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Aquí el caso del periodista, de Concepción del Uruguay, Juan Carlos Botta, propietario del portal web El Disparador Uruguay. Esta semana, estará sentado en el banquillo de los acusados para responder a una querella promovida por un funcionario municipal por haber publicado una carta de lectores que contenía críticas de una tercera persona. Así de disparatado.

El funcionario que ofrece de testigos a otros funcionarios

Oscar Colombo, que fue secretario de Hacienda de la Municipalidad de Concepción del Uruguay durante la gestión de Carlos Schepens y ocupa el mismo cargo en la actual administración de José Lauritto, demandó al periodista por calumnias e injurias a raíz de que publicó en el sitio que dirige una carta de lectores firmada por Cristian Agostini cuestionando el accionar de Colombo en la función pública, la contratación de proveedores desde el Gobierno municipal y su crecimiento patrimonial, entre otras cuestiones.

La causa tramitó en el Juzgado de Garantías y Transición Número 2, a cargo de Guillermo Tomás Rojas, y tras el fracaso de una audiencia de conciliación en la que Colombo pretendía una retractación de parte del periodista, se fijó fecha de juicio para el próximo 4 de abril. Y un dato más: Colombo ofreció como testigos a cuatro funcionarios de la gestión municipal de Schepens y a un concejal del oficialismo.

Criminalización

El caso constituye una criminalización al ejercicio del periodismo, un grave retroceso en materia de libertad de expresión y una abierta violación a la ley.

En Argentina, en 2009, el Congreso despenalizó los delitos de calumnias e injurias cuando se trata de asuntos de interés público, luego de que un año antes el Estado recibiera una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el tratamiento que habían dado los tribunales argentinos al periodista Eduardo Kimel, quien fue condenado a un año de prisión en suspenso y a pagar una indemnización al juez Guillermo Rivarola por haber criticado su desempeño en la investigación del asesinato de cinco religiosos palotinos en 1976 en un libro titulado La Masacre de San Patricio.

Sin embargo, la Ley Número 26.551 no eliminó las figuras de calumnias e injurias, solo eliminó la posibilidad de aplicar penas de prisión en casos de "interés público", aunque persisten las multas económicas. En el caso de las calumnias, uno de los cambios más importantes fue la exclusión como delito de las expresiones asertivas, es decir, los juicios de valor; y respecto de las injurias, se eximió de responsabilidad a quien reproduzca información, en tanto sea fiel y debidamente atribuida, y a quien se retractase públicamente sin asumir culpa.

El caso del periodista Botta parece encuadrar en estos aspectos, más allá del disparate de la persecución penal, y por eso ha generado la reacción de entidades que nuclean a trabajadores de prensa.

La Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay (APDU) rechazó públicamente la persecución penal contra Botta e hizo "un llamado de atención a las autoridades del Poder Judicial de Entre Ríos ante la tramitación en el fuero penal de una demanda judicial por calumnias e injurias iniciada por parte de un funcionario público municipal (?) contra el periodista uruguayense Juan Carlos Botta, en temas de interés público, ya que desde 2009 rige la Ley Número 26.551 que lo prohíbe explícitamente para estos casos".

En ese sentido, la entidad advirtió que "ante el incumplimiento de la normativa vigente nacional nos encontramos ante la criminalización del ejercicio periodístico en lo que puede sentar un pésimo antecedente para el Poder Judicial de nuestra provincia y un avasallamiento a los derechos de libertad de expresión y de prensa".

"Debe tramitarse en el fuero civil"

También el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió un comunicado en el que rechazó el accionar de la justicia entrerriana por considerar que "la demanda por calumnias e injurias iniciada contra el periodista Juan Carlos Botta debe tramitarse en el fuero civil y no en el ámbito penal, ya que no se tratan de aspectos de la vida privada de Colombo los que están en discusión, sino que el texto publicado por el medio de prensa aborda temas de interés público como el accionar de Colombo en la función pública".

Asimismo, Fopea instó "a las autoridades del Poder Judicial de Entre Ríos a no criminalizar el ejercicio periodístico, y a girar ésta causa y las próximas demandas sobre calumnias e injurias vinculadas a temas de interés público al ámbito civil, respetando la legislación nacional que rige en todo el territorio nacional".
Fuente: Página Judicial

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