Conte Grand fue puesto en la mira tras la divulgación del video de la “Gestapo” antisindical, en el que se ve al exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, a empresarios y agentes de la AFI. El exfuncionario asegura en el video que estaba concertado con la Procuración bonaerense el armado de causas contra dirigentes sindicales. A raíz de estos hechos, se presentó un pedido de juicio político a Conte Grand.
El documento del Consejo de Procuradores responde, específicamente, a la declaraciones de la senadora Juliana Di Tullio que acusó de “delincuente” al jefe de los fiscales bonaerenses.
El Consejo de Procuradores fue el cuerpo que semanas atrás se expresó en defensa de la procuradora Adjunta en Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, suspendida en el cargo en el marco del Jurado de Enjuiciamiento que se sigue en su contra.
En el documento que firma García se expresa: “ante las palabras vertidas por la Sra. senadora nacional Juliana Di Tullio, durante la sesión del Honorable Senado de la Nación del 29 de diciembre pasado, mediante las cuales se agravió directamente al Titular del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, órgano perteneciente al Poder Judicial de dicha provincia”.
Los fiscales afirman que “constituye un deber ineludible de todos resguardar la institucionalidad democrática de nuestro país. El respeto hacia los miembros de otros poderes, de todas las jurisdicciones, se erige en un elemento vital de la convivencia, el equilibrio institucional y el fortalecimiento de la democracia”.
En este sentido, argumentan que “las expresiones desmedidas e injuriantes que se profirieron en dicha esfera, aun cuando se pretendan amparadas por la garantía de inmunidad de opinión de la que pueden gozar los señores / as legisladores / as, que nunca puede ejercerse en forma excesiva, lesionan en modo directo el funcionamiento de las instituciones y constituyen una afectación de la sana convivencia institucional y el respeto por la división de poderes”.
“Es por ello que alentamos y apoyamos la debida consideración por las personas y las Instituciones, y proponemos moderación y seriedad, evitando que al emitir pareceres se comprometa, incluso como objetivo único aparente, el honor de funcionarios, en el caso de otras Jurisdicciones y Poderes”, dijeron en el texto.
Enmarcaron el hecho en una serie de “sucesos en distintos ámbitos provinciales” que “vienen configurando un ataque a los Ministerios Públicos, lesionando sensiblemente su autonomía e independencia, tal como lo hemos venido denunciando”.
Además de García, firman los procuradores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, San Luis y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
