Los funcionarios judiciales entendieron “agotada la etapa de Investigación Penal Preparatoria y contando con elementos de cargo suficientes de cara a sostener acusación penal en instancia de debate oral contra los imputados” Treppo, la ingeniera en construcciones que fue contratada por el Municipio para proyectar la obra, Sara Carina Zapata; el contador municipal Darío Alexis Monzón; el titular de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), a quien se adjudicó la obra, Daniel Aníbal Hereñú; al ingeniero de la firma, Hernán Roberto Barrera; el apoderado de la empresa constructora, Néstor Alejandro Hereñú; y al vicepresidente segundo de la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, Néstor Iván Szczech.
La obra tuvo un presupuesto de más de $20 millones, cifra que para la Fiscalía estaría inflada entre los $9,5 millones y los $13 millones. La causa se inició en 2016 a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de la localidad.
Según los fiscales, en enero de 2015, en la anterior gestión de Treppo como intendente de Seguí, se realizaron las gestiones ante el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José López (fue sorprendido intentando esconder bolsos con dinero en un convento) para obtener financiamiento destinado a realizar 16 cuadras de asfalto en la localidad del departamento Paraná, en el marco del plan Más Cerca.
Los trámites culminaron con la firma de un convenio con el Ministerio de Planificación Federal, por entonces a cargo de Julio De Vido, también detenido por presuntos hechos de corrupción. El acuerdo incluyó la transferencia de 20,6 millones de pesos de recursos nacionales al municipio y contó con la asesoría de Zapata, que es ingeniera en construcciones, fue contratada por el gobierno local y operó como responsable técnica de la obra.
A partir de ello, los investigadores sostienen que el intendente de Seguí, en connivencia con los empresarios acordaron “precios desproporcionados con los valores reales de mercado para aquella fecha”.
Para justificar la transferencia de los fondos desde Nación, los fiscales entienden que se emitieron certificaciones de avance de la obra “sin llevar a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de los trabajos”.
Anticipo de pedido de penas
En el pedido de elevación a juicio los fiscales anticiparon el pedido de penas para cada imputado, teniendo en cuenta que para la figura en cuestión se contempla un mínimo de 2 años a un máximo de 10 años de prisión. En ese marco, advirtieron como “agravante particular el haber utilizado como medio de lesión del patrimonio estatal a la obra pública, buscando disimular la maniobra corrupta a través de un proyecto inédito y a todas luces beneficioso para el bienestar de la comunidad seguiense, con el lógico rédito político que la concreción de tal gestión significó para Treppo en su carrera por la reelección como Presidente Municipal en octubre de 2015”.Asimismo, resaltó “el alto impacto que representa para un Municipio de las características financieras de Seguí, la malversación de una suma de dinero que, cuanto menos, equivaldría al 21.29 % del presupuesto total proyectado para el año 2015 según fuera resuelto en la Ordenanza Nº 41/2014 del H.C.D. de Seguí”. Mientras que como factores atenuantes tuvieron en cuenta “la absoluta carencia de antecedentes condenatorio respecto de todos los imputados”.
Así, el Ministerio Público Fiscal solicitará para Treppo 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que, respecto de Monzón y Zapata, solicitará 4 años y 6 meses de prisión; en los tres casos, además, con inhabilitación absoluta perpetua.
En tanto, sobre Daniel y Néstor Hereñú, “partiendo de su posición jerárquica en OIC S.A., y el dominio fáctico que los mismos mantuvieron en la maniobra colectiva” solicitarán 4 años de prisión.
Finalmente, para Barrera y Szczech pedirán 3 años y 6 meses de prisión.
