"El Poder Judicial hace 10 años no le admitía ni a un periodista ni a nadie que nosotros no éramos ágiles ni eficientes, porque ¡¿cómo lo iba a admitir y menos públicamente?! Hoy lo admitimos. Ya es un gran paso admitirlo. Y estamos trabajando para corregirlo". Este fue otro giro sorpresivo que empleó la Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, decidida a marcar algo así como un antes y un después de esta entrevista. O, tal vez, un antes y un después de su gestión al frente del máximo tribunal.
Mizawak quiso explayarse -y pudo hacerlo- en asuntos que para ella son prioritarios. Por ejemplo, la nueva página web para transparentar las contrataciones; el gobierno abierto del Poder Judicial; el plan de saneamiento de personal; la nueva justicia penal para menores; y el Registro de Datos Genéticos de Abusadores Sexuales, a punto de instrumentarse gracias a un software que ningún otro poder judicial del país tiene.
Procesar la entrevista llevó muchas horas de trabajo. Lo más relevante está incluido en esta nota central, a manera de síntesis. Pero El Entre Ríos ofrece también otros 5 artículos, en los que el lector encontrará una fiel reproducción de los diálogos intensos que sobrevinieron al tratarse los temas más ríspidos.
Nacida para ser abogada
Eran las 19 del lunes 13 de junio. Afuera, un frío extremo. Adentro, en el confortable salón de la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, la calefacción calentaba el aire y obligaba a desprenderse de los abrigos. En la cabecera de una larga mesa rectangular, se ubicó ella, la Doctora Claudia Mizawak, Presidente del Superior Tribunal de Justicia. En el segundo asiento de los cuatro por lado, a la derecha de Mizawak, de espaldas al enorme ventanal que mira hacia la Casa Gris, lo acompañaba el Vicepresidente, el Dr. Bernardo Salduna.
A poco de escucharla, es fácil concluir que Mizawak nació para ser abogada. Se nota que disfruta a la hora de argumentar, defender, refutar, no sólo mediante el lenguaje verbal sino también el gestual. En efecto, sus manos se sueltan en todas las direcciones y su rostro, aunque casi siempre sonriente, transparenta ahora entusiasmo, luego incomodidad, más adelante firmeza y en varias ocasiones un indisimulado fastidio.
"Nunca pensé en otra cosa. Debo haber tenido 9, 10 años, cuando jugaba con una máquina de escribir viejísima que tenía mi papá...", confesó, remontándose a los orígenes de su vocación por el derecho. Contó con una mezcla de orgullo y nostalgia aquella ocasión en que fue elegida por sus compañeros de séptimo de las cuatro divisiones de la Escuela del Centenario para que hable en nombre de los alumnos. "De ahí en adelante me quedó como que era defensora de pobres y menores".
Ni bien pisó la Universidad, ya había decidido que lo suyo era el Derecho Penal. "Yo venía de una familia de comerciantes y cuando me recibí, mi padre, mi tío, toda una familia dedicada al comercio, dijeron que me iban a hacer un poder para que haga los cobros. No, no, yo no quiero hacer eso, porque no me gusta. Yo quiero hacer derecho penal. Entonces mi padre me dijo: 'Pero, ¿de qué vas a vivir?' Y sí, voy a vivir de esto, del derecho penal".
Mizawak no cree que su condición de género le haya jugado en contra en su carrera judicial. A diferencia de lo que sucede en los poderes judiciales de otras provincias, "la integración de la mujer en la justicia entrerriana es natural. No hay una ley de cupo que lo determine", explicó.
8 años sin Fiscalías Especializadas en Corrupción
Escudándose en un especial celo por no invadir esferas de otros poderes, Mizawak se mostró reacia a que el Superior, mediante una acordada, inste al Ejecutivo y al Legislativo a cumplir el artículo 208 de la Constitución Provincial vigente desde 2008, que ordena la creación de fiscalías especializadas en delitos de corrupción, aunque admitió que son "absolutamente convenientes".
El Dr. Bernardo Salduna imaginó otro escenario: "Si hubiera alguna petición de alguna persona que demostrara un interés, quizá podríamos aplicar la inconstitucionalidad por omisión. Pero así, hacerlo de motus propio, no creo, no creo que esté dentro de nuestras competencias". Lo de Salduna se pareció a una invitación para que un ciudadano se atreva a reclamar formalmente que de una vez por todas se cumpla con el mandato constitucional de crear las fiscalías que se abocarían exclusivamente a investigar los casos de corrupción en Entre Ríos.
Sobresueldos: "Injuria gratuita de un abogado local"
Con indisimulado enojo, Mizawak no dudó en calificar como "una injuria gratuita de un abogado local" a la versión sobre el pago de sobresueldos, en obvia alusión al Dr. Rubén Pagliotto, e incluso reconoció que el Superior Tribunal ha "estado pensando" en una hipotética acción judicial contra el letrado por sus "expresiones injuriantes", aunque aún no adoptó una decisión al respecto.
