En un principio, los imputados eran tres: Luis Mazurier, expresidente de la Codesal, Alberto Jesús Villanueva y Cintia Mengeon. Pero el número se elevó ahora a 5, al sumarse dos profesionales, una de ellas actual funcionaria, integrante del equipo de gestión de José Carlos Ostrosky, sucesor de Mazurier al frente del organismo provincial.
En efecto, entre las nuevas imputadas figura la Contadora Teresita Jesús Itatí Bordón, a quien el gobernador Gustavo Bordet nombrara Coordinadora Técnica de la Codesal, mediante decreto 406 del 11 de Marzo de 2016.
Según lo investigado por la Justicia, dicho incumplimiento allanó el camino para que Mazurier pudiera perpetrar las maniobras que se le atribuyen: la apropiación de los fondos recaudados por la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande y del Hotel Ayuí.
"Los registros contables del organismo deberían permitir reconstruir su historia; precisar, en un período determinado, qué erogaciones afrontaba, qué ingresos tenía, con qué depósitos contaba. Pero no hay nada", explicó a ElEntreRíos el Fiscal José Arias, quien quedó a cargo de la investigación del caso, en reemplazo de Lafourcade.
Ingresos sin acreditar
Años atrás, una auditoría del Tribunal de Cuentas había constatado la misma irregularidad: que la gestión Mazurier no registraba los ingresos de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande.
La abogada del Tribunal de Cuentas, Mariela Gamarra, firmó un informe en el que hacía constar: "En ocasión de una auditoría por parte de este organismo a la ciudad de Concordia, se pudo constatar que la CODESAL posee ingresos propios que no acredita al rendir, como así tampoco la documental correspondiente". Para que no quedaran dudas, la doctora Gamarra agregaba: "esta auditoría considera que existirían ingresos por explotación de los predios por parte de la CODESAL, los que no se reflejan en los balances de las rendiciones bimestrales".
Los 4 hechos
En la causa hay 4 hechos en juego. En todos ellos, el Fiscal identifica como el autor a Luis Mazurier, mientras que en uno de ellos entiende que colaboraron, como partícipes necesarios, Cintia del Rosario Mengeon y Alberto Jesús Villanueva. En primer lugar, Luis Mazurier es acusado de haberse apoderado del dinero cobrado en la Tortuga Alegre, desde el 1 de marzo 2005 y hasta el 18 de febrero de 2016.
El fiscal Lafourcade reunió pruebas según la cuales durante 11 años, toda vez que un vecino o un turista pagó por ingresar con su vehículo al bello camping ubicado aguas abajo de la Represa de Salto Grande, o abonó por una embarcación, o por instalar una carpa, o tal vez alquilar una cabaña y el servicio de DirecTV, ni un sólo peso quedó registrado, ni en la propia CODESAL, responsable del lugar, ni en el Tribunal de Cuentas adonde debía rendírselos, ni en el Ministerio de Gobierno de Entre Ríos, ni en ninguna otra dependencia del Estado provincial.
Los testimonios reunidos tanto por el Fiscal Lafourcade como, en su momento, por auditores del Tribunal de Cuentas, coinciden en precisar que la recaudación diaria era entregada a Luis Mazurier.
Por este primer hecho, la Fiscalía le atribuye a Mazurier estos delitos: "Peculado" y "Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
Fiscalía entiende que la maniobra perpetrada en este primer hecho fue replicada en el segundo, pero esta vez en el Complejo Termal Perilago de Salto Grande, que engloba a las termas de Ayuí y de Punta Viracho. El expresidente de la CODESAL, con rango de ministro, y a su vez Director del Diario El Sol de Concordia, es acusado por haberse apoderado del dinero que se cobraba por canon de ingreso de personas y por cualquier otro concepto, entre los años 2010 y febrero de 2016.
Las empleadas que trabajaron en esos lugares relataron que cobraban las entradas y que la plata era llevada al diario El Sol, donde era entregada a la secretaria, a Alberto Jesús Villanueva o a Luis Mazurier. De allí en más, se pierde todo rastro administrativo contable del camino seguido por el dinero.
En el tercer hecho, la Fiscalía no tiene dudas que de manera premeditada y con el claro propósito de facilitar la apropiación de los fondos que ingresaban en el organismo estatal bajo su responsabilidad, Luis Mazurier "incumplió con la obligación de inscribir en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la Corporación del Desarrollo de Salto Grande (CO.DE.SAL)".
Lafourcade tomó testimonio a una empleada que intentó, en el año 2015, gestar alguna clase de contabilidad de la CODESAL y, siguiendo instrucciones del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Provincia, procedió a inscribir al organismo en AFIP. Pero, cuenta la mujer, cuando quiso avanzar, hacer talonarios de facturas y solicitar los controladores fiscales, debía también inscribir a la CODESAL en ATER. Es en ese momento en que Mazurier le pregunta, en tono de reproche, quién le había ordenado que inscribiera a la Codesal, que él no había autorizado tal cosa.
Fue esa misma empleada quien, coincidiendo con varios testimonios más, explicó que ella desempeñaba sus tareas para la CODESAL en el diario El Sol, "en las oficinas de Concejal Veiga 777, ya que en ese lugar se llevaba la contabilidad, más allá de que en la sede de CAFESG de San Juan y Cadario hay una oficina asignada a la Codesal, pero no va nadie. La administración de la Codesal estaba en el diario El Sol".
Por último, en el cuarto hecho investigado, Luis Mazurier; Cintia del Rosario Mengeon y Alberto Jesús Villanueva, exencargado de las cantinas del lago, son acusados por el Fiscal Lafourcade por haberse apropiado indebidamente del hotel Ayuí.
El Fiscal le atribuye a Mazurier el carácter de autor de la maniobra y las otras dos personas el papel de partícipes necesarios.
La Fiscalía entiende que Luis Mazurier omitió "deliberadamente asumir desde la CODESAL la administración del HOTEL AYUÍ, conforme se estableciera en el convenio celebrado entre la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos", y se aprovechó de tal circunstancia, abusando de su función, para apoderarse "ilegítimamente de todos los montos percibidos fruto del alquiler de las habitaciones de dicho hotel, conducta que llevó adelante por intermedio de Cintia del Rosario Mengeon, quien gerenciaba el hotel, y Alberto Jesús Villanueva, quien oficiaba de presta nombre".
