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Unas 14 organizaciones no gubernamentales ambientalistas y animalistas elevaron una carta de reclamo al Gobierno de Entre Ríos. Exigen la suspensión por 5 años de la caza de especies autóctonas y participar de instancias de debate y toma de decisiones sobre el tema.
Preocupación y acusación
En la carta, dirigida al Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, las instituciones firmantes expresan “su más profunda preocupación acerca de la irresponsable política cinegética (de caza) llevada a cabo actualmente por la Dirección de Recursos Naturales”.

A esa dependencia, según el comunicado remitido a El Entre Ríos, la acusan de “promover la caza de especies autóctonas favoreciendo a las entidades cinegéticas (clubes y cotos de caza) y de su poco interés por la conservación de la biodiversidad y por trabajar de manera participativa”.
Reunión para unos sí
Recordaron, una vez más, que en una reunión convocada por la Dirección de Recursos Naturales a cargo de Mariano Farall, celebrada el pasado 22 de febrero en Villaguay, se invitó a funcionarios provinciales y referentes de clubes y cotos de caza a fin de abordar temas vinculados a la caza menor y al turismo cinegético.

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A tal encuentro, no se convocó a ninguna entidad ambientalista ni a referentes del sector turístico. Allí se informó que se están realizando los primeros estudios de aves autóctonas a fin de conocer sus estados poblacionales y así poder definir las especies y cupos para su cacería.
Un modelo de lucro
La doctora Cecilia Domínguez, abogada de la ONG “Conciencia Animal”, indicó que con estas acciones el Ejecutivo Provincial “desconoce los derechos fundamentales de las especies (todas en general y las autóctonas en particular) y sostiene un modelo de lucro mediante la explotación de seres vivos, brindando apoyo a la caza de animales, al turismo cinegético y a los cotos de caza”. La carta exige, finalmente, la suspensión de la caza de especies autóctonas durante los próximos 5 años y que se invite a participar de las instancias de debate y toma de decisiones tanto a entidades ambientalistas y animalistas como a agentes de salud pública (por la contaminación por plomo que provocan las municiones) y sociales (por la prostitución asociada a los cotos de caza).
Fuente: El Entre Ríos.

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