La Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (Redasa) sumó su repudio a las declaraciones apoyando la flexibilización del límite para fumigar alrededor de escuelas rurales. En esa recorrida de apoyo a la fórmula de Atilio Benedetti y Gustavo Hein, Macri atacó la decisión judicial en contra del decreto de Gustavo Bordet. Es que para la Justicia entrerriana, el límite de fumigaciones terrestres debe ser de 1.000 metros alrededor de escuelas y el límite para rociamientos aéreos debe ser de 3.000 metros en torno a las escuelas. Sin embargo, el gobierno achica esa perimetral en 300 y 500 metros respectivamente. Por eso exigieron al mandatario “que se retracte públicamente de sus dichos”, a la vez que alertaron “la profunda ignorancia del Sr. Presidente en la materia”, y la “violación a la división de poderes”.
La Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (Redasa) exigió al mandatario “que se retracte públicamente de sus dichos y que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos establecidas en nuestra Constitución Nacional”.
En un comunicado que destacaron “la profunda ignorancia del Sr. presidente en la materia, puesto que lo que la sentencia judicial por él aludida restringe es el uso de los agrotóxicos, no de los fertilizantes”.
En efecto -dice el comunicado-, la sentencia de los tribunales de la provincia “limita las fumigaciones en cercanías de las 1023 escuelas porque de lo que se intenta proteger a nuestros gurises es de las moléculas químicas de los venenos que se utilizan en las aplicaciones aéreas o terrestres en las producciones agrícolas cercanas a dichas escuelas”.
“Estas moléculas, bien silenciosas -y quizás por eso no percibidas por el Sr. presidente- ingresan a los cuerpos de nuestros pequeños que son los más vulnerables por estar aún sus metabolismos en desarrollo y porque están en contacto con el suelo, con la tierra, con el agua y con los juegos al aire libre. Y, al ingresar a sus cuerpos, los terminan enfermando y muchas veces matando”, agregan.
En otro lapidario párrafo, los profesionales señalan: “Nuestros gurises penosamente no pueden ni podrán hacer huerta orgánica, porque al lado de su escuela alguien aplica venenos - suerte que sí tiene la pequeña Antonia, ya que en la residencia de Olivos pueden cultivar verduras libres de venenos junto a su madre”.
La REDASA alertó asimismo la “intromisión indebida e ilegal en las atribuciones constitucionales de otros poderes del Estado, violando así la división de poderes y la forma republicana de gobierno que exige nuestra Constitución Nacional”.
“La sentencia que el Sr. presidente descalificó públicamente es la que puso fin al proceso de amparo que iniciaran organizaciones socioambientales y el sindicato de docentes Agmer en defensa de la salud, la vida y el ambiente sano de los gurises que acuden a las escuelas rurales de la provincia”, agrega el parte de prensa.
“Exhortamos por tanto al Sr. presidente a ejercer sus facultades dentro de los límites delineados por el artículo 109 de la Constitución Nacional”, piden.
Por último, invitaron a Macri “a informarse” sobre “los innumerables estudios científicos –tanto nacionales como internacionales -que dan cuenta de los daños a la salud y vida de nuestros gurises, y que sirven de robusto respaldo a la sentencia” ejemplar dictada por los jueces de Entre Ríos.
Por su parte desde AGMER Mariela Leiva , Referente de la Campaña "Paren de Fumigar las Escuelas", expresó:
"Repudiamos enérgicamente las afirmaciones del presidente Mauricio Macri, hechas en conferencia de prensa en la ciudad de Gualeguaychú, en referencia al Amparo ambiental que amplía las distancias de fumigación a los alrededores de las escuelas rurales en la provincia de Entre Ríos”.
“El señor presidente descalifica públicamente a este Amparo, fruto de la lucha colectiva que lleva adelante AGMER, sindicato de base de CTERA y organizaciones ambientales en defensa de la salud, la vida y el ambiente sano”, señalan.
“Además dice que carece de rigor científico. Sin embargo, son muchos los estudios realizados que dan cuenta de las consecuencias nefastas que deja este modelo de producción en base de venenos para producir alimentos y sirven de robusto respaldo a la sentencia”, aseguran.
Para concluir, indican: “Una vez más este gobierno intenta avanzar en contra de las conquistas de derechos de los trabajadores, demostrando su funcionalidad a los sectores empresariales que privilegian los intereses de las multinacionales por sobre la salud y la vida".