Dio detalles sobre el modo en que se asignan y se rinden los "fondos reservados", a los que prefirió llamar "Gastos Protocolares y de Representación". "La presidencia informa que se ha ejecutado en tal mes tanto, en tal mes tanto, en tal mes tanto", explicó.
Mientras Salduna opinó que si la polémica partida "genera suspicacias en la opinión pública", "ya hay consenso entre nosotros" para "modificarla", la presidenta del STJ prefirió trasladar al Poder Legislativo la responsabilidad de cambiar las reglas de juego: "que lo modifiquen legislativamente. A ver Bodean, vamos a entendernos, ellos están en todo su derecho de modificar esto en el próximo presupuesto. Y nosotros no participamos".
Justicia lenta: El Caso Smaldone
Mizawak reconoció la evidente lentitud del Superior Tribunal de Justicia para expedirse sobre la designación sin concurso de Guillermo Smaldone al frente del Tribunal de Cuentas. "Si yo no me equivoco, el plazo se vencía en junio del año pasado", dijo. Pero enseguida ensayó una justificación: los organismos "colegiados y tan numerosos conspiran contra las decisiones ágiles". En otras palabras, atribuyó la tardanza al tiempo indefinido que se toma cada Vocal para emitir su voto: "Puede haber uno que lo tenga un mes, puede haber otro par que lo tenga tres meses y otro par que lo tenga 15 días. En total, a lo mejor, suman un año", deslizó.
Al responder sobre el Caso Smaldone, Mizawak y Salduna dejaron traslucir algunos desacuerdos, aunque coincidieron en que no toda la causa devendría en abstracta tras la renuncia del presidente del Tribunal de Cuentas.
"Hay otro tema ahí. Piden que el Tribunal, por una inconstitucionalidad por omisión, intime a la Legislatura a dictar la reglamentación del concurso. Ese tema lo tenemos que resolver, salvo que en el ínterin la Legislatura dicte la Ley", aclaró Salduna.
Reventa de armas: "No nos cruzamos de brazos"
La Doctora Mizawak aseguró que el STJ desempeñó un rol clave para que se pudiera avanzar en la investigación de la reventa de armas del depósito judicial. "Nosotros fuimos los grandes impulsores de todo esto", dijo. "No nos cruzamos de brazos -aclaró-, no cerramos los ojos, no escondimos la basura bajo la alfombra, nada de eso. Y nos encontramos con algo más grande de lo que imaginábamos".
Aunque pidió que no fueran publicados los detalles, Mizawak reveló cómo fue la pesquisa para identificar quién era "Maxi", el hombre que aparecía de manera reiterada en las escuchas telefónicas y que "resultó ser un empleado del Departamento Médico Forense".
El "enganche" con la Corte, sinónimo de independencia
El tono apasionado que empleó la presidenta del Superior Tribunal de Justicia en varios tramos de la entrevista cobró aún mayor fuerza cuando se le preguntó por los salarios. Mizawak está convencida de que la Justicia entrerriana logró "mayor independencia, categóricamente", gracias a la Ley 10068, que enganchó de manera automática las actualizaciones de los haberes de todo el personal con los reajustes que dispongan en sus sueldos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mizawak se preocupó en aclarar que el "enganche con la Corte" no fue producto de una negociación secreta ni espuria sino el resultado final de 6 meses de trabajo de la "Mesa del Consenso Salarial", donde confluyeron el sindicato (AJER), la Asociación de Magistrados, dos vocales del Superior Tribunal de Justicia y representantes de los dos ministerios públicos, la Procuración y la Defensoría.
Fue más allá al valorar la ley 10068 como sinónimo de "autonomía presupuestaria" e "independencia judicial", porque dejó atrás las desgastantes pujas con los empleados y con el Ejecutivo para actualizar los salarios. "¿Usted sabe lo que es todos los años estar discutiendo cuánto se aumenta y, en tiempos de mayor inflación, cada tres meses?", enfatizó.
Un "poder diferente" con salarios diferentes
Mizawak apeló a un particular giro expresivo para hacerse eco de las críticas de la sociedad por los abultados salarios de la Justicia: "Yo no voy a poner en dudas que nuestros salarios, puestos en perspectiva con el resto de los efectores públicos, están por encima. A esto no lo estoy poniendo en duda. Lo que sí quiero que se entienda a esto como un poder diferente que se dio una discusión salarial específica".
La cárcel que es "un horror"
La Doctora Claudia Mizawak resaltó los logros del nuevo sistema procesal penal, que permitió acortar sustancialmente el tiempo promedio de las causas, aunque admitió que trajo como efecto colateral "la superpoblación carcelaria".
