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El procurador Jorge García firmó una resolución en la que dispone la conformación de un órgano especializado en la investigación de delitos de corrupción contra la administración pública.

Designó a Cecilia Goyeneche como coordinadora, según trascendió en la publicación periodística de este viernes del sitio “Página Judicial”. También dispuso la creación de cargos para peritos contables e informáticos.

Revelado el movimiento del jefe de fiscales entrerrianos, la noticia es que habría por fin en Entre Ríos una fiscalía especial para investigar delitos de corrupción contra la administración pública.
Disposición firmada
El procurador Jorge García firmó este jueves una resolución en la que dispone la conformación de un órgano especializado en la investigación y acusación de delitos contra la administración pública y designó a Cecilia Goyeneche como coordinadora hasta tanto se realice el concurso correspondiente.

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La doctora Cecilia Andrea Goyeneche se desempeñaba, hasta el momento, como fiscal adjunta en el Ministerio Público Fiscal. Agrandar imagen
La doctora Cecilia Andrea Goyeneche se desempeñaba, hasta el momento, como fiscal adjunta en el Ministerio Público Fiscal.
Además, el jefe de los fiscales dispuso la creación de tres cargos de peritos contables y dos peritos informáticos, a fin de garantizar los medios técnicos y tecnológicos especializados para la investigación de delitos complejos, se indicó a Página Judicial.
Lo que dice la Constitución de Entre Ríos
La Convención Constituyente que sesionó en 2008 plasmó en la Constitución Provincial la creación de Fiscalía Anticorrupción bajo la órbita del Ministerio Público para la investigación de delitos contra la administración pública.

El artículo 208 de la Constitución establece que la Procuración General designará un fiscal con competencia en toda la provincia que tendrá a su cargo la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública y que deberá designarse con intervención del Consejo de la Magistratura.

También se establece que “la Procuración General asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad, para el cumplimiento de su cometido”.

Sin embargo, la Legislatura nunca reglamentó ese artículo y tuvieron que pasar diez años hasta que se echó a andar esa nueva estructura, ahora con impulso del procurador.
Fuente: Página Judicial.

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