Como resultado, las personas van de paseo a las farmacias: ante los importes huyen despavoridas, o bien, compran la mitad de los remedios que necesitan y visitan otras en busca de mejores posibilidades.
Los empleados, por su parte, actualizan los importes casi semanalmente, razón por la cual se multiplican los problemas: el cliente lleva un producto que en la góndola tiene un valor y cuando pasa por la caja adquiere uno superior. A este cóctel se suma un condimento contundente: las prepagas incrementarán sus cuotas de enero, febrero y marzo, con subas que en total podrían llegar al 80-85 por ciento. De aquí que muchas personas saquen cuentas y proyecten cuánto tiempo más sostendrán el pago de la medicina privada. Las prestadoras también desempolvan sus calculadoras y estiman una fuga de hasta 500 mil afiliados.
“Hay que aclarar que los medicamentos no tenían los precios retenidos, de hecho, hasta el 1° de noviembre seguían el ritmo de la inflación. Desde el 1° de enero al 31 de octubre de 2023 su precio incrementó a un 123 por ciento y la inflación, hasta ese momento, era de 120. En los meses posteriores, es decir, durante noviembre y diciembre todo cambió: con los últimos aumentos van en sintonía al 300 por ciento acumulado durante el año y la inflación anual fue de un 170 estimado, con lo cual terminaron duplicando a la inflación”, dice Rubén Sajem, director de Ceprofar.
Y continúa con la descripción del fenómeno que se experimenta en muchas de las farmacias del país: “Junto a los colegas tratamos de recomendar marcas alternativas, conversamos con la gente, buscamos que no abandonen los tratamientos, pero a veces se hace muy difícil. Muchos vienen, consultan precios, doblan su receta, la guardan y se van. No sabemos si van a comprar a otro lado, o si nunca lo harán”. Decir que “la salud no tiene precio”, a esta altura, puede representar un anhelo romántico, pero no hace justicia a lo que en verdad sucede todos los días en las farmacias del país, publicó el diario Página/12.
No saber cuánto saldrán los medicamentos, no tener idea de si se podrá continuar un tratamiento necesario para una enfermedad crónica, desconocer el comportamiento a futuro de las prepagas alimenta un escenario de incertidumbre.
La regulación de precios, a través de acuerdos entre el gobierno anterior y los laboratorios, finalizó el 31 de octubre; por lo que hasta ese momento, los importes acompañaban en términos generales a la inflación. Sin embargo, al finalizar los acuerdos, desde comienzos de noviembre comenzaron a verificarse aumentos. “Estimamos que, si solo tenemos en cuenta los últimos dos meses, aumentaron un 140 por ciento. Quizás en porcentajes no se entienda muy bien, pero la gente lo tiene muy en claro cada vez que viene a las farmacias y se va”, apunta Sajem.
Después continúa su explicación con el problema específico que la falta de acceso a medicamentos puede ocasionar en pacientes con afecciones crónicas. “En los remedios de venta libre vemos que la gente se retrae y elige no comprarlos. En relación a los medicamentos recetados, un tratamiento antihipertensivo ya está en los 70 o 100 mil pesos al mes. Dejarlo ocasiona efectos en la salud que traen aparejados una mala calidad de vida”. En paralelo, hay que tener en cuenta que incluso desde una perspectiva mercantil el negocio no cierra. Para el sistema, es mucho más caro atender a un paciente en una terapia intensiva que ofrecerle un tratamiento antes de que llegue a una situación crítica.
En un comunicado reciente, la obra social de la provincia de Buenos Aires (IOMA) comparte lo siguiente: “La liberalización de los precios y la no intervención del Gobierno nacional para su regulación, sumada a la brutal devaluación del 118 por ciento, ha llevado a la situación de que las afiliadas y afiliados de la obra social que contaban con cobertura del 100% en sus tratamientos de medicamentos ambulatorios o crónicos hoy, tengan que pagar sumas que en noviembre eran impensables. En el caso de los medicamentos, como es de público conocimiento, durante los últimos meses los costos registraron subas extraordinarias muy por encima del promedio de los incrementos de precios de la economía; como ejemplo puede decirse que en los primeros 15 días de diciembre 2023 el valor de dispensa de los medicamentos se incrementó un 37%. Así, el aumento acumulado en el año es de 311% mientras que la inflación en el mismo periodo acumulada a noviembre según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) es de 148%”, consignó el diario Página/12.
