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Pasan las semanas y nada. Nada de nada. Los informes de CARU surgidos del plan de vigilancia de las playas del río Uruguay siguen resguardados en las oficinas, ocultos a las comunidades que hoy por hoy desconocen si las aguas en las que se sumergen contienen valores tolerables o quizá desmedidos de coliformes fecales, escherichia coli, enterococos y cianobacterias.

El conflicto por el Digesto del Río Uruguay entre ambas Delegaciones se prolonga. Recién la semana que viene volverían a verse las caras en un plenario. Mientras tanto, y como una derivación de esas discrepancias que fracturan a la CARU, desde octubre no se publican los resultados de los monitoreos.

El “coctel” de calores extremos, sequía y escasísimos caudales acrecienta el riesgo de que se resienta la calidad de las aguas del río y del lago de Salto Grande. A simple vista, hay zonas de la Península Soler, sobre el Perilago, donde predomina el color verde, lo que evidencia la presencia de algas.

Pero nada dice al respecto la CARU, enfrascada en una discusión técnica relacionada con los parámetros del Digesto, que hoy por hoy hace añicos el derechos de los ciudadanos de ambas orillas a estar informados, a saber qué pasa con las aguas del curso compartido.

Vale dejar en claro que los análisis se continúan haciendo. Es decir, se obtienen las muestras y se las analizan en laboratorio. Por ende, CARU dispone de los resultados. Lo que no hace es publicarlos. Quedó en la historia aquel “semáforo” que de manera sencilla advertía al bañista qué playas eran seguras, cuáles entrañaban algún riesgo y cuáles directamente no debían ser usadas.

Tal como lo informara El Entre Ríos, ante la falta de explicaciones oficiales, trascendió que los informes habrían dejado de publicarse como una derivación del conflicto que enfrenta a ambas delegaciones por el denominado Digesto del Río Uruguay, el documento que establece los parámetros de calidad del agua. Cuando finalizaba la gestión presidencial de Cambiemos, en el año 2019, las dos delegaciones de entonces aprobaron un nuevo digesto, que la actual representación argentina no acepta como válido, basando su postura en el denominado “principio de no regresión ambiental”.

Según dicho principio, no debe tolerarse retroceso alguno en los estándares de protección ambiental. Es decir, no hay margen posible para revisiones normativas que estipulen indicadores menos exigentes que los ya consagrados en las normas. Y, según la Delegación Argentina, el nuevo digesto es “regresivo”, mirada que, obviamente, no es compartida por su par uruguaya.

La “pelea” lleva ya tiempo, pero recién afectó la publicidad de los informes cuando Uruguay, a fin de octubre de 2021, consideró que había llegado el momento de divulgarlos en base a los parámetros del nuevo digesto. Argentina se opuso, y desde entonces, se han reunido en sucesivos plenarios, sin conseguir ponerse de acuerdo.

“En teoría la semana que viene sería el plenario”. Tal fue la única respuesta en “off” que obtuvo El Entre Ríos, cuando quiso saber la fecha en que volverán reunirse para procurar superar esta fractura que conlleva el ocultamiento de datos sensibles para la salud de las comunidades ribereñas.

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En la web de CARU el último informe accesible es de octubre de 2021 Agrandar imagen
En la web de CARU el último informe accesible es de octubre de 2021
Fuente: El Entre Ríos

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