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Germán Buffa, en Tribunales.
Germán Buffa, en Tribunales.
Germán Buffa, en Tribunales.
El empresario Germán Buffa, titular de la firma Global Means SA, está cerca del juicio oral y público en la causa en la que está acusado de haber sido cómplice primario por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en la que, además, están procesados el exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri y su ladero, el exministro de Cultura y Comunicación, el también diputado Pedro Báez. Es en el marco de la causa en la que se investigó el presunto otorgamiento irregular de publicidad oficial en 2011, durante la gestión de Urribarri como gobernador y Báez como Director de Información Pública.
Buffa, camino al juicio
Fuentes judiciales consultadas confirmaron que la Fiscalía prepara el pedido de remisión a juicio para Buffa, contó el periodista Gonzalo Núñez. El escrito será presentado ante el juez de Transición Gustavo Maldonado.

La solicitud de elevación a juicio se hará según lo establece el artículo 199°del viejo Código Procesal Penal de Entre Ríos (artículo 22° del actual), en el que refiere que “cuando se proceda contra varios imputados y sólo alguno de ellos goce de privilegio constitucional, el proceso podrá formarse y seguir respecto de los otros”.
¿Por qué no incluirá a los diputados provinciales?
Por ello, en esta etapa, el escrito que presentarán los fiscales no incluirá a Urribarri y Báez, cuyos pedidos de desafuero están bajo análisis de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside el oficialista Diego Lara. Sin el desafuero, ni Urribarri ni Báez pueden ser llevados a juicio. El empresario que está cerca del banquillo de los acusados maneja una franquicia de Planeta Pizza, en Paraná, e integra el directorio de Sociedad Anónima Entre Ríos (Saer). Además, está sindicado de ser “testaferro” del diputado Báez en una causa por enriquecimiento ilícito.

Acompañado por su abogado José Velázquez, Buffa amplió su declaración indagatoria el pasado 31 de julio en el juzgado de Transición a cargo del juez Maldonado. Su presentación fue un intento por dilatar los tiempos del proceso en su contra, habida cuenta que la Fiscalía sólo puede avanzar con su juzgamiento.

El empresario sólo se limitó a presentar un escrito en el que volvió a negar haber “acordado” con Báez y Urribarri una publicidad para su empresa Global Means SA. por un monto de $118 mil. Lo curioso, según advirtió la Fiscalía, es que la contratación se realizó unos meses antes de que la firma fuera constituida legalmente.

El día que el empresario se presentó en Tribunales coincidió con la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se trataron tres pedidos de desafueros: dos para Urribarri y Báez –una de ellas pedidas por el juez Maldonado, que los procesó el 28 de febrero de este año-; y uno para el diputado sindicalista José Allende.
La causa, iniciada en 2013
Esta causa se abrió en 2013 tras una denuncia del entonces diputado nacional por la UCR, Jorge D’ Agostino. La acusación fiscal dice que el 1º de julio de 2011, Urribarri, siendo gobernador, y Báez, como director de Información Pública, “direccionaron hacia la firma Global Means SA, la orden de publicidad Nª 2038, por medio de la cual se contrató vía directa, los avisos titulados ‘Avisos 1: Entre Ríos Exporta’ y ‘Aviso 2: Entre Ríos invita’, a publicar en las ediciones Nº 91 y 92 del periódico Diario Agroempresario, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2011, por el precio total de $118 mil, aprobada mediante decreto N° 1057 de fecha 18/04/2012”.

“Dicho direccionamiento arbitrario se produjo de común acuerdo y connivencia previa con el Sr. Germán Esteban Buffa, presidente de la firma Global Means SA, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nª 5140, decretos reglamentarios y Constitución Provincial), contratando los funcionarios referidos una empresa que al momento de emitirse la orden de publicidad no existía legalmente, ni cumplía con los requisitos para estarlo”, completa.

En el caso de Urribarri y Báez, un obstáculo legal les otorga tranquilidad. Y es que si los pedidos de desafueros no prosperan, las actuaciones pasarán al archivo hasta que se pueda proceder a juzgarlos.

Así lo indica el artículo 198º del antiguo ordenamiento procesal penal: “Si fuere denegado el desafuero del Legislador o no se produjere la suspensión del funcionario imputado, el Tribunal declarará por auto que no puede proceder, y ordenará el archivo de las actuaciones. En caso contrario el Tribunal dispondrá la formación del proceso por instrucción formal o dará curso a la querella”.
Fuente: Entre Ríos Ahora.

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