El planteo fue realizado por los letrados Miguel Ángel Cullen y Rubén Pagliotto. Ambos le apuntaron a Ríos por haber participado como abogado de la causa contra Varisco, por homicidio culposo, tras el accidente automovilístico en el que falleciera la concejal Mercedes Lescano de Gemignani, en diciembre de 2003.
La cita será a las 12 de este lunes 28 de mayo. A esa hora, los camaristas Mateo José Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, llevarán adelante la audiencia en la que se pretende enjuiciar la conducta del juez federal Leandro Ríos, tras el planteo de los abogados de Sergio Varisco. Fue el lunes pasado en que Miguel Ángel Cullen –conocido por ser uno de los defensores de Sergio Urribarri y varios de sus allegados familiares en causas de corrupción- y Rubén Pagliotto –uno de los denunciantes del urribarrismo- presentaron un escrito para recusar al juez federal, en función de haber sido uno de los letrados que participó del juicio que se le hizo a Varisco, en el 2003, cuando en un accidente automovilístico, falleció la entonces concejal Mercedes Lescano de Gemignani. Varisco era quien conducía el vehículo.
En ese momento, el entonces abogado Ríos tenía cuatro años de recibido y había sido contratado por el ex juez Juan Carlos Gemignani, ya fallecido, suegro de la víctima, en función de cierta relación amistosa de sus padres.
El intendente estaba citado a indagatoria para el martes pasado, en la causa por la venta de cocaína de máxima pureza, que le encontraron en la casa a la mujer de Daniel “Tavi” Celis, Luciana Lemos, quien ahora se encuentra detenida, junto a otros familiares directos del jefe narco. En la mochila de color negro de Lemos encontrada en el domicilio de barrio Antártida de Paraná, se hallaron además y junto al dinero y la cocaína, dos cuadernos con anotaciones relativas al comercio de estupefacientes. Las más destacadas eran las que constaban en la página 12 del cuaderno de menor tamaño secuestrado, que expresamente consignaban: “1 Bordeira X= 2x160=320-200=120-60=60 devuelve 775; 2 Varisco N= 2x160=320-250=70 saldo; 3 Hernandez D=1x165 pagado; 4 Gainza Ch=1X150 Pagado”. A su vez en la página 9, se anotó: “Bordeira /Hernández/ Gainza/Varisco Ella le dijo a él que tenía que mandar”. O sea, allí aparecían mencionados la subsecretaria de Seguridad de la comuna, Griselda Bordeira; el concejal de Cambiemos, Pablo Hernández –muy cercano a Celis- y el edil macrista Emanuel Gainza.
En el cuaderno más chico que fue secuestrado había una referencia, fechada el 28 de abril, donde se hacía referencia a un viaje, al parecer para la compra de un cargamento de cocaína y también existía una alusión a 40.000 pesos que le entregaron en la Municipalidad a la mencionada Lemos, en una reunión desarrollada el día 27 de abril.
En el escrito del juez Leandro Ríos –para fundamentar posteriores allanamientos en los domicilios de la mayoría de los citados y en el municipio- se consideró que “dichas anotaciones, evaluadas en la presente instancia de investigación y puestas en relación con una serie de escuchas telefónicas, todo bajo un análisis integral, sistemático y completo, resignifican o redimensionan toda las actividades de investigación desarrolladas y lucen idóneas para emprender, al tiempo que ostentan la virtualidad jurídica suficiente para modificar o redefinir las hipótesis investigativas, en el sentido que habilitan a suponer que el acuerdo político electoral (de los años 2015/2017) se transformó en un acuerdo comercial ilícito directamente, al menos durante la segunda mitad del año 2017 y lo que va del año 2018”.