"En algunas cárceles se ve muy patético esto. Llámese Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Ni hablar de Paraná. La de Gualeguaychú está muy deteriorada, es muy antigua, las paredes todas muy húmedas construidas sobre barro, con esos ladrillos de barro de 40 o 50 cm. La verdad es que es un horror la de Gualeguaychú", admitió.
En este como en otros asuntos, Mizawak apeló al recurso de la comparación con otras provincias en peor situación. "Yo que ejerzo la profesión en lo penal desde que tenía 23 años, si tengo que comparar con el resto del país y la posibilidad que he tenido de conocer unidades penitenciarias de Santa Fe o de Buenos Aires asistiendo a personas privadas de su libertad, realmente Entre Ríos es un paraíso", definió.
Se mostró orgullosa porque en la provincia "el 80% de las personas privadas de su libertad son condenados. Eso nos hace distintos al resto del país. Eso no es así en todas las provincias argentinas y mucho menos en el orden federal donde hay causas con prisión preventiva de procesados hace 10 años. Eso no existe acá en la provincia. No existió nunca".
"¡Así no hay poder judicial que aguante!"
Hay que buscar casi que con lupa o apelar a refinadas interpretaciones para hallar en las respuestas de Claudia Mizawak alguna palabra que contenga o insinúe un reproche hacia los otros poderes del Estado.
Cuando se le preguntó por las carencias sociales que las políticas públicas no consiguen reparar y que derivan en un crecimiento en el número de delitos y en una saturación de la Justicia, fue Saldura quien intervino para marcar la cancha: "Nosotros actuamos sobre las consecuencias. Sobre las causas tienen que actuar otros. No tenemos herramientas para actuar sobre las causas. Nos llegan los casos cuando son hechos consumados".
"Asistimos hace 10 o 15 años a que sea el Poder Judicial quien dirima los conflictos políticos. Esto es así, guste o no nos guste. Y así no hay poder judicial que aguante", concluyó.
Jueces interinos, más de la cuenta
Tanto Mizawak como Salduna admitieron estar preocupados por el alto porcentaje de jueces interinos, nombrados sin concurso y en forma directa por el Poder Judicial. Para el nombramiento de los titulares "tienen que actuar con celeridad y premura el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo que tiene su cuota de responsabilidad y el Senado que también tiene la suya", resumió.
Pero descartó de plano toda posibilidad de que el Poder Judicial se autolimite y renuncie a su potestad de nombrar interinos, como estrategia para apurar los tiempos del Consejo de la Magistratura. "No. Sería terrible. Si vencidos los 30 días de la vacancia el Tribunal Superior no le diera cobertura, eso implicaría que un juez tenga a cargo dos juzgados como subrogante. Sería un estropicio para los judiciales, para todos", enfatizó.
"En los ministerios públicos, los interinos ascienden al 37%. Hay fiscales y defensores desde el año 2009, 2013. Y no están incluidos en el programa de concursos para el 2016. Va a haber interinos de entre 7 u 8 años... Esto no es saludable", había dicho la presidenta del STJ, al inaugurar el año judicial.
La "responsabilización" de los menores
Mizawak está entusiasmada con la creación de un sistema penal para menores. "Es una iniciativa legislativa del Superior Tribunal pero que no la trabajó el Superior únicamente sino que la trabajaron los jueces de menores. Ya tiene media sanción de Senadores".
Explicó que el sistema actual que tiene la justicia para atender causas que involucran a menores es "inconstitucional. Grabemos esto en la cabeza. El sistema vigente, la 22278, no pasa ningún análisis de constitucionalidad hoy, nacional ni de los pactos internacionales incorporados por la Constitución Nacional".
Con el nuevo sistema, el menor "debe pasar por una instancia que se llama de responsabilización. No se le va a aplicar pena, pero tampoco no se lo va a llamar nunca como sucede hoy, porque hoy, entre los de 14 y 16 años, ni siquiera se lo llama y se le dice '¿vos sabés que se te acusa de haber cometido esto?' Es decir que hoy en día, el menor ni se defiende ni nada. Queda en el imaginario colectivo que ese menor fue autor de un homicidio, pero a ese menor nadie le reprocha nada y a lo mejor no fue. Tampoco se le da un espacio donde él tenga la posibilidad de decir 'no, mirá, yo justo me corrí y fue mi hermano que estaba atrás quien disparó'. Ni siquiera esta posibilidad tiene hoy".
"¿Y la infraestructura para atender a los menores?", preguntó El Entre Ríos, no sea que quede establecido un procedimiento para actuar pero luego no haya ni el recurso humano ni el material. "En este caso los recursos económicos son para el Poder Ejecutivo y son del Poder Ejecutivo", respondió Mizawak. "Porque este chico no va a estar judicializado plenamente. Se lo judicializa, para darle un nombre aunque no sea correcto, parcialmente. Se lo judicializa incluso voluntariamente".
