El jueves 16, los 24 jefes de estados provinciales salieron de la Casa Rosada con el Pacto Fiscal firmado y la convicción de que habían ganado esa discusión por la suba jubilatoria.
"Logramos que el texto diga que es inflación más algo, pero no sabemos cuánto más todavía", explicaba el gobernador de San Juan, Sergio Uñac.
El texto del acuerdo menciona, en su punto "j", el compromiso de impulsar inmediatamente, dadas las reformas propuestas en el régimen tributario y en la distribución de recursos públicos, la modificación de la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público para que ellas se ajusten trimestralmente, garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación".
En la madrugada del viernes se enteraron que finalmente la fórmula propuesta y el proyecto establece que las prestaciones ajustan trimestralmente por inflación y, una vez al año, se le agrega el 5% del crecimiento de la economía.
Esa movilidad de 5%, el proyecto enviado al Congreso establece que "será incrementada en el mes de junio de cada año".
"Sabíamos que iba a ser poco, nunca nos imaginamos que tan poco", explicó a El Cronista un ministro de Economía provincial que participó activamente del acuerdo.
Teniendo en cuenta que el Presupuesto 2018 prevé un crecimiento de 3,5%, el 5% sería 0,17%. Es decir, en una jubilación de $ 10.000 se le sumarían 17 pesos más el ajuste por inflación que en la ley de leyes 2018 establece un promedio de 15,7%. "No había una fórmula establecida en el texto que se firmó, por lo que creo que ahora será el turno de discutirla en el Congreso", explicó otro ministro de hacienda provincial.
Una recorrida por varias provincias mostró que los gobernadores entienden que la discusión entre ellos y la Casa Rosada está cerrada y que ahora todo se definirá en el Congreso.
"Serán los legisladores ahora porque las conversaciones por este tema con el Gobierno ya se cerraron. No creo que se puede repetir la circunstancia de la semana pasa pasada en donde habíamos logrado ponernos de acuerdo, explicó el gobernador de una provincia en off the record.
En la misma línea respondieron otros dos gobernadores, al señalar que no cambia nada lo firmado y que ahora lo tienen que discutir los legisladores.
Los jefe de estados no sólo entienden que, con los fondos repartidos, el escenario ya no es el mismo para encontrar una posición de fuerza conjunta; sino que creen que los legisladores deben enfrentar la discusión y asumir el costo político.
En el Gobierno señalan que la discusión con las provincias ya está saldada. Y adelantan que el margen para modificar la fórmula es mínimo.
Nosotros acordamos que esté por arriba de la inflación, y es así, explicó una fuente de Balcarce 50. No hay mucho margen, esto es la sábana corta. Si no queremos pasarnos del 3,2% del PBI de déficit, no la podemos cambiar. Sino, habrá que sacar otro gasto.
El proyecto que envió el Ejecutivo el viernes a última consta de 10 artículos en donde, además de modificar la ecuación matemática de actualización de los haberes señala que, de aprobarse, la nueva movilidad se hará efectiva a partir del 1´ de marzo de 2018.
Además, en el Capítulo Haberes Mínimos Garantizados, propone incorporar un artículo (125´ bis) en donde establece el 82% móvil del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil que para aquellos que acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos. Es decir, deja afuera de esto a los de las moratorias.
Los últimos dos puntos establecen la extensión optativa de de la edad jubilatoria de los 65 a los 70 años y señala que esto no es aplicable para los trabajadores del sector público.
