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Alejandro Matías Plugoboy es abogado. Actualmente se desempeña como docente en las carreras de Abogacía y de Ciencias Políticas y Relaciones Internacional de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Paraná.
1) Hay premura
Entrevistado por El Entre Ríos, realizó un análisis de la legalidad o constitucionalidad del proyecto por el que la gestión de Gustavo Bordet pretende instrumentar una cuenta pendiente de la democracia provincial, la Fiscalía Anticorrupción contemplada en la Constitución Provincial reformada por última vez en 2008. “La impresión que a uno le causa genera algunas suspicacias. Pueden señalarse algunos puntos como objetables pero lo que más llama la atención del proyecto es la premura con la que se pretende instrumentar el funcionamiento de esta Fiscalía Anticorrupción”, indicó inicialmente en el diálogo que mantuvo con el programa “Despertá con Nosotros” (lunes a viernes de 7 a 9 por www.oidmortalesradio.com.ar).

Aclaró que la iniciativa del gobernador Bordet, que ingresó a Diputados en marzo último, no es la primera que procura instrumentar la Fiscalía Anticorrupción. “Hubo otros, recuerdo uno del diputado Jorge Monge, otro del diputado Zavallo, que tienen sus buenos años”.

-¿O sea, hubo etapas donde entraban iniciativas para cumplir con un mandato constitucional, pero no pasaba nada?
-No, no pasaba nada. Yo participé de algunas reuniones de trabajo legislativo como asesor pero quedaban paradas en un estudio de asesores y no tenían ningún otro trámite legislativo. Fíjese que este proyecto, que fue ingresado relativamente hace poco tiempo porque ingresó el 14 de marzo (en la sesión del 15 de marzo) y ya está convocada a Comisión la Cámara de Diputados, para este martes. Hay una premura evidente. En efecto, tal como informó la Cámara de Diputados de Entre Ríos, este martes a las 9 se realizará una reunión de la Comisión de Legislación General, presidida por la diputada Carina Ramos (del bloque del Frente Justicialista Creer Entre Ríos) y otra de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside el diputado Juan Pablo Cosso( del bloque Frente Justicialista Creer Entre Ríos), en la que se tratará el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
2) potestad del gobernador
Señaló que, específicamente el artículo 8 del proyecto legislativo, “prevé que inmediatamente promulgada la Ley deben llevarse adelante los concursos para designar los cargos que están previstos por esa Ley. De manera que va a ser el gobernador Bordet, y entiendo que la voluntad política del oficialismo es avanzar cuanto antes con este proyecto, el que va a poder designar estos funcionarios encargados de llevar adelante el organismo”.
3) Causas a remitir y contexto
El mismo artículo, añadió luego el asesor legislativo especializando en Derecho Constitucional, no sólo prevé la instrumentación de manera inmediata de los concursos sino que, “lo más preocupante de todo, es que también prevé que sean remetidas todas las causas que se encuentran en trámite dentro de la Fiscalía, dentro de los 15 días corridos de la puesta en funcionamiento la Fiscalía Anticorrupción”.

Dicho de otro modo, todas las causas de corrupción que actualmente lleva el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción que en su momento estaba a cargo de la doctora Goyeneche, hoy suspendida, deberían ser en 15 días corridos a la nueva Fiscalía que se instrumente.

Hay un contexto, evaluó Plugoboy. “Uno trata siempre de hacer un análisis lo más ecuánime posible de la iniciativa de Ley pero me parece que en este tema, los que valoramos políticamente la iniciativa, no podemos dejar de contextualizarla respecto a lo que es la circunstancia socio-política o socio-judicial que atraviesa la provincia, sino pecaríamos de ingenuos”, advirtió.

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Plugoboy es asesor legislativo y profesor Superior en Abogacía, especializando en Derecho Constitucional. Agrandar imagen
Plugoboy es asesor legislativo y profesor Superior en Abogacía, especializando en Derecho Constitucional.
“Es decir, no podemos desconocer que hay un proceso de jurado de enjuiciamiento contra la procurado Goyeneche y que hay una serie de causas de corrupción donde están investigados funcionarios, de la anterior gestión e inclusive algunos con contactos en esta gestión”, remarcó en alusión a, megajuicio al exgobernador Urribarri y algunos exfuncionarios como también la denominada causa “Contratos Truchos” en la Legislatura provincial.
4) Los peritos, elegidos por el gobernador
Otro tema por el que se lo consultó tiene que ver con lo que hizo ruido en el Ministerio Público Fiscal, según fuentes consultadas por El Entre Ríos. Es decir, que los peritos de la Fiscalía Anticorrupción vayan a ser nombrados por el Poder Ejecutivo. “La ley prevé una serie de cargos técnicos para poder llevar adelante este tipo de función investigativa, que requiere un expertise determinado. O sea, de gente capacitada en determinadas áreas”, ilustró.

E inmediatamente después profundizó: “Hubo dos cargos de contadores públicos, por una parte; y expertos en informática, por otra parte. El tema es que en esos cargos, la iniciativa de Ley prevé que van a ser designados por decreto del Poder Ejecutivo previo concurso y apoyatura del Consejo de la Magistratura”.

