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Mediante un hilo en su cuenta oficial de Twitter, el presidente Alberto Fernández dio a conocer que dispuso la derogación del DNU 522/2020, que ordenaba la intervención de Vicentín S.A.I.C por 60 días, decidió que generó un fuerte debate social, con manifestaciones y marchas a favor y en contra en todo el país. En la misma publicación, el presidente detalló que “el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”.En ese sentido, reclamó que tampoco pudo tener “acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.

“El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, expresó Fernández.
“Rescatar la empresa”
El presidente manifestó que la intención desde el Estado “siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”.Es por esto que entiende que ante la imposibilidad de acceder a esos balances, se dé marcha atrás a la intervención. “También nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído. La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”.
Estatización de deuda privada
“En estas condiciones –afirmó Fernández en Twitter– no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”.Por último, agregó que dio instrucciones “a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.
Fuente: El Entre Ríos - Twitter

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