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Diaz y más atrás Rodríguez Allende y Barrandeguy.
Diaz y más atrás Rodríguez Allende y Barrandeguy.
Diaz y más atrás Rodríguez Allende y Barrandeguy.
“Si no hay imputación a órganos de control, no podemos decir que la ley fue incumplida. En función, especialmente, de la Contaduría General que actuó con corrección”, definió el defensor Ignacio Díaz, representante legal del exministro Pedro Báez.
Díaz, uno de los abogados del exministro
El abogado retomó de ese modo una de las estrategias más fuertes del equipo de defensores: sostener que si los actos de gobierno fueron aprobados por los órganos de control autónomo de la Constitución Provincial como Fiscalía de Estado; Contaduría General y Tribunal de Cuentas, no pueden ser revisados en ámbitos judiciales.

Díaz comenzó su alegato después de las 9.30 de este jueves. La jornada está dividida en dos tramos, el primero estea mañana y el segundo de tarde, cuando se espera el alegato del abogado José Velázquez, codefensor junto a Díaz, de Báez y también representante legal del empresario Germán Buffa. De modo que los alegatos defensivos de esta jornada girarán sobre lo que se conoce como causa de las imprentas, según adelantaron los abogados.
Ya pasaron las acusaciones
Cabe recordar que la semana pasada, los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, mantuvieron las acusaciones en cada uno de los cinco legajos acumulados. En ese sentido se escucharon fuertes pedidos de pena para el exgobernador Sergio Urribarri; el eexministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; el cuñado del exgobernador Juan Pablo Aguilera; el exministro de Turismo Hugo Marsó; el contador del Gobierno provincial, Gustavo Tórtul; el empleado del Gobierno provincial, Gustavo Tamay; los hermanos Luciana y Alejandro Almada; los empresarios Gerardo Foia Caruso y Germán Buffa; Emiliano Giacopuzzi; Maximiliano Sena; la contadora Corina Cargnel.

Al equipo de defensores, además de Díaz y Velázquez, lo componen los abogados Raúl Barrandeguy; Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende; Miguel Cullen; Juan Méndez y Emilio Fouces. Este último hizo su alegato de cierre ayer por la tarde, cuando expuso su tesis defensiva en el legajo que investigó la instalación de un parador playero en Mar del Plata, en enero de 2015. Fouces intervino puntualmente por los imputados Marsó y Caruso, para quienes pidió la absolución.

El tribunal que conduce el debate desde el 27 de septiembre pasado, está compuesto por los vocales José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón. Los alegatos defensivos podrían extenderse avanzada la primera semana de marzo. Hay que considerar que, habitualmente, la audiencia se lleva adelante los días lunes, martes y jueves. Pero los primeros días de la semana entrante son feriados de carnaval.
"Megajuicio"
En el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, se juzgan cinco causas acumuladas por supuestos delitos de corrupción durante las gestiones del exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri.

En la prensa, el debate se conoce como "megajuicio" y ventila investigaciones por: la contratación de la empresa Global Means para realizar dos publicaciones del Gobierno de Entre Ríos (2011), en la que están imputados Urribarri, Báez y Buffa; el direccionamiento de órdenes de publicidad a empresas adjudicadas al cuñado del exmandatario provincial (2010 a 2015), en la que están imputados Urribarri, Aguilera, Báez, los hermanos Almada, Tamay, Giacopuzzi, Sena y Cargnel; la adjudicación a la empresa de Caruso para la instalación de un parador playero en Mar del Plata con dinero público y el objetivo velado de promocionar la precandidatura a presidente de Urribarri, en la que están imputados Urribarri, Aguilera, Marsó, Caruso y Cargnel; la difusión de cuatro spots publicitarios con dinero de la Cumbre del Mercosur que también tuvieron, según la acusación de Fiscalía, el objetivo de promover la figura de Urribarri, en la que están imputados Urribarri, Báez y Tórtul; y la publicación con dinero del Estado de una solicitada contra los fondos buitres -firmada por el exgobernador- que, según el Ministerio Público Fiscal, fue el puntapié de la precandidatura a presidente, en la que están imputados Urribarri y Báez
Fuente: Análisis Digital.

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