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El gobierno nacional envió al Congreso la nueva ley de blanqueo de capitales en el exterior para ser tratada en las sesiones extraordinarias.

El proyecto se llama “declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizada”, es decir, un blanqueo de capitales para acompañar la puesta en marcha del acuerdo IGA 1 con Estados Unidos, en el marco de la ley Fatca.

Este proyecto será una de las prioridades en las 7 iniciativas económicas que podrían incluirse en el listado.

A partir de la puesta en marcha del acuerdo automático de intercambio de información tributaria con Estados Unidos, el Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, busca por un lado “seducir” con alícuotas bajas para que los evasores ingresen.

Mientras espera recibir los datos a nivel masivo, que llegarán en 2024, va en busca de las “cuentas espejo” a través de grupos de contribuyentes.

Tributaristas consultados consideraron que son las “bajas alícuotas la principal arma de seducción” que tiene este régimen, según aseguró el contador Martín Caranta, socio en Litvin & Asociados.

Las alícuotas van entre el 2,5%, el 5% y el 7,5%, según el momento en que se blanquee, tal como figura en el borrador del proyecto de ley. De todos modos, Caranta anticipó que estas fechas seguramente sea modificadas, dado que la primera alícuota del 2,5% estaba prevista inicialmente hasta el 31 de marzo. Por más que estos penalidades se dupliquen para los casos en los que los bienes se mantengan en el exterior, Caranta opinó que eso no necesariamente va a significar repatriación. “Las alícuotas siguen siendo bajas, un 5% también es atractivo”, agregó.

En la misma línea, el tributarista Sebastián Domínguez también aseguró que el proyecto es “económicamente conveniente”. Esto es porque además, explicó que los bienes que deben valuarse en dólares se transforman a pesos al tipo de cambio oficial, y el impuesto se puede pagar convirtiendo los dólares en pesos al tipo de cambio implícito MEP, por lo que “la alícuota efectiva del impuesto termine siendo de alrededor del 1,4% en términos reales, o 2,8% en los casos donde no haya repatriación".

“La relación costo versus liberación de impuestos, intereses, sanciones y resolución del tema de la persecución penal es muy beneficiosa”, aseguró Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios. Sin embargo, los expertos marcan algunos desafíos. Por un lado, el político. “En Senadores está descartada la aprobación, pero la incógnita es el quorum en Diputados”, afirmó Domínguez. Pero además, alertan por la “falta de confianza”, debido a los cambios de reglas de juego, en los aumentos que hubo en el impuesto a los bienes personales, tanto en este gobierno, como en el anterior.

Según Caranta, una forma que tiene el Gobierno para generar confianza es dar “estabilidad de reglas a futuro”, en el caso del impuesto a los bienes personales y a las ganancias, “para que vuelva a ser progresivo y no grave rentas ficticias, aquí podría estar la zanahoria del régimen”, agregó.

Además, aseguró que en el proyecto podría detallarse si se libera a los contribuyentes del aporte solidario del año 2020, dado que podrían incrementarse los patrimonios y más personas podrían verse alcanzadas. “No parece conveniente al régimen porque algunos van a tener que pagar la alícuota del blanqueo y el impuesto a la riqueza”, afirmó.

Juntos por el Cambio no dará quórum en las sesiones extraordinarias

El jefe de bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, anticipó hoy que Juntos por el Cambio no dará quórum en las sesiones extraordinarias a las que convocará el Gobierno a raíz del rechazo al proyecto con el que el oficialismo busca desplazar de sus cargos a los jueces de la Corte Suprema.

“No vamos a acompañar algo que es para romper el sistema de Gobierno y la división de poderes”, señaló el opositor en declaraciones radiales. Y en esta línea reafirmó que “Juntos por el Cambio no va a acompañar ningún ataque a la Corte y no acompañará ninguna ley más hasta que esto no pare”.

Si así fuera, el Frente de Todos encontrará en la principal bancada opositora una barrera en su intención de aprobar –más allá del juicio político a la Corte– una serie de proyectos de índole económica, como la prórroga de la moratoria previsional, el blanqueo de capitales, la suba de impuestos y la reforma a la ley de lavado de activos.

“El Gobierno no registró que en las últimas tres sesiones no tuvo quórum porque quiso imponer unilateralmente una agenda”, advirtió López, que recordó el fracaso de las últimas convocatorias al recinto, en las que iban a tratarse la creación de nuevas universidades nacionales y la moratoria, entre otros proyectos.
Fuente: Ámbito

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