-¿Cómo analiza esta situación de permanente conflictividad que se repite en distintos puntos del país, entre productores y algunas asambleas de ambientalistas, a raíz de las fumigaciones?
-Las sentencias judiciales no son para conformar a un grupo de personas ni medios periodísticos, por lo cual siempre habrá una mitad contenta y otra que no lo estará. El sector productivo debe tomar conciencia de los productos que está utilizando, porque he visto en allanamientos en Córdoba como los pobres peones de campo dormían al lado de los tachos, mientras el productor se iba a vivir a la ciudad. Esto no es una lucha de poder sino de conciencia de todos los sectores, sin llegar a convertirse en fanáticos o dogmáticos, con coherencia, sabiduría y capacidad de comunicación y entendimiento.
-¿Cree que la legislación nacional se encuentra a la altura de las circunstancias para preservar los intereses de ambas partes?
-Está la ley 24.051 por la cual yo condené, pero cada provincia que conserve autonomía para dictar sus propias leyes tiene su legislación ambiental sobre cómo se deben realizar las pulverizaciones respecto a capacitación y recetas fitosanitarias, que muchas veces se hacen en forma totalmente salvaje. La legislación está a la altura de las circunstancias, pero las personas que deben aplicarla muchas veces no.
-Usted ha sido autor de un fallo pionero en Latinoamérica, en relación a un caso de fumigación ilegal en Córdoba. ¿Cómo fueron los hechos?
-Yo juzgué penalmente la contaminación de un barrio, que se llama Ituzaingó Anexo en la zona sur de Córdoba, donde un productor agropecuario fumigó hasta los bordes del vecindario, incluso ocupando parte de campos que no le pertenecían, una vez en 2004 y otra en 2008. Se roció todo con una mezcla increíble de elementos químicos. La sentencia fue la primera en su tipo en el país y coronó una lucha de más de diez años de los vecinos del lugar, que estuvieron denunciando las consecuencias de las fumigaciones en su salud.
-¿Qué opina del reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, respecto a la prohibición de fumigar a mil metros de las escuelas rurales?
-Lo leí y me encantó. El código de procedimientos penales de Entre Ríos está copiado del de Córdoba, que ha estado siempre en la punta del viento en materia de legislación. En Entre Ríos ha salido ahora y no entiendo por qué los productores dicen que van a perderse de cultivar 300 mil hectáreas, porque veo que entre Nogoyá y Tala se están invadiendo hasta los costados de las rutas cultivando soja, cosa que está prohibida. Hay exageraciones de un lado y del otro: uno tiene que buscar el equilibrio basándose en la sabiduría, respetando lo que marca la legislación, sin llegar a ningún extremo de fanatismo para no perder credibilidad.
-¿Entiende que puede ser viable, en el corto o mediano plazo, avanzar hacia una producción agroecológica?
-De 1996 para atrás no existían las manipulaciones genéticas por agroquímicos ni muchos productos que son tan mal utilizados hoy en día. Antes se cultivaba orgánicamente e igualmente era rentable.
Sobre el histórico fallo
El tribunal presidido por Rodríguez condenó en 2012 a tres años de prisión condicional al productor rural Francisco Parra y al piloto aeroaplicador Edgardo Pancello por las fumigaciones ilegales en el Barrio Ituzaingó Anexo, cercano a Córdoba capital.Los hechos ocurrieron cuando la Municipalidad de Córdoba ya había declarado al grupo poblacional en emergencia sanitaria, entre otras razones por la presencia de productos agroquímicos contaminantes. Según la acusación, en las pulverizaciones realizadas sobre los campos ubicados en inmediaciones del barrio se utilizó endosulfán y glifosato, en violación a la Ley de Agroquímicos de Córdoba 9164, que prohíbe la aplicación aérea de esos productos agroquímicos en un radio menor a los 1500 y 500 metros de distancia de las poblaciones urbanas, respectivamente.
La causa fue elevada a juicio tras constatar que la zona estaba contaminada con un cóctel tóxico. En el Barrio Ituzaingó fueron denunciados 200 casos de cáncer, 100 de los cuales resultaron fatales. Además, sobre una muestra de 142 chicos se comprobó que 114 tenían agroquímicos en su organismo.
