compañero de trabajo de Stepanic- asegura que se pagó en otro expediente. La mujer asentó finalmente que “en general la orden que interviene la Contaduría es orden de pago, podría llegar a existir una orden de pago que incluya varias órdenes internas que hayan pasado por Contaduría”.
Control sobre campaña anticipada
Juan Ramón Nicolás Costa es agente de la Policía Federal Argentina. En 2015 se desempeñaba en la Delegación Concordia, donde se le encomendó un relevamiento fotográfico en el marco de un expediente del Juzgado Federal Nº 1 de Paraná sobre actos de campaña electoral anticipada.

“Debíamos sacar fotos en todos los ingresos a los pueblos de cartelería, en base a campaña política, en ese momento estábamos en veda electoral”, contó. Ratificó todas sus declaraciones en el marco de ese informe, reconoció sus firmas y subrayó que no le pidieron “puntualmente de Urribarri, sino de cualquier candidato, los que se postulaban en distintos partidos políticos”.
Fuente: Análisis

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