Según reveló el sitio La Pirámide –que no revela el nombre del colegio- el fallo de Rondoni remite al año 2022, cuando la adolescente habría recibido las primeras agresiones por parte de sus compañeros de clase, quienes además se mostraban poco solidarios respecto de las actividades y tareas cuando la menor debía faltar a clases debido a la enfermedad de su madre.
«A comienzo de marzo 2023, volvieron los episodios de hostigamiento, no siendo incorporada a los grupos de WhatsApp, y ante sus exposiciones sus compañeros se reían fuerte, la grababan con la app Tik Tok burlándose, se hacían publicaciones en otras redes con apodos» hacia la menor, relata el fallo.
El escrito de Rondoni menciona que por entonces las autoridades del colegio privado «no estaban enteradas» de la situación que atravesaba la menor. Y es por ello que «la progenitora realiza una nota al obispo, y este a la apoderada legal. Denuncia que ante la queja, las autoridades del colegio intentan tapar lo sucedido, logrando que el hostigamiento se fortalezca, y el colegio intente directamente eliminar a la alumna», afirma el documento, en alusión a evitar su reinscripción.
El fallo determina que «el vínculo de las partes es un contrato de prestación de servicios educativos privado», y, por ende, da cabida a una medida «autosatisfactiva» presentada por la familia de la alumna.
Según el relato que aparece en el texto de la sentencia, luego de la comunicación de la madre con el Obispo, «se rompe el canal de diálogo entre la institución y la mamá, y luego de una confusa discusión entre compañeras, le comunican que aprovecharían para pedirle a C. que se vaya del colegio, siendo que la adolescente nunca quiso dejar la institución».
Además, «la institución bloqueó el usuario donde se realizan los pagos mensuales, por lo cual remite los pagos a correo electrónico de la institución. En el mes de octubre C. advierte que sus compañeros tienen un formulario, y estudios médicos para la inscripción del ciclo lectivo 2024, que debían entregar hasta el 30/10/2023, sin que la adolescente ni su madre estuvieran informadas», continúa el fallo.
Hacia el final de la sentencia, la jueza ordena a la institución educativa «a inscribir a la adolescente en el ciclo lectivo 2024, sin modificar orientación ni turno al cual concurría, instando a la institución educativa a que aborde la problemática instalada con herramientas propias, diseñada por su equipo interdisciplinario, instando a los progenitores a mantener una colaboración activa».
La palabra de la madre
Según lo publicado por La Pirámide, la mamá de la alumna aseguró que su hija sufrió «acoso escolar» y que «lo padeció en carne propia, como yo lo sufrí como madre, frente a un Colegio que lo negó, enfrentó a los padres de los involucrados e intentó echar a la alumna de la institución, pero finalmente la Justicia puso las cosas en su lugar».La mujer explicó: «El acoso a mi hija comenzó durante el año escolar 2022, y pese a que lo expuse frente a las autoridades del Colegio no obtuve respuestas. Al año siguiente, en marzo de 2023, presenté una nota al Colegio, reiterando lo que continuaba sucediendo con mi hija, con copia al Obispo diocesano».
«Mi nota causó profundo malestar, intentando sus autoridades, especialmente uno de los responsables del Colegio que me retractara. Luego el propio Obispo y responsables de la institución, insisten en sugerir, un cambio de colegio para mi hija», afirmó.
Y apuntó que desde la dirección de la institución «se negaron a seguir cobrando la matrícula mensual, teniendo que pagarla mes a mes mediante transferencia. Que intentaron impedir que mi hija pudiera matricularse para el año 2024. Que siempre negaron la situación padecida por mi hija, buscando de modo insistente la manera de que no continuara sus estudios en el establecimiento».
Además, señaló «que intervino la Dirección de Educación Privada del CGE, aportando solo algunos comentarios y sugerencias, pero jamás intentaron apercibir o sancionar al Colegio por su proceder».
Y finalizó: «Después de casi transcurrido un año, donde mi hija y yo, viviéramos de forma permanente un maltrato por parte de las autoridades de este Colegio católico, con un ideario que se presume humanitario, quisiera por lo menos, recibir un pedido de disculpas por parte del máximo responsable de la Institución, Monseñor Héctor Luis Zordán, porque creo que el daño hecho es irreparable y contrario a las prácticas evangélicas».
