Por otro lado, el exencargado de la Dirección de Suministros y Mantenimiento del organismo provincial, Néstor Kemerer, recibió una condena de dos años y cuatro meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El tribunal integrado por los jueces Gustavo Pimentel, Gervasio Labriola y Daniel Malatesta, decidió absolver al exfuncionario Mario Heyde.
La causa
Comenzó a fines de septiembre de 2015, a partir de una demanda penal presentada por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná, mandato cumplido) y Jorge Monge (UCR-Diamante, integrante ahora del bloque Cambiemos), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. La acción se inició tras la publicación de la investigación periodística de Jorge Riani.Los exfuncionarios fueron acusados de utilizar fondos públicos de la DPV para la puesta en funcionamiento de la escuela pública de gestión privada Nº 235 Heraclia Ruíz Díaz, inaugurada el 5 de diciembre de 2014. Se los acusa de la contratación de once personas para que presten servicios como docentes y no docentes de la escuela, pero empleadas por la Dirección de Mantenimiento y Suministros de la DPV, ya que sus salarios eran abonados por el organismo.
Además, fueron cuestionados por ceder en comodato, es decir, en forma gratuita y por 20 años, los galpones del organismo a la Asociación Civil Los Viales, que administra la escuela y que encabezan Kemerer y Rodríguez. Las obras de refuncionalización del predio se realizaron con fondos asignados al presupuesto de la DPV.
En su acusación, la fiscal Patricia Yedro sostuvo que la Dirección Provincial de Vialidad pagó más de dos millones de pesos al personal docente y no docente y dispuso alrededor de 900 mil pesos en obras de refacción y construcción de la escuela.
Esta conducta había motivado una investigación del Tribunal de Cuentas en la que se detectaron varias irregularidades en la creación de institución educativa, tanto en el trámite de otorgamiento de la autorización para funcionar desde el CGE, como en el uso de los fondos públicos para un fin distinto al de su otorgamiento y sin existir contraprestación en beneficio del organismo.
