Para empezar a funcionar, los empresarios, de origen tucumano, tomaron créditos en bancos Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, todos con garantías del gobierno provincial. Dos años después de haber arrancado, en 1988, el ingenio azucarero quebró.
En el juicio de quiebra que se tramitó en los tribunales de la Provincia, el Estado se presentó como uno de los principales acreedores. Así, logró quedarse con la planta, ubicada en la zona costera de Victoria, según la resolución que adoptó entonces el Juzgado Civil y Comercial Nº 8.
A la vez que se cerraba la causa que derivó en la estatización de la planta de Victoria, en Tucumán se abría otra causa que consiguió declarar nula esa subasta en la cual la Provincia resultó adjudicataria del ingenio.
La discusión, entonces, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, diez años después de la quiebra del ingenio azucarero, declaró "inadmisible" el recurso de queja del Estado provincial.
Con esa resolución de la Corte, el predio de Victoria debió volver a subastarse: otra vez lo tomó la provincia, y en 2007 el predio fue entregado a un privado. Pero en la Justicia de Tucumán siguió tramitándose un juicio derivado del principal: a través del cual se reclamó el pago de honorarios a los peritos.
Discusiones e incidentes
La provincia acaba de cerrar un litigio que llevaba varios años, en distintos procesos vinculados a una demanda, iniciada en el año 1994 contra la Compañía Azucarera y Alcoholera Soler por Ejecución Prendaria e Hipotecaria.
Ese proceso, donde la provincia procuraba hacer efectivas las garantías que la Compañía oportunamente le diera, fue inicialmente promovido en la ciudad de Paraná y remitido luego a la ciudad de Tucumán, como consecuencia del proceso de quiebra.
Como consecuencia de ese proceso, se iniciaron una serie de incidentes, resultando el incidente de nulidad de subasta uno de los más significativos en cuanto a su trascendencia económica.
Particularmente, se discutía la validez de la subasta ordenada en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos. En ese incidente judicial, el síndico del concurso y su abogado pretendían fijar como base económica del litigio el valor del ingenio azucarero "recuperado" para la quiebra en su entendimiento, tras la sentencia favorable respecto de la nulidad de subasta, habiendo hecho varias presentaciones en ese sentido en la ciudad de Tucumán, donde tramita el juicio.
Así las cosas, en el mentado incidente se llegó a proponer, a instancia de los beneficiarios de los honorarios, la intervención de un perito que fijó la base económica en la suma u$s 35.000.000). La cifra surgió de la tasación de un ingenio azucarero en pleno funcionamiento en la República Oriental del Uruguay. La provincia rechazó esa pretensión, porque en ese caso se hubiese visto en la obligación de pagar honorarios del orden de u$s 1,5 millón.
Otra batalla judicial
Después de resuelta la quiebra y la subasta del predio del ingenio azucarero de Victoria, quedaba resolver la demanda del pago de honorarios por parte de los peritos. El pleito, otra vez, se siguió en los Tribunales de Tucumán.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, recuerda que desde el organismo se realizaron "todas las presentaciones judiciales necesarias para defender el patrimonio de la Provincia, proponiendo bases económicas inferiores e impugnando la pericial y las pretensiones de la contraria. Estas gestiones resultaron favorables pues el juez dio razón al fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos y desestimó el valor de un Ingenio Azucarero en funcionamiento como base económica, y asumió que debía tomarse el valor de la subasta anulada, que con intereses conforme tasa pasiva, era de $ 8.810.143,94", valor tomado al 13 de abril de 2016.
Pero los peritos no estuvieron conformes con esa decisión, y apelaron la resolución ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán: reclamaron que la base de cálculo se mantuviera en u$s 35.000.000. El planteo fue rechazado por la Justicia tucumana, que sólo corrigió la tasa de interés fijada.
Recientemente, y en un nuevo intento por modificar la base económica, el abogado Marcos Aníbal Rougés y el contador José Miguel del Carmen, los peritos, presentaron un nuevo recurso, esta vez de revocatoria ante la Cámara de Tucumán, e insistieron en su pretensión de estimar la base económica del litigio en u$s 35.000.000. Pero la Justicia de Tucumán volvió a rechazar esa pretensión.
Los números finales
Lo cierto es que frente a la pretensión de los peritos, que insistían en la base millonaria en dólares, la Provincia consiguió imponer su criterio respecto de la base de cálculo, y corregida la tasa aplicada, se llegó a un monto de 9.763.939,20 pesos, cifra actualizada al 13 de abril de 2016.
Sobre esa base, se calcularon los honorarios de los profesionales, que resultaron ser de 457.684,65 pesos para el abogado y de 244.098,47 pesos para el síndico. En total, 701.747,12 pesos
Los honorarios resultan ser, en total, un 7,18% de la base económica aprobada. Si la provincia no hubiera batallado contra aquella base de cálculo en dólares, el Estado provincial se hubiera visto en la obligación de hacer frente al pago de honorarios por más de 40 millones de pesos.