Explicó que “el Consejo de la Magistratura elevaría una terna al Poder Ejecutivo que elegiría de esa terna a alguien. La cuestión constitucional acá genera una alarma porque estos son cargos que estarían dentro de la órbita del Ministerio Público, por ende dentro de la órbita del Poder Judicial”, sostuvo y remarcó que “aquí estamos hablando de una designación personal del Poder Judicial, realizada por el Poder Ejecutivo. Es una clara invasión a facultades de otro poder y, por ende, una afectación clara al principio de división de poderes”.

-¿Tal vez es una de las observaciones más críticas del proyecto?
-Es una de las más críticas, además por la importancia que tienen los peritos en las causas de corrupción. Un informe pericial sobre, por ejemplo, un enriquecimiento ilícito para ver cuánto aumentó económicamente el patrimonio es una prueba clave en este tipo de delitos. Además de que está mal que lo elija el gobernador, porque se entromete en facultades propias de otro poder (la Ley orgánica del Ministerio Público incluye la competencia de designar a su personal); está la suspicacia de por qué tiene que elegir dentro de una terna. Deberían estar lo que están mejor puntuados del concurso. Si yo pensara mal diría que el Ejecutivo, de estos 3 mejores candidatos cuál es el que más le gusta.
5) privilegios a funcionarios
“Otra cuestión, que también hemos señalado como punto de advertencia, es que se tenga cuidado a la hora de analizarlo en Comisiones ya que hay cierto privilegio que se le da a los profesionales que tengan alguna experiencia en la prestación de servicio en el ámbito estatal a la hora de puntuar sus condiciones en el Consejo de la Magistratura”, reveló luego el abogado.

Aclaró que, de momento, en la página de la Cámara de Diputados de Entre Ríos solamente puede accederse al proyecto a la Legislatura por el gobernador, no así a los fundamentos del proyecto. “Uno podría entender que lo que se busca es un perfil de profesionales que tengan conocimiento de la administración pública para saber hacia dónde apuntar la investigación. Desde esa perspectiva tendría algún grado de razonabilidad”, admitió.

Lo relevante, afirmó, es que deberá puntuarse adecuadamente. “Ese puntaje debe ser razonable, no puede ser excluyente de otros profesionales del derecho que quieran competir o participar del concurso. Si no se estaría violentando el derecho de otros colegas de poder participar del concurso”.

Otra interpretación posible, “si yo quisiera pensar mal” indicó y explicó: “diría que tal vez está buscando un perfil de colegas primero que haya participado de la gestión de Gobierno o en la administración del actual Gobierno. Hay varios funcionarios judiciales de envergadura que han sido funcionarios del gobernador Urribarri e inclusive del gobernador Bordet y que así, leído el artículo, podrían tener un privilegio importante, una mayor puntuación”.

“Es la alarma que prendemos para que se mire y que después no nos sorprendamos en la reglamentación que haga el Ejecutivo no nos aparezca un decreto como apareció en el concurso del Tribunal de Cuentas donde insólitamente se meritó, con mayor porcentaje, por el haber participado en organismos de control constitucional con la clara intención de favorecer al entonces diputado Diego Lara que, a la postre, terminó siendo elegido presidente”.

“Es decir, esto es inconstitucional, en una acción que prevé nuestra Constitución entrerriana. Desde ese aspecto, podría haber una modificación y también podría haber una agregación que sea más elocuente de cómo se va a computar este mayor puntaje que se le va a dar a los colegas que participaron de la administración pública”, expuso.
¿En sintonía con la defensa de Urribarri?
Y cerró con una reflexión de plena actualidad: “Por ahí yo escuchaba la defensa de Urribarri y no vaya a ser que este proyecto esté en sintonía con lo que piensa la defensa del exgobernador Urribarri en la megacausa que sostiene que, habiendo Tribunal de Cuentas y habiendo intervenido la Contaduría General de la Provincia y no habiendo observado en ningún trámite de la administración, no hubo delitos contra la administración”.

“Tal vez se quiere a un profesional que mire si intervino la Contaduría General, si intervino el Tribunal de Cuentas y no hizo ninguna observación, bueno no hay delito. Lo que es un verdadero disparate porque el Tribunal puede controlar por ejemplo que un pliego no tenga clausulas destinadas a cercenar la participación pero no puede saber si el adjudicatario de la licitación previamente había hablado con quien hizo los pliegos o si tienen acuerdos comerciales”, dijo.

Otra pregunta estuvo apuntada a si observa margen para que se modifique el proyecto, tal como lo presentó el Ejecutivo. “Esto de la designación de los peritos por parte del Poder Ejecutivo es algo muy burdo, que creo que el Ejecutivo puede ir atrás. Entiendo que va a querer hacerlo de esta manera porque sino incluso se podría discutir la constitucionalidad, en mero interés de la legalidad”.
Fuente: El Entre Ríos - Oíd Mortales Radio.

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