Solanas consideró que “resulta manifiestamente sorprendente que, en los fundamentos de la resolución cautelar, se avasalle la validez de una Ordenanza municipal, con el sólo fundamento de que su vigencia podrá afectar la actividad laboral y comercial de los demandantes, entre los cuales está el denominado ‘Rey de la soja’, Gustavo Grobocopatel”.
El diputado nacional de Paraná cuestionó que “sin lugar a dudas esta decisión judicial debe ser analizada en el contexto de la gestión promovida por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, que ha expresado la intención de motorizar una ley a favor de la fumigación con agrotóxicos, desoyendo recomendaciones sanitarias y apostando sin más por un modelo agropecuario de alto riesgo y daño para la vida”.
En ese marco, Solanas también criticó que “en la resolución dictada por el juez Seró no hay una sola mención a los derechos claramente vulnerados, que la Ordenanza 12.216/2018 pretende proteger como es el derecho a la vida, a la salud y al ambiente saludable. Por ello, suspender la vigencia de una Ordenanza, importa una grave intromisión y una aún más grave vulneración de derechos y garantías constitucionales establecidas en protección y defensa de derechos humanos, como la vigencia de la Ley general de ambiente; la Ley de residuos peligrosos; el Artículo 22 de la Constitución de Entre Ríos; el artículo 41° de la Constitución Nacional y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado por nuestro país”.
Finalmente, Solanas puntualizó que “no podemos dejar de destacar que en la Argentina el negocio de venta de pesticidas mueve alredor de 3.000 millones de dólares al año y sin lugar a dudas este tipo de medidas judiciales es un incentivo para la continuidad de este espurio negocio”.