Y agregó: “Como puede fácilmente advertirse, las anotaciones son compatibles con la probable adquisición de sustancia estupefaciente cocaína en cantidades significativas por parte de Varisco, Bordeira y Hernández, atento que como surge de las demás anotaciones y constancias de la investigación -concretamente numerosas escuchas telefónicas- la organización vendía el kilo de cocaína en una suma de entre $150.000 y $160.000. Por tanto, Varisco y Bordeira habrían adquirido dos kilos de cocaína y Hernández un kilo de la misma sustancia”.
También marcó algunas dudas sobre la mención del concejal de Cambiemos, Emanuel Gainza en el escrito, que también generó un revuelo político, porque su nombre nunca había estado rozado con estos negocios ilícitos, ni tampoco aparecía relacionado a la banda de Celis. El nombre del edil apareció también entre los contactos que tenía Lemos en su teléfono celular, por lo cual tal vez sea citado como testigo en la causa, para que explique sobre esa situación.
“En cuanto a la anotación relativa a Gainza, puesto en relación con el cúmulo indiciario recaudado hasta el momento en la presente investigación, surge con fuerte grado de probabilidad que dicha persona se trata de Ganza o Gonza, y que fuera erróneamente escrito. Para sostener esta hipótesis, se tiene en cuenta que de un resoluto análisis de las pruebas obrantes en la causa, esta anotación estaría referida a Ramón Benito González, alias Cabezón Ganza, pues del informe pericial obrante a fs. 149/196 sobre el teléfono celular secuestrado a Daniel Tavi Celis en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, surge que Celis mantuvo conversaciones entre el día 26 y 28 de agosto de 2017 con “C.Ganza” cuyo número de teléfono es 343-51….. y que se corresponde con el secretario de Roberto Sabbioni, quien le dice: “Yo te voy a dar una mano amigo, pero de mi bolsillo no le voy a pedir a nadie y se lo voy a hacer llegar a tu mujer todos los meses tres mil pesos hasta q pueda…”.
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná tendrá que definir si avala la continuidad del juez Ríos o lo aparta de la investigación de la causa, que lleva más de un año de trabajo, junto a personal de la Policía Federal. El alto cuerpo federal es presidido por Mateo José Busaniche; tiene como vicepresidente a la doctora Cintia Gómez y hace poco tiempo se incorporó Beatriz Aranguren. Los dos primeros son de Santa Fe y residen en la vecina capital. El primero de ellos tuvo alguna vinculación con la ex intendenta Blanca Osuna de Molina, mientras que la segunda es esposa de Oscar Cachi Martínez, un conocido referente político de Santa Fe, ligado primero al menemismo y luego al kirchnerismo. Gómez fue primero fiscal federal de Santa Fe, a mediados de los ’90. En rigor, no fue mérito propio, sino que intervino, según recuerdan en Santa Fe, el ex ministro menemista Eduardo Bauzá, tío de la entonces joven abogada. Al ascenso de su esposa a la Cámara de Federal de Apelaciones de Paraná, Martínez lo consiguió en 2010, esta vez con ayuda del ex senador kirchnerista santacruceño Nicolás Fernández, entonces representante de la cámara alta en el Consejo de la Magistratura, donde ejerció la vicepresidencia. Martínez trabajó para Fernández tanto en el órgano de selección de jueces como en el Congreso de la Nación.
La doctora Aranguren es la más reconocida de los tres. Fue funcionaria judicial en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, donde ofició de secretaria del entonces magistrado José Eduardo Laurito, ex vicegobernador, ex ministro y actual intendente de Concepción del Uruguay. No obstante, hay quienes sostienen que en su ascenso –más allá del mérito propio- tuvo algo que ver el actual fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, además de contar con el aval de Laurito. El lunes, en audiencia prevista, tendrán que escuchar a las partes y resolver qué hacer con Ríos.
Según se pudo saber, además de los abogados Cullen y Pagliotto, expondrán los fiscales Mario Silva y Ricardo Alvarez. El tribunal decidirá al respecto, a más tardar entre miércoles o jueves.
