El listado de nombres, entre los que está la de la exintendente de Paraná, es encabezado por dirigentes de América Latina que han denunciado al “lawfare” como Luis Inácio Lula Da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Dilma Rousseff y Fernando Lugo, entre otros.
Además, firman, entre otros, el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, y los dirigentes de la CTA, Sonia Alesso y Hugo Yasky.
La solicitada, que este domingo publicó diario “Página/12”, se difunde ante los pasos que ha dado la Justicia que podrían llevar a Boudou nuevamente a prisión. Pero además, luego de que el presidente Alberto Fernández cerrara la puerta a la posibilidad de firmar el indulto por entender a este instrumento como una rémora de la monarquía.
El texto completo, a continuación:
“La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones. Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población. Es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente. Medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del poder judicial han generado una estrategia común que envenena la atmósfera política”, denuncia el texto.
Se enmarca en este contexto la situación de Amado Boudou: “Objeto de un sistemático ataque de los medios de comunicación concentrados hasta convertirlo en un equivalente absoluto de la corrupción estatal, condenado a prisión en un juicio cuyas anormalidades tuvieron estado público por boca de sus mismos gestores (por televisión, el testigo clave en el juicio reconoció haber recibido dinero por su testimonio en calidad de “arrepentido”) Boudou es hoy prisionero en su domicilio por decisión del poder judicial. El máximo tribunal nacional desechó tratar la apelación de su condena manifiestamente nula porque era una cuestión “insustancial, carente de trascendencia” y a partir de esa decisión bochornosa se ha abierto un operativo para enviarlo nuevamente a la prisión. Un puñado de medios de comunicación son los que organizan una persecución política y moral contra quien fuera vicepresidente durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Está muy claro que se trata de una venganza por las decisiones en las que participó, y particularmente por la recuperación para los trabajadores de los fondos de pensión que habían sido enajenados a favor de grandes consorcios financieros”, se interpreta en la solicitada.
Para los firmantes, esta situación supone “un profundo deterioro de la política, de las creencias sociales y del lenguaje general de una sociedad”. “Es una verdadera emergencia político-judicial que pone en riesgo la convivencia entre los argentinos y argentinas por afectar las bases democráticas de la constitución social al poner en marcha una interpretación de las leyes con un sentido faccioso y antirrepublicano. No es un problema excluyente de un sector de la población directamente involucrado en la práctica política; por el contrario, involucra a todos y todas quienes habitamos el país”, se advierte en el texto que envía un mensaje a la Rosada: “Solamente a través de la recuperación plena de la legalidad y el fin de las presiones extralegales profusamente puestas en práctica por el gobierno de Macri, es cómo puede recuperarse en plenitud la vigencia del estado de derecho”.
“Lo que ahora está ocurriendo con Amado Boudou, es la forma final lograda por una agresiva y virulenta coalición formada por todo tipo de especialistas en la descalificación y destrucción de las experiencias democráticas y populares de Gobierno. Es lo que en la región conocemos como la “guerra judicial”, que hoy es el arma principal de desestabilización de la democracia. La persona de Boudou fue elegida para descargar un castigo ejemplar contra quienes se atreven a enfrentar los injustos privilegios de los que disfruta una facción local históricamente privilegiada, en sociedad con grandes corporaciones locales y extranjeras”, se añade.
Se afirma que la resistencia contra esta situación “es un compromiso de honor de quienes queremos una Argentina democrática, libre y justa, con leyes legítimas e interpretadas con absoluta autonomía respecto de los poderes fácticos ligados al privilegio y la injusticia” concluye la solicitada que insta a una Argentina en la que “rija en plenitud la justicia y se representen los derechos humanos”.
