Eso quedó en evidencia luego de que el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas (MEHyF), difundiera la Resolución 140/17. A través de ese acto administrativo el ministro Hugo Ballay aprobó la venta de títulos por 150 millones de dólares que se terminó pactando a una tasa del 7,55 por ciento y con vencimiento en el 2025. Fechada el 13 de noviembre pasado, recién se publicó un día más tarde. La difusión no incluyó los anexos documentales con los detalles del acuerdo celebrado con las entidades que intervinieron en la operación. La famosa letra chica.
Según lo informado en la edición 26.296 del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo avaló la intervención de las firmas que actuaron como mayoristas o compradores iniciales. Dicho sin tecnicismos: quedaron a cargo de la operación y ofrecieron los títulos entre inversores nacionales y extranjeros.
La lista de intermediarios incluyó al Citigroup Global Markets Inc.; al HSBC Securities Inc. (USA); y al Santander Investments Inc. Tres firmas que participaron en una controvertida operación de deuda efectuada por el gobierno nacional a mediados de este año.
Junto con el Nomura Investments Inc. fueron los encargados de la obtención de 2.780 millones de dólares a 100 años que tanto celebró la Casa Rosada en junio pasado. Una operatoria que el Ministerio de Finanzas de la Nación recién admitió una semana después de su concreción.
Además de contratar a esas tres firmas el gobierno entrerriano autorizó a los abogados Marcelo Etchebarne, Julio Segura, Antonio Arias, José Ignacio Sánchez Elía, Ignacio Bosch y Andrea Salvón a realizar diversas gestiones complementarias.
Todos integran el estudio Cabanellas, Etchebarne y Kelly, que además de tener oficinas en Buenos Aires y Nueva York, trabaja para el Citibank, el HSBC y el Santander. Se trata de uno de los pocos bufetes autorizados para participar en operaciones de este tipo en ambas jurisdicciones.
En virtud de la autorización que la Legislatura provincial le otorgó al Poder Ejecutivo para salir a los mercados financieros "se ha elaborado un Modelo de Memorando de Oferta preliminar, el cual contiene información relativa a la provincia, ciertos factores de riesgo y ciertos términos y condiciones relativas a la ampliación de los Títulos de la Deuda Pública ER 2017". Así lo dispuso la Resolución 140/17, que a través de los anexos trazó un perfil de la provincia y precisó cómo se encuentran las cuentas públicas. Sin embargo nada de eso se vio a través de la versión electrónica del Boletín Oficial, a la que se apela, por ejemplo, cuando hay que divulgar documentos voluminosos como los balances de empresas estatales o ciertas resoluciones del Consejo General de Educación (CGE).
En su descargo el titular de la cartera económica explicó que la documentación no estaba digitalizada. Fue así que ante la consulta de Elentreríos la desplegó sobre la mesa para reuniones ubicada frente a su escritorio: así se vieron cientos de folios distribuidos en varios cuerpos de expediente. También un par de cajas que se usan en archivos.
Entre otras cosas estaba la presentación elaborada para la ronda de presentación que Ballay y el gobernador Gustavo Bordet efectuaron con motivo de la primera emisión de títulos en Estados Unidos. Un documento de 20 páginas, escrito en español y en inglés, que acompaña a este artículo. Según consta en la Resolución 140/17 MEHyF, a través de su primer artículo se aprobaron "los siguientes documentos para la emisión de los Títulos de la Deuda Pública ER 2017 adicionales: (i) el modelo de Memorando de la Oferta preliminar, tanto en idioma inglés como en su traducción en español; y (ii) el modelo de texto del Contrato de Colocación Internacional ("Purchase Agreement") a ser celebrado entre la provincia, Citigroup Global Markets Inc.; HSBC Securities (USA) Inc.; y Santander Investments Securities Inc. como compradores Iniciales, tanto en idioma inglés conocen su traducción al español". Las tres firmas ya habían intervenido a principios de años en la colocación de otros 350 millones de dólares. Y en su elección incidieron dos factores: el visto bueno del Ministerio de Finanzas de la Nación y el cobro de una comisión menor a la de otros oferentes, como el Banco Francés o el ICBC.
