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A nivel nacional, la provincia se encuentra en el grupo de las jurisdicciones que menos obra pública recibe, con 30 kilómetros de ruta como inversión del gobierno nacional. Esta extensión corresponde al puente Paraná-Santa Fe.

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De los gastos presupuestados para este año, se desprende que el 25% no tiene una asignación provincial específica. Del resto, el 42% se concentra en Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le sigue Córdoba con el 4,5% y Santa Fe con el 4,3%. Hay 12 provincias a las que, en conjunto, se les asigna menos del 10% del gasto.
Licitaciones
Las licitaciones serán a través del programa de Participación Público-Privada (PPP). Los gobernadores siguen de cerca cómo es la distribución y qué distritos ganan y cuáles no con las obras que la Nación licitará a través del programa de Participación Público-Privada (PPP).

Por una cuestión de rentabilidad, los distritos centrales llevan la delantera en la adjudicación de los trabajos. El pedido de las provincias es que, en este mecanismo de financiamiento en el que el Estado pone el 70 por ciento de los fondos, “se priorice el criterio federal”.

La primera licitación, que se llevará a cabo el 20 de este mes, es para rutas y autopistas. En el Ministerio de Transporte defienden el criterio aplicado y recalcan que con la infraestructura por construirse se reducirán los costos logísticos.

Más allá de los reclamos individuales, los gobernadores apuntan a que la comisión bicameral encargada de seguir el tema -la preside el diputado Diego Bossio (Bloque Justicialista)- insista en que todos los distritos sean tenidos en cuenta a la hora de la distribución de las obras.

Fuentes cercanas al ministro Rogelio Frigerio plantearon a que los PPP son “también obra pública con un financiamiento que nos permite casi duplicar lo que venimos haciendo hasta ahora y que ya constituye un récord”. En esa línea indicaron que el déficit de infraestructura es “tan grande” que “se debe echar mano a cuanta herramienta exista para seguir achicando esa brecha. La legislación que tenemos es de las mejores del mundo”.

“Vamos a exigir un criterio federal y también a controlar el mecanismo de financiamiento, que aunque es interesante tuvo fallas en otros países”, dijo Bossio. El diputado planteó que está claro que ningún privado “pondrá plata donde no hay rentabilidad asegurada, pero para eso está el Estado”, y describió que, en ese sentido, la “variable federal” tiene que jugar “fuerte” en el esquema de financiamiento, en donde el 30% lo ponen los privados y el resto, el sector público.

El senador cordobés Carlos Caserio (Unión por Córdoba) explicó que "se buscará evitar arbitrariedades; que el reparto sea equitativo en función de las necesidades reales del país". En plena discusión por el pacto fiscal, los gobernadores plantearon que había una reducción de la cantidad de obras públicas asignadas a las provincias con el argumento de que parte de lo que les toque vendría con los PPP. "Y no llega ni por un lado ni por el otro", advirtió un ministro tucumano.

Este año, el mayor peso de la obra pública recae sobre el sistema de PPP; el presupuesto incluye 52 iniciativas por 21.000 millones de dólares. De ese importe global, Buenos Aires es la provincia más beneficiada para hospitales (serán seis; en el interior solo hay previsto uno para Neuquén) y cárceles (tres unidades). Se trata de proyectos más complicados porque su operación y gestión son más sofisticados que, por ejemplo, rutas o tendidos eléctricos.
Prioridades
La posición de los gobernadores con el PPP es similar a la que tienen con el Plan Belgrano, que apunta a revitalizar el norte del país y que también tiene proyectos por PPP. Hay reclamos porque entienden que existen "favoritismos" y que el desarrollo no es "armónico", según coincidieron distintas fuentes. Catamarca, Tucumán y La Rioja señalan que están rezagadas, por ejemplo, frente a Jujuy y Salta.

Eduardo Koch, experto en PPP del estudio Nicholson y Cano, advirtió que "en general siempre el sistema empieza con autopistas en áreas rentables y no con infraestructura social. Es que primero hay que atraer a los inversores, demostrarles que hay condiciones de seguridad jurídica y capacidad de repago. Si la propuesta es una obra donde el flujo de recursos es bajo, los bancos exigirán a los empresarios un tasa de retorno muy alta o directamente no les prestarán".

El próximo 20 de este mes se abrirán las ofertas para la primera parte de la red de Autopistas y Rutas Seguras, que prevé una inversión de 6000 millones de dólares en los primeros cuatro años del proyecto. Las obras claves están en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Córdoba y Santa Fe.
Fuente: La Nación - Análisis Digital

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