También estos montos que aparecen como accesibles en la actualidad, corresponden al período 2014/15 y la justicia le otorgó los plazos legales para que Garcilazo pueda demostrar esta faltante de acuerdo a lo que determinaron los auditores. También comentaron que la documentación debe tener correlato con los años en los que se plantearon los cuestionamientos, consignó el semanario Paralelo 32.
Por otra parte, si el mencionado ex intendente puede demostrar que todo se hizo en el marco de la legalidad y con dinero legítimo, seguramente quedará sin efecto la denuncia en los términos que fue planteada.
El caso
El caso data del 2015 con una presentación de un particular denunciando a Rubén Darío Garcilazo, para que la justicia investigue probables delitos de enriquecimiento ilícito.La fiscalía local comenzó a reconstruir la situación patrimonial del denunciado, se realizaron más de 40 medidas probatorias, basadas en informes de entidades públicas y privadas. En principio para conocer el activo del patrimonio y las deudas que canceló.
A fines del 2016 se agotaron las medidas planteadas y para llegar a comprobar fehacientemente la denuncia, se solicitó el auxilio una pericia contable por parte de un Perito del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Este determinó esta semana que había una diferencia de 1 millón de pesos entre el capital declarado y lo que realmente pudo justificar a valores del 2014/15.
Investigación
Entre otras medidas la justicia solicitó las declaraciones juradas que presentó en el municipio y ante la AFIP. La causa en ese entonces, tenía 11 cuerpos y recabaron información en entidades bancarias, tarjetas de créditos, Registros de Propiedad Automotor e Inmobiliario. También datos de las empresas que integraba Garcilazo quien se presentó espontáneamente ante la fiscalía, asumiendo su condición de socio de las mismas. De todas maneras, cuando una persona se retira de la administración pública –según la ley- un delito tiene hasta dos años posteriores porque puede guardar relación con un incremento patrimonial durante la gestión, publicó el semanario Paralelo 32.Por otra parte, se solicitaron datos sobre los pasivos que tenía Garcilazo con organismos públicos y particulares, que había cancelado.
Con respecto a una distribuidora de pescado que tenía/tiene en Paraguay, la justicia siguió la ruta investigativa obteniendo toda la información por parte del denunciado, como de declaraciones públicas en distintos medios, dando cuenta de este emprendimiento. Se buscaron todos los datos con respecto a los movimientos y posteriormente se llegó hasta la auditoría del STJ.
