Santa Fe no seguirá el camino de la Nación. Voceros de la administración santafesina de Omar Perotti indicaron que no están en condiciones de adelantar una suma porque incluso reorganizaron el cronograma de pago de salarios y lo completarán cerca del 15.
En el caso de San Juan, desde el gobierno de Sergio Uñac aclararon que no adhieren porque cuentan con cláusula gatillo, por lo que los salarios "se incrementan mes a mes de acuerdo con la inflación".
La misma situación de cláusula gatillo se da en Mendoza, donde fuentes cercanas al gobernador radical Rodolfo Suárez apuntaron que "se descarta" el pago de una suma a cuenta. Hace horas Suárez determinó que se congela por seis meses la suba de los salarios de los funcionarios del Poder Ejecutivo y que no cobrarán el incremento salarial del 6% correspondiente a la cláusula gatillo de este mes, que sí percibirán los empleados.
Desde el círculo del cordobés Juan Schiaretti indicaron que la provincia ya tiene cerradas las paritarias con todos los gremios estatales hasta febrero y que, respecto de una suma fija como adelanto de otros incrementos, esperarán a tener las precisiones de la decisión nacional.
En Entre Ríos, el equipo de Gustavo Bordet analiza los pasos a seguir: "La política siempre fue avanzar en paritarias, pero como es a cuenta de un incremento posterior se estudia qué hacer", afirmaron. En Tucumán, Juan Manzur "no considera" la entrega de una suma a cuenta de la negociación salarial.
La administración de Río Negro volverá a negociar salarios en la segunda quincena de este mes; hasta entonces evaluará si paga un adicional. Para el arranque del año tiene acordado con los gremios un alza de cuatro por ciento.
En Chubut, el gobierno de Mariano Arcioni todavía no pudo pagar el aguinaldo de diciembre a los estatales. Incluso se mantiene el escalonamiento de los salarios (pago por rangos).
La provincia atravesó una fuerte crisis en 2019, recibió asistencia nacional y ahora espera nuevo oxígeno de la Casa Rosada para poder cumplir con sus compromisos.
Para las provincias, el gasto en salarios implica en promedio entre 50% y 55% del total, por lo que la discusión paritaria para este año es clave. La mayoría intentará no repetir el esquema de la cláusula gatillo porque en 2019 le implicó que sus erogaciones reales crecieran al ritmo de la inflación, mientras que sus ingresos (tanto los propios como los de coparticipación) cayeron.
Además, en agosto -durante la gestión de Juntos para el Cambio- varias jurisdicciones se sumaron al bono de $5000 y eso ya tuvo un impacto extra en sus finanzas.
Adelantados
Gerardo Zamora en Santiago del Estero siguió la costumbre que ya lleva varios años, que es varios meses antes del cierre del año acordar con los estatales un bono. En esta oportunidad fueron tres pagos; el primero, de $8000 en agosto; después, $10.000, en octubre, y los últimos $8000, el mes pasado. "Con ese monto total, no hay margen ni para más pedidos ni para más pagos a cuenta", apuntaron desde la gobernación.El gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad, se adelantó a la decisión nacional y la semana pasada anunció un bono de $5000, que se pagará en dos veces, en enero y en febrero; alcanza a la administración pública y a los jubilados.
El riojano Ricardo Quintela apostó a más y confirmó $12.000 en tres partes para los empleados públicos provinciales y municipales y tres pagos de $2000 para los contratados, tutorías laborales y becas laborales provinciales.
La primera cuota se canceló el 27. "Sabemos de la necesidad de los riojanos y riojanas de pasar las Fiestas de la mejor manera, es por ello que la provincia se hará cargo en su totalidad de este beneficio tan demandado", dijo.
Gustavo Melella, en Tierra del Fuego, destinó $210 millones al "plan anual de recuperación del salario" que comenzó a cancelarse el último jueves. Los pagos -por escala salarial- van de $9000 a $15.000. Los docentes con menos de 21 horas reciben $7700 y los veteranos de Malvinas, $10.000.
Los empleados públicos de Corrientes recibieron un bono extra de $6000, que cobrarán este mes; también alcanza a jubilados y pensionados de la administración pública provincial.
