El texto al que accedió ElEntreRíos carece de número y de fecha, pero cuenta en sus tres folios con la referencia al trámite administrativo que desató el conflicto con el Tribunal de Cuentas. Y consta además de un dictamen de 67 fojas elaborado por la Secretaría Legal y Técnica que terminó publicándose en el Boletín Oficial.
El artículo que hubiera agudizado el conflicto con el organismo de control externo finalmente fue alterado. La modificación se concretó el 18 de abril pasado, cuando la ministra Laura Stratta y el gobernador Gustavo Bordet firmaron el decreto 820/17 MDS, publicado el jueves de la semana anterior en el Boletín Oficial. De esa forma se convalidó la compra de 30.000 kilos de tela polar destinados a la confección de frazadas y prendas de abrigo que se distribuirán a través del Programa Cobijar. La norma finalmente promulgada dice textualmente en su artículo cuarto: "Dispónese no aplicar las disposiciones de la Acordada Nº 284/16 del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, conforme los fundamentos expresados en el dictamen que integra el instrumento legal". Una modificación con la que se buscó restarle trascendencia al tema, ya que limitó su aplicación a ese expediente.
A través del Dictamen Nº 012/17, del 11 de abril último, el titular de la Secretaría Legal y Técnica, José Gervasio Laporte, sugirió dejar sin efecto el decreto 2.789/16, propuso que se diera continuidad a la Licitación Pública Nº 03/16 y aconsejó abonar al adjudicatario –Compañía Comercial Mayorista- la suma adeudada: 6.996.000 pesos.
El decreto no sólo sirvió para desestimar el recurso de revocatoria que formuló la empresa Ramarcon, otra de las oferentes que se presentó a la licitación. También garantizó la provisión de la mercadería necesaria para la confección de las prendas y frazadas que deben entregar las cooperativas de trabajo con las que el Ministerio de Desarrollo Social tiene convenios.
En el colofón de su dictamen Laporte recomendó "la no aplicación de la acordada en toda la administración central, organismos descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del Estado". Una sugerencia que finalmente no se plasmó en el articulado del decreto 820/17 MDS pero que se incluyó como parte del anexo documental publicado en el Boletín Oficial. La idea fue clara: expresar que la acordada era inconstitucional y que el Tribunal de Cuentas, al intervenir desde el inicio de toda compra de alta significación económica, estaba avasallando atribuciones propias de la Contaduría General y de la Secretaría Legal y Técnica.
Por eso en el decreto 820/17 MDS se aludió a las instrucciones impartidas a los ministros de Economía (Hugo Ballay) y de Gobierno (Mauro Urribarri) "para que en el más breve lapso de tiempo posible" remitan a la Legislatura "un proyecto de ley que contemple y precise cuándo una contratación del Estado cae (SIC) dentro del concepto de alta significación económica, como también atribuyendo sus respectivas competencias a cada uno de los órganos de control".
Sin embargo el Ejecutivo todavía no dio ese paso.
