El fiscal González escribió en el expediente que, “teniendo en cuenta las características de la denuncia relacionada con el evento del 14/7/20 (...) y a los fines de garantizar debidamente sus derechos de defensa, es que considero que en este estadio del proceso corresponde: formalizar la investigación descripta en los dictámenes aludidos contra el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández”.
El texto continúa con la lista de todos los investigados que participaron de los festejos: Fabiola Yañez, Carolina Marafioti, Severina Sofía Elizabeth Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Fernando Daniel Consagra, Rocío Fernández Peruilh, Federico Abraham y Stefanía Domínguez.
“En consecuencia, notifíqueselos en los términos de los art. 72, 73, 279 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación”, señala el fiscal, que en la práctica implica notificarlos que quedan imputados, informarles sus derechos en esa calidad y la posibilidad que tienen de declarar.
La presentación del presidente
Media hora antes de esta decisión del fiscal, la Casa Rosada había informado oficialmente que el presidente Alberto Fernández se había presentado en el expediente y ofrecido pagar la mitad de su sueldo durante cuatro meses para reparar el daño y conciliar.El escrito del Presidente está firmado por él mismo como abogado, y la presentación la efectuó “por derecho propio”, prescindiendo de la representación de Gregorio Dalbón, quien durante las últimas jornadas se había expresado ante los periodistas como el abogado del mandatario en esta causa.
Ante la presentación de Alberto Fernández, el fiscal Ramiro González solo dijo “téngase presente”.
En el expediente ya se presentaron todos los invitados a la fiesta con sus abogados. Se sumaron a la lista de letrados Fernando Andrés Burlando y Fabián Amendola, Mariano Lizardo; Juan Pablo Fioribello y Pablo Slonimsqui; Jorge Luis Ballestero, Alejandro Rúa, Mauricio D’Alessandro y Marcos D’Alessandro.
Reparar el daño
Ahora el fiscal González debe analizar si admite esta propuesta del Presidente para acogerse a lo establecido en el artículo 59 inciso 6 del Código penal, que permite que se extinga la acción penal a cambio de reparar el daño.Hay antecedentes de que otros casos en los que se violó la cuarentena se resolvieron de este modo, con los acusados pagando una suma de dinero y reparando el daño. La conciliación no implica admitir responsabilidad ni siquiera el hecho delictivo: solo acordar la extinción de la acción penal en un acuerdo entre partes. Como si se tratara de una probation.
Ahora bien, en el caso de los funcionarios públicos esto puede ser problemático. De hecho, la probation no está permitida para los funcionarios públicos y hay antecedentes de conciliación intentados por funcionarios públicos en casos de fraude al Estado, que no prosperaron.
¿Conflicto de competencia?
En paralelo, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, analiza dos denuncias sobre los mismos hechos y estudia si le pide la causa a su colega porteño. El fiscal de San Isidro que está a cargo de esas causas ya expresó su opinión de que el caso debe continuar en Comodoro Py 2002.Si la jueza plantea un conflicto de competencia, puede complicarse la estrategia de Alberto Fernández de conciliar lo antes posible y cerrar la causa en menos de 15 días -antes de las PASO- y sin pisar los tribunales de Comodoro Py 2002.
