El delito que se les endilgó a los funcionarios tiene una pena de multa, por lo que se les impuso a cada uno un porcentaje a pagar: a Barreto y Ag se les aplicó el pago del 40% del total del perjuicio económico. Ello representa que cada uno debe desembolsar la suma de $444.311,60. En tanto, a Gómez se le aplicó el pago del 20% restante, que significa $222.156,80. Y se les aplicó la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por un periodo de un año y medio.
La investigación penal preparatoria había tenido su origen a fines de febrero-principios de marzo 2020 con la denuncia de una empleada del área de Limpieza del Municipio de Nogoyá, quien afirmó que la Jefa del Área, Roxana ‘Pelusa’ Portillo, se quedaba con el sueldo de los empleados y que realizaba un uso indebido de ayuda social.
Sin embargo, a poco de inicar la causa, Portillo se suicidó. Ello ocurrió el 12 de marzo de 2020 y conmocionó a la localidad. Ante este panorama, la investigación penal preparatoria continuó para establecer otros responsables en la sustracción de dinero y ayuda social, que se calculó en $1.110.778. En esa nueva etapa fueron imputados del delito de peculado culposo los funcionarios Barreto, Gómez y Ag.
De los tres, los concejales del PJ apuntan a la exresponsable de Desarrollo Social, Carina Gómez.
En la presentación judicial, los ediles señalan que “la condenada Carina Gómez” habría estado participando en la Fiesta de la Guitarra en imágenes fotográficas y filmaciones en las que se la ve “cobrando” en la cantina. “Tenemos entendido que fue el día domingo cuando ella estuvo”, señalan, y agregan que “esa cantina donde ella estaba es manejada por la propia Municipalidad de la ciudad. Esta señora sigue trabajando en la Municipalidad porque es personal de planta, pero según su condena no puede manejar ningún fondo público”.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, el concejal López dijo que el caso quedó en manos de la fiscal Georgina del Carmen Moreyra, hija de Jorge Moreyra, quien ejerció la defensa de los tres imputados en la causa por peculado, por lo que debería excusarse. De igual modo, como se está en período de feria el caso esperará el reinicio de la actividad en la Justicia, en febrero próximo, para que el Ministerio Público Fiscal resuelva qué funcionario toma a su cargo la investigación.
