La Comisión Asesora de Disciplina que integran la Fiscalía de Estado y la Secretaría de Justicia concluyeron que los empleados son "responsables de haber simulado compensaciones tributarias en el período 01.01.12 al 04.06.14, mediante la consignación de créditos líquidos y exigibles inexistentes de titularidad de una serie de contribuyentes en contra del Estado provincial por montos equivalentes a los distintos impuestos adeudados por éstos a la ATER, sin respetar el trámite administrativo previsto por la normativa vigente para este tipo de operatoria y sin contar con las resoluciones ministeriales respaldatorias".
La investigación sigue su cause judicial a cargo de los fiscales Laura Cattáneo y Gervasio Labriola (auxiliar) y de la jueza Marina Barbagelata.
En el expediente están involucrados, aparte de empleados de la ATER, contadores y contribuyentes. La denuncia penal la hizo el entonces titular del organismo, Marcelo Cassaretto, en junio de 2014.
"Esperamos que la Justicia acelere los trámites en el mayor fraude contra el Estado provincial. El dinero fue recuperado por el Estado, los empleados cesanteados, pero falta la sanción penal que corresponde a los responsables del fraude", dijo a El Diario el ahora asesor del gobernador Gustavo Bordet.
El destape
Una larga lista de empresarios proveedores del Estado y cinco empleados de ATER están siendo investigados por la estafa, la más importante de la historia de la provincia. Todo comenzó cuando un contribuyente de Victoria fue a pedir un estado de deuda, que era cuantiosa, y luego no regresó al organismo. Ante esa "desaparición" del contribuyente, un empleado del organismo quiso determinar cuál era el estado de esa deuda y se encontró con que estaba en cero. La sospecha fue inevitable. ¿Quién la pagó, cómo la pagó?, o bien, ¿quién la desapareció? El escándalo se puso en marcha.
Un grupo de empresas y proveedores del Estado confeccionaban convenios de compensación. Se les salda deudas tributarias a cambio de insumos, bienes o servicios.
El artículo 75 del Código Fiscal dice que el proveedor del Estado debe acreditar la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, se aprobarán para su compensación por impuestos por medio de una resolución del Ministerio de Economía. Esas tres áreas gubernamentales tenían a Gioria, Aurelio Miraglio y Diego Valiero. El primero renunció; el segundo fue el último titular de lo que es la ex DGR y ahora ATER; y el tercero fue hasta diciembre el funcionario más antiguo de las dos gestiones de Sergio Urribarri.
La Justicia ha tomado declaraciones y allanado la Tesorería General de la provincia y el organismo recaudador. En la nómina de imputados no aparece un ex funcionario que se daba por hecho que estaría en el grupo de sospechosos. Es Gustavo Gioria, quien se desempeñaba como tesorero de la provincia, y que apareció como contador asesor de una de las empresas vinculadas al escándalo que denunció Casaretto.
Gioria, trascendido el episodio en aquel entonces cuando se hizo público el escándalo, decidió presentar su renuncia al cargo. No es para menos. El ahora ex funcionario, junto a otros contadores, formarían parte de una red de profesionales que "ofrecían" a empresas proveedoras del Estado, deudoras de impuestos, compensarlas con acreencias y así liquidar todo en cero. La salida del cargo fue el fusible ante el delito de incompatibilidad en el ejercicio de la función. Hasta ahora, para la Justicia, no es un sospechoso.
De estafadores y estafados
-65 empresas están siendo investigadas por la Justicia. Lo mismo ocurre con contadores, quienes eran en muchos casos, los encargados de llevar adelante las gestiones entre las firmas y el fisco.
-Otro de los imputados que tomó relevancia en la causa es Darío Barreto, un empleado del organismo que estaba de licencia y se desempeñaba como funcionario municipal en San Salvador. Un productor agropecuario de esa ciudad reveló en sede judicial que Barreto se reunía con él, en su domicilio, para hacer operaciones de compensación por deudas tributarias.
-El período denunciado por Casaretto en el que se sospecha que se produjo la estafa es a partir del 1° de enero de 2012 hasta el presente. Pero el procurador general, Jorge Amílcar García, dijo que se investigará para atrás. La entonces diputada socialista María Emma Bargagna y el radical Jorge Monge solicitaron a la Justicia que amplíe el plazo de la investigación en las irregularidades.
-De la primera denuncia se recuperaron 17 millones de pesos, más las multas e intereses, lo que hace una suma de casi 20 millones. "Es la primera vez que el Estado recupera el dinero de un fraude", se jactó Casaretto.
"Hay más, pero muere en mí"
Estrella Martínez de Yankelevich era quien aparecía con su firma en las planillas apócrifas con las que se iniciaba el supuesto procedimiento de compensaciones. Era también quien tenía acceso al listado de deudas que estaban cargadas en un sistema, por lo que está acusada de ser una de las personas que las borraba. Cuando se destapó la olla, Casaretto contó que encaró a los dos empleados hoy imputados, para ponerlos en conocimiento de lo que había ocurrido y de lo que eso implicaba. Ambos se hicieron cargo del hecho, pero el diálogo no quedó ahí. Casaretto los instó a que digan quien más estaba en el fraude. La respuesta de Martínez de Yankelevich fue la siguiente: "Hay más, pero esto muere en mí". La empleada de carrera, con más de 30 años, se abstuvo de declarar cuando se la convocó.
