En el caso de los productores entrerrianos, se trata de un reclamo para que la justicia provincial determine un criterio claro sobre las distancias mínimas a partir de las cuales se pueden hacer aplicaciones terrestres y aéreas. Un decreto del Ejecutivo provincial había establecido en 100 metros para las terrestres y 500 para las aéreas, pero un juez, Virgilio Galanti, determinó que eran inconstitucionales e ilegales los artículos del decreto que redujeron las distancias de aplicación.
Sostuvo que debía tomarse como válida la decisión del Superior Tribunal de Justicia de establecer una distancia mínima de 1000 metros para las terrestres y 3000 para las aéreas. Los productores entrerrianos advierten que, de adoptarse definitivamente ese criterio, está en riesgo el 35% de la producción agrícola de la provincia ya que quedarían unas 300.000 hectáreas sin posibilidad de producir. Piden que el Superior Tribunal se vuelva a expedir. Obviamente que no solicitan "carta blanca" para aplicar de cualquier forma y en cualquier lugar.
Sobre el tema, vale recordar la resolución conjunta 1/2018 de los entonces ministerios de Medio Ambiente y Agroindustria sobre Buenas Prácticas en materia de productos fitosanitarios. Recomienda "especial atención sobre las aplicaciones en zonas de amortiguamiento o "buffer" adyacentes a áreas que requieren especial protección". Y, al respecto propone a las jurisdicciones provinciales "formular recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción de las buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios" y "fortalecer los sistemas de control y monitoreo".
En cuanto a las distancias no fija una cantidad de metros determinada sino que "los metros de retiro pueden ser de unas pocas unidades bajo ciertas circunstancias, o de unos cientos bajo otras, o puede no ser necesario fijar una distancia sino restricciones fundadas en los tipos de productos o condiciones meteorológicas". Además, dice que "el proceso de diseño e implementación debe realizarse de manera participativa y sobre la base de información científica y tecnológica relevante, disponible, adecuada y actualizada".
Esta norma, de febrero del año pasado, contiene también una serie de recomendaciones a municipios y provincias sobre cómo trabajar en un sistema de monitoreo y control con todas las partes involucradas. Quien quiera hacer un trabajo serio tiene una referencia por dónde empezar.
En Alemania, además de Hannover, hubo protestas en otras 16 ciudades con miles de productores que sacaron sus tractores a la ruta para expresarle al gobierno de Ángela Merkel que no estaban de acuerdo con una serie de cambios recientes de la política agrícola con argumentos ambientales. "No somos contaminantes, ni depredadores, de animales", fue una de las consignas de los productores alemanes que formaron una coalición nacional llamada "el campo une". Hace unas semanas hubo también una propuesta similar en Holanda. Los productores europeos están cansados de que se los acuse de ser los culpables por el cambio climático.
Las inquietudes de entrerrianos y alemanes reflejan la necesidad de que la política pública tenga en cuenta a la producción agropecuaria en sus decisiones. En el XXIV congreso de Aapresid, realizado en 2016, un senador norteamericano por el Estado de Nebraska, John Kuhen, hablaba de la necesidad de establecer una norma para asegurar el "derecho a producir", para que las medidas de protección ambiental tengan base científica. ¿Habrá que discutir también ese derecho?
Hoy la preocupación por el cuidado del medio ambiente está en el tope de la agenda pública, aunque en la mayoría de los casos con argumentos contradictorios. Para la clase política es más fácil inclinarse por quien presenta el argumento más emocional posible que por quien recurre a las evidencias técnicas. El atajo de la decisión demagógica está siempre a mano. La voz de la producción tiene que ser escuchada.