En la línea del comunicado de IOMA, Fabián Puratrich, exsubsecretario de integración de sistemas de salud de la cartera sanitaria que lideraba Carla Vizzotti, pone la lupa sobre los laboratorios. “El aumento de medicamentos terminó superando a la inflación ampliamente. Pero lo hizo sin justificación alguna, basta con ver los balances anuales de cualquier laboratorio. Nadie tuvo pérdidas ni mucho menos”. Y sigue con su explicación: “Son tan caros que se vuelven inaccesibles y, como es natural, todo recae en el sistema público. Quien va a una farmacia y no puede acceder al medicamento, luego busca el hospital público a ver cómo lo puede conseguir”.
Desde el punto de vista de Puratrich, a menos de un mes de la asunción, el presidente busca retirar al Estado también en este rubro. Dos muestras al respecto: por un lado, la prórroga del presupuesto de 2023 para 2024 que, inflación mediante, no alcanzará a cubrir todas las necesidades; por otro, la eliminación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, encargada de promover la producción pública de medicamentos en las diferentes provincias.
A la farmacia… sólo a preguntar…
Mario vive en provincia de Buenos Aires y va habitualmente a una farmacia de Avellaneda. Desde hace años afronta un problema de salud crónico que debe tratar con tres medicamentos. Ante los aumentos sin techo, desconocer cómo hará para pagarlos. Ese es un problema crucial, motivo de charla excluyente en su familia desde hace días. “Llamo a una farmacia, voy a otra. Me acerco a una que conozco desde hace mucho, pero no me dan respuestas. Los empleados tampoco tienen la culpa. Verdaderamente es muy difícil saber qué conviene cuando el panorama de precios cambia todos los días. Llegará un momento en que no los pueda pagar más, y lamentablemente no falta mucho”, relata.Mario aún puede comprarlos; sin embargo, hay otros pacientes que llegan con sus recetas, revisan los precios y se vuelven a sus casas sin nada. Esta preocupación que advierte Mario se traduce en números. “Dentro de los que más aumentaron, un ejemplo palpable es la amoxicilina, el antibiótico más usado. A principios de noviembre estaba 3300 pesos y ahora se consigue a 7800. Dentro de las marcas de ibuprofeno, en jarabes para niños que estaban alrededor de 3 mil pesos, en el presente superan los 5500. En medicamentos para el control del colesterol, cuyo tratamiento mensual estaba alrededor de 15 mil pesos, ahora 30 mil”, enumera Sajem. A este cuadro se pueden mencionar algunos más: los anticonceptivos duplicaron su precio; un digestivo en gotas ya cuesta alrededor de 7 mil pesos; un antiespasmódico para dolores gastrointestinales o unas gotas descongestivas para la nariz, 4 mil; las pomadas de uso habitual para los bebés llegan a 10 mil; y los colirios, 5 mil.
Norma, que va de manera frecuente a una farmacia de Palermo, narra su caso. “Nosotros tenemos que comprar igual los remedios, sobre todo, porque son para enfermedades crónicas. Por ahí, dejo de comprar algo para el resfrío y trato de solucionarlo con un té con miel. Se fue todo al doble o al triple, mucho más caro; aumenta tanto todo que se pierden los parámetros”. El vínculo con los empleados en las farmacias es clave, de hecho, Norma lo manifiesta con un ejemplo: “Hay un remedio para el que tenía la receta y no lo compraba porque todavía me quedaba resto, pero después de conversar con el farmacéutico, me convenció de que lo compre. Me dijo que me convenía llevarlo, aunque no lo necesitara en el momento, porque al día siguiente ya tendría otro precio”.
Además del precio de los medicamentos, también está el incremento en los importes de dos artículos de primera necesidad, cuyos consumos suelen dispararse en esta época del año. La referencia es para los repelentes para mosquitos y los protectores solares. En cuanto a los primeros, son vitales, por ejemplo, para prevenir la picadura de Aedes aegypti (que puede transmitir dengue) o de aedes albofasciatus (responsable de la transmisión de la encefalitis equina). En este caso, para poder utilizarlo hay que desembolsar entre 3 y 8 mil pesos (de acuerdo a su formulación en aerosol o crema). En relación a los protectores, su función esencial es preservar a la piel de los rayos del sol y evitar enfermedades como el cáncer. Los precios son variables (según las marcas, el tamaño del producto y la protección que otorgan) y la mayoría fluctúa entre 6 y 16 mil pesos. Estos cambios que se producen son el producto de una política muy concreta, propiciada por el último DNU.
