Por Silvina Premat (*)
Vacunatorios vip, robo de dinero del pueblo y mentiras sobre un candidato, por ejemplo, no son hechos que ocurren sólo en la capital del país y acerca de los cuales se informa a medias o mal.
En la provincia de Entre Ríos se aplicó la vacuna contra el Covid-19 a algunos funcionarios y sus entornos bastante antes que a todos los médicos y enfermeros u otros coterráneos considerados “esenciales” por brindar servicios vitales a la sociedad. El gobernador admitió el hecho en Paraná argumentando que se trató de personal estratégico.
La estrategia política superó a la esencia y los medios locales en su mayoría no confrontaron la información oficial con las leyes vigentes ni siguieron la investigación periodística que la noticia hubiese requerido. Tampoco se hizo el seguimiento adecuado de una denuncia penal presentada ante la justicia por un diputado nacional y un concejal de Gualeguaychú, por el presunto vacunatorio vip que también habría existido en ese municipio. Conclusión: acá no pasó nada.
La “causa contratos”, como es conocida la investigación de lo que por lo verificado hasta ahora parece ser el caso de corrupción más grande en la historia de Entre Ríos, es otro ejemplo de lograda desinformación. El expediente acumula medio millar de páginas y otras tantas pruebas que comprometen a ex funcionarios de la legislatura provincial en diferentes instancias de un supuesto defalco a las arcas públicas de Entre Ríos de más de cinco mil millones de pesos. Un grupo de hombres y mujeres, tanto del oficialismo como de la oposición, se habrían enriquecido ellos mismos y habrían financiado actividades políticas con dinero de todos los entrerrianos.
A cada novedad en la causa le sucedieron hasta ahora artículos que muy rara vez explican de qué se trata. El árbol parece tapar el bosque en textos periodísticos que dejan de lado reglas básicas como la contextualización, la claridad y la precisión. Medias verdades y marañas de tecnicismos refuerzan argumentos que parecen querer despegar de un defalco millonario a ciertos nombres y dilatar la cuestión. Conclusión: no se resuelve nada.
Otro caso. Hace poco menos de un año, en plena campaña por el recambio de la conducción de Juntos por el Cambio de la provincia se acusó a uno de los candidatos de haber usado dinero del Estado para un viaje familiar cuando unos años antes condujo un organismo internacional.
La denuncia, lanzada desde algunos medios, se fundamentaba en rumores, no consultaba al afectado y mezclaba hechos ocurridos con otros inexistentes. No hubo investigación ni denuncia ante la justicia. Sólo se difundieron las acusaciones como se sueltan las plumas de un ave. El candidato cuestionado explicó que el viaje fue una misión comercial, que lo acompañó su esposa cuyo pasaje y gastos pagaron de su bolsillo, y que no habían visitado los países que se mencionaban. Pero muy pocos quisieron escucharlo. Conclusión: el nombre del candidato quedó manchado.
Estos son sólo tres casos, pero la lista podría seguir. Es que Entre Ríos no es ajena a esa pandemia que afecta al periodismo y a la circulación de información a través de las redes sociales y de mensajería en todo el mundo.
Los políticos, víctimas y victimarios
En la Argentina los usuarios digitales consideran que las informaciones falsas, imprecisas o engañosas predominan en la política y que son también políticos sus mentores. El 75% de los 1508 usuarios digitales que respondieron a la encuesta “¿Qué sabemos sobre desinformación”, realizada en 2019 por Fopea y Thompson Medica y cofinanciada por la Unión Europea, señaló a los políticos como los principales responsables de la noticias falsas y, en segundo lugar, a los activistas o periodistas.En cuanto a la transparencia de los actos de Gobierno hay quienes con razón ven el mayor obstáculo en la falta de la sanción en Entre Ríos de la ley de acceso a la información pública, derecho incluido en la Constitución.
Desde Paraná y con una rica trayectoria como periodista de investigación, Daniel Enz, considera que en las prácticas desinformativas “algo tienen que ver los manejos que se pueden hacer desde el poder (político, judicial o empresarial), pero en especial hay una marcada decisión de los empresarios de medios de Entre Ríos, quienes no dudan en subordinarse al poder pertinente y mirar para otro lado en determinadas informaciones, sobre todo cuando afectan a algún integrante de esos sectores; tengan o no publicidad oficial que los pueda comprometer. Porque, justamente, ese silencio, en tal o cual tema vinculado al poder, la mayoría de las veces le sirve para negociar pautas. Es decir que ese silencio, luego se transforma en una pauta publicitaria”.
Enz, director de Análisis, agrega que “no pocas veces ha pasado que un medio periodístico publiquealgo que involucra a alguien del poder y que esa información desaparezca de la web a los diez minutos luego de que el protagonista de esa noticia o un allegado llame y adviertasobre la situación. No la cambian o ponen en una ubicación de menor importancia en la grilla: directamente la desaparecen de las noticias sin ningún tipo de explicación para con el lector”.
Otra práctica identificada por Enz es que a menudo no se respeta el “viejo código” que indicaba que en el mismo medio donde se publica una información crítica debe otorgarse el derecho a réplica. “En la mayoría de los casos, si una persona se siente afectada por una noticia, envía una réplica pública a otros medios amigos. De esa manera aparecen respuestas a noticias que probablemente no hayan sido publicadas en ese medio. Y ni siquiera existe alguna aclaración sobre qué se está hablando y por qué esa réplica”.
Osvaldo Bodean, de El Entre Ríos y de la radio Oíd Mortales, desde Concordia, juzga que “la desinformación campea a sus anchas no sólo porque a muchos les sirve como instrumento de poder sino porque encuentra terreno fértil en una mentalidad a la que le importa cada vez menos el hecho y cada vez más la interpretación que mejor encaje con sus gustos, intereses, ideología. Remover esa raíz profunda, ese rechazo de lo real, es misión de la educación antes que del periodismo, aunque este último tiene el deber ineludible y esencial –porque es su tarea- de aportar para la reivindicación de la preeminencia de los datos duros, los hechos documentados”.
(*) Silvina Premat, oriunda de Concordia, provincia de Entre Ríos, es periodista y socióloga. Estudió en la Escuela Superior de Periodismo, Instituto Grafotécnico y completó su formación en las universidades de Buenos Aires, en la carrera de Sociología, y Torcuato Di Tella en la que obtuvo el máster en periodismo que dicta esa casa de estudios en conjunto con el diario La Nación. Se ha desempeñado como periodista en revistas, diarios y agencias de noticias de alcance internacional, nacional y provincial. Es integrante de FOPEA