"Lo que pedimos son lugares adecuados. No hay en la provincia o hay en forma insuficiente lugares adecuados para tratar jóvenes con problemas con la droga, jóvenes con problemas con el alcohol, jóvenes con problemas de abusos sexuales y de desviaciones sexuales de todo tipo. No hay lugares. Porque tampoco los podemos encerrar, este es el asunto, porque no les damos ningún tratamiento".
El ADN de los abusadores sexuales
La tecnología para llevar a cabo estudios genéticos es otro motivo de satisfacción para Mizawak. No ahorró elogios al titular del laboratorio de genética forense, al Dr. Gustavo Martínez. "Él reúne las capacidades y en extremo. Lo que hizo este Tribunal fue facilitarle todo. Compramos un secuenciador de ADN, el año pasado, que salió casi dos millones de pesos, 1.950.000, que va a permitir hacer ADN mitocondrial".
El flamante equipo "va a permitir no sólo hacer muchos ADN, más rápido y mayor cantidad, sino también hacer estudios poblacionales. Estudios de mucha importancia, no para el Poder Judicial sino para la provincia de Entre Ríos. Ese equipo es una maravilla y estamos recién capacitando al personal para usarlo".
El equipo, el software y el personal capacitado se combinarán para hacer realidad el "registro de datos genéticos para abusadores sexuales".
La página web como instrumento de transparencia
La nueva página web con las contrataciones, lo que ella denomina "gobierno abierto del Poder Judicial" y el "Plan de saneamiento de personal" son otras tres acciones que Mizawak exhibe con indisimulado orgullo.
"Hasta el 2014, el poder judicial no tenía una página web donde publicara sus contrataciones", se apuró a resaltar antes de que finalice la entrevista.
El "gobierno abierto"
Casi del mismo modo introdujo la cuestión del gobierno abierto. "Le quiero resaltar otro tema y a ese se lo voy a imponer yo", dijo, esbozando una sonrisa, casi una catarsis tras soportado sin perder la compostura los asuntos que más la incomodan. "En todas las decisiones que toma el Superior Tribunal de Justicia como gobierno del Poder Judicial, citamos a la Asociación de Magistrados, a la AJER, a todos nuestros actores, a la mesa de la decisión. Podríamos tomar la decisión en el Superior Tribunal. Las decisiones son consensuadas. Se hace una mesa. Por ejemplo, el mes que viene vamos a poner en funcionamiento la mesa de reforma de la ley orgánica. Tenemos una ley orgánica de la dictadura vigente, que no acompaña ninguna de las creaciones de ese 38% de organismos jurisdiccionales que tenemos".
El Plan de Saneamiento del personal judicial
La entrevista había comenzado pasada las 19 y ya eran más de las 21. Las luces del palacio de tribunales se habían ido apagando. Pero Mizawak aún se sentía con ganas de agregar un último tema, al que consideró "un orgullo del Poder Judicial de Entre Ríos": el Plan de Saneamiento del Personal.
Desafiante, la presidente del Superior arremetió: "Yo quiero saber en qué Poder la gente entra por concurso de ingreso abierto y asciende por concurso cerrado. En qué Poder llevamos dos años de gestión con 35 concursos. Yo quisiera saber dónde han visto ustedes 35 concursos, con lo que eso demanda. Ascendieron, en Paraná no más, 246 personas, entre septiembre y diciembre y mediante concursos cerrados".
"Esto fue consensuado acá (golpea la mesa). ¿Qué quiere decir? Vino la Asociación de Magistrados, vino AJER, vinieron los Ministerios Públicos, porque ¿qué pasaba? Nosotros decíamos concurso abierto de ingreso pero los ministerios públicos hacía, cada uno, su política. Vinimos acá, firmamos todo, ellos van a participar de nuestros concursos, los hacemos nosotros y ellos toman de ahí. Una serie de cosas que hubo que pautar. Eso nos llevó todo el año 2014, yendo y viniendo, para atrás, para adelante. Terminamos muy bien el año 2015 con esta cuestión, pero nos insumió mucho tiempo".
"Hoy estamos haciendo -ya lo presentamos en Paraná- un software especial que se llama SGP, Sistema de Gestión de Personal, que es diseñado con un sistema libre, que lo vamos a poder modificar nosotros, que está patentado para nosotros. Vamos a saber exactamente qué tenemos en cada jurisdicción. A eso no lo sabía el Poder Judicial hace dos años".
Sobre el cierre, redobla la apuesta: "Sería bueno que algún periodista venga a observar un concurso, porque a esas cosas no las viene a ver nadie. Acá se presentan 1300 personas a un concurso abierto y hay que preparar 1300 computadoras".
